Recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, el “derecho a una vivienda digna y adecuada” se ha convertido en los últimos tiempos en una demanda salpicada de polémica y vacía de contenido para las administraciones públicas. Sometidas a la dictadura que en la actualidad ejercen las entidades bancarias, no han velado por el cumplimiento de la normativa.
Las leyes dejan claro que son los poderes públicos quienes deben “promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. En la práctica, y aunque no es una situación nueva, la crisis económica ha devuelto a las primeras páginas de los periódicos el controvertido y dramático tema de los desahucios, el último eslabón de una compleja cadena que siempre se rompe por el lado más débil, el del ciudadano de a pie.
Y es que, acuciados por el desempleo, los recortes, la falta de ayudas y respuestas administrativas, durante el pasado año 2012 fueron miles las personas que perdieron sus hogares por no poder hacer frente a los pagos de sus hipotecas. Estas, lacradas en la mayor parte de los casos por unas condiciones leoninas, estaban concebidas para tiempos pretéritos, aquellos en los que el ladrillo dominaba España y en los bancos había barra libre para los créditos.
Ahora, pese a los esfuerzos del Banco Central Europeo por contener el déficit y la inflación, ni siquiera la bajada del euríbor (el índice al que están referenciados casi todos los préstamos hipotecarios en nuestro país) permite a muchos españoles seguir pagando una vivienda que se ha convertido en un lujo al alcance de muy pocos bolsillos. Así, el drama de los desahucios, además de una docena de vidas desesperadas, se ha llevado por delante un derecho universal que incluso se puede exigir jurídicamente y ante los tribunales pertinentes, porque está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por eso, la reacción ciudadana no se hizo esperar. Primero fueron las plataformas antidesahucios, a las que siguieron valientes acciones políticas como las llevadas a cabo por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que en noviembre decidió que el Consistorio dejará de realizar operaciones con todas las entidades que no respondiesen a los requerimientos municipales y que no cumpliesen con el protocolo contra los denominados lanzamientos, el término con el que se define el acto de desalojar físicamente a los ocupantes de una vivienda o local. La medida adoptada por Bermúdez, que por unos días convirtió al Archipiélago en el epicentro de la batalla contra los desahucios, fue el punto de partida de una redefinición del sistema hipotecario nacional, cuestionado incluso por la Unión Europea. Esta todavía debe pronunciarse sobre si avala o rechaza por injusta la normativa española de ejecución, que podría vulnerar una directiva comunitaria sobre los derechos de los consumidores.
La indefinición judicial sobre los desahucios, no obstante, logró al menos que en los dos últimos meses de 2012 se paralizarán más de un centenar de procedimientos, y que otros muchos se cerrarán merced a la dación en pago de la vivienda o a la puesta en marcha de fórmulas para mitigar la emergencia causada en las familias, a través de los llamados alquileres sociales.
Decreto timorato de Rajoy
En cualquier caso, el drama humano de los desahucios hipotecarios no se detendrá con el decreto que el Gobierno de Rajoy improvisó para tratar de responder al clamor social que despertaron los suicidios de varios desahuciados. Un decreto timorato y obsequioso con la banca, y atrevido e inclemente con la ciudadanía. Queda, eso sí, que el Tribunal de Justicia de la UE haga suya la recomendación de su abogada general y dicte que la regulación de desahucios hipotecarios vulnera el derecho europeo, porque impide al afectado defenderse de las prácticas abusivas de la banca.
El 2013 dirá si la respuesta a los desalojos es o no judicial. Pero lo que todavía hoy sigue quedando claro es que ni el Gobierno ni la oposición han puesto las condiciones para que haya un punto de inflexión en la desdicha que supone para una persona que le arrebaten su techo. Populares y socialistas se sentaron en busca de una solución para las personas más necesitadas, pero fue imposible. El PSOE consideró demasiado restrictivos los requisitos impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuya moratoria de desahucios para los casos más dramáticos deja fuera a la inmensa mayoría de los afectados y eterniza el problema, al no prever suspensión en el pago ni evitar que se sigan generando intereses de demora.
Por eso, y si no lo remedian pronto los poderes fácticos, por toda la Isla continuarán sucediéndose las acampadas, huelgas de hambre y denuncias de aquellos que un día fueron empujados al destierro y condenados a dormir en la calle por no poder mantener aquel hogar que fundaron a base de sacrificio.
