El sector de la comunicación es uno de los más afectados por la destrucción de empleo. Los despidos, recortes salariales y el incremento de la presión sobre los profesionales son una constante. Esto nos debería hacer ver que los profesionales de la comunicación no son unos desclasados, como policías o militares, o una clase privilegiada ajena a las agresiones a las que someten a los trabajadores.
Los profesionales de la comunicación no son unos desclasados ni una clase privilegiada. Todo lo contrario. Los redactores, fotoperiodistas, técnicos o administrativos, entre otros, dentro de cualquier medio de comunicación, son una presa fácil por su docilidad y tendencia a la sumisión. Y tras encajar un recorte injustificado o un proceso de despido colectivo, mandan un mensaje al patrón: “puedes hacer con nosotros lo que quieras, no opondremos resistencia”. Y a nadie se le escapa que Canarias continúa siendo una tierra de caciques, en donde una oligarquía gobierna desde antes incluso de la llegada de la democracia. Las mismas familias que lo hacían entonces, lo hacen ahora, para eso sirvió la transición.
Esta circunstancia ha creado una extensa red de clientelismo de la que no están al margen los medios de comunicación del Archipiélago. Tan solo tenemos que echar un vistazo a los bandazos que cada cierto tiempo dan algunos periódicos o diarios digitales, según la mano que les dé de comer. Para lograr tener en plantilla a unos periodistas impermeables a estos cambios, conviene mantener unas condiciones precarias en sus contratos: siempre será más fácil controlar a un trabajador precario que a otro que mantenga unas condiciones dignas, esto es una máxima que políticos y empresarios la tienen clara.
Esto, unido a las últimas reformas legislativas en materia laboral, ha dejado un panorama desolador en los medios de comunicación. La calidad de la información, el bienestar de los trabajadores o la accesibilidad a un puesto de trabajo son elementos que brillan por su ausencia. En los últimos cinco años todos los periódicos de las Islas han adelgazado sus redacciones, con el fin de mantener intacto su margen de beneficios, aunque para ello hayan tenido que sacrificar la calidad. Canarias7, La Provincia, Diario de Avisos, El Día y La Opinión de Tenerife, todos ellos, han aprovechado este período de crisis para despedir masivamente y recortar salarios y derechos.
Algo similar ha ocurrido en distintas emisoras de radio. Uno de los casos más llamativos es el de Radio El Día, que hace apenas dos años anunció su cierre, despidiendo y liquidando a todos sus trabajadores, para recientemente volver a abrir sus puertas. Eso sí, por supuesto, contratando a autónomos a un precio menor. Y el resto de emisoras del Archipiélago también han puesto en marcha una política de despidos por goteo que tan solo cesa durante algunos meses al año.
Sin embargo, y a pesar de estar demostrada la pésima capacidad gestora de los directores y responsables de dichos medios, siguen siendo invitados a debates y tertulias como si de auténticos creadores de opinión se tratasen, autoconvencidos de que pueden decirle a la ciudadanía lo que pueden y no pueden hacer. En este tipo de casos, el empresario debería ceder la empresa a los trabajadores, ya que nadie mejor que ellos para saber gestionar un medio que conocen a la perfección, en todos sus aspectos. Ellos, al haber fracasado en su gestión, deberían simplemente dedicarse a lo que saben hacer: opinar.
Precisamente la escasa importancia que el empresario le da al criterio del trabajador es una de las causas de la quiebra en la que están sumidos la mayor parte de medios de comunicación en las Islas. Por ello, la UPCC siempre ha abogado por la creación de Consejos de Redacción y de Informativos. Órganos representativos que deben tener una voz autorizada dentro de las redacciones, con el fin de que el criterio de los trabajadores sea tenido en cuenta en el tratamiento de las noticias. Se trata de una fórmula igualmente válida para que el ciudadano distinga la línea editorial de la línea de pensamiento de los empleados, que no tienen por qué coincidir, de hecho, pocas veces lo hace. En Diario de Avisos se logró la creación de este órgano, que con sus etapas de mayor o menor actividad, ha resultado ser una herramienta útil y cohesionadora.
Sin industria audiovisual
La llegada del nuevo director general de Radio Televisión Canaria (RTVC) trajo consigo no solo polémica por el nombramiento de Guillermo García, sino también el inicio del fin de la industria audiovisual del Archipiélago. García ha basado su gestión en destruir las pequeñas productoras que operaban en Canarias y en favorecer a Videoreport Canarias (Servicios Informativos) y Doble Diez, algo que no resulta nada raro si atendemos a las vinculaciones que tiene el director general con estas productoras. No olvidemos que la concesión de los Servicios Informativos a Videoreport Canarias ha sido realizada de forma supuestamente irregular, tal y como reza la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
García se ha empeñado, durante sus años al frente de RTVC, en enaltecer la figura de Paulino Rivero y de Coalición Canaria en dicho medio público, algo que realiza conjuntamente con el director de Informativos, Miguel Ángel Daswani. Lo han hecho sin ruborizarse, a pesar de ser evidente la sumisión absoluta a ese partido, rozando en ocasiones el ridículo, dada la desmesurada adoración en pantalla a Rivero. No es raro ver en dicha cadena como la última actualización del blog del presidente se convierte en una noticia digna de abrir un Informativo.
Durante el mandato de García también ha sido evidente el enriquecimiento desproporcionado que ha experimentado. Tanto él como sus directivos cobran suculentos sueldos, totalmente injustificados, mientras firman expedientes de regulación de empleo para despedir a un puñado de trabajadores que apenas cobran mil euros, alegando motivos de viabilidad económica, algo que insulta a la inteligencia. Su persecución a cualquier cosa que huela a sindicalismo también ha sido una constante. Tanto en RTVC, como en Videoreport Canarias, se ha propiciado la entrada de un sindicato amarillo al servicio de la patronal, cuyo único cometido es boicotear acciones sindicales e informar convenientemente al amo que los ha colocado en dicha posición. También dio su bendición a la contratación por parte de Videoreport de detectives para seguir a la secretaria del Comité de Empresa, delegada de la UPCC, por su trabajo sindical. Al igual que lo dio a los despidos de casi toda la candidatura de este sindicato en los Servicios Informativos de la Televisión Canaria.
La única forma de terminar con la precarización progresiva que sufren los medios de comunicación y con los abusos que mencionados es que los trabajadores tomen una actitud activa en la lucha por defender sus intereses. La conquista de cada vez más parcelas de influencia en las empresas debe ser una meta irrenunciable, ya que de ello depende el futuro no solo de la propia empresa, sino de los trabajadores.
