Las Teresitas, caso Unión, caso Arona, caso Mamotreto, la posible financiación ilegal del Centro Canario Nacionalista… Los juzgados isleños se han llenado en los últimos años de denuncias por tráfico de influencias, cohecho o prevaricaciones administrativas y/o urbanísticas, lo que invita a la ciudadanía a creer que la corrupción se ha colado por las rendijas de la mayoría de las instituciones.
A todas las investigaciones con connotaciones políticas que se siguen en los juzgados canarios se suman escándalos nacionales como los que rodean a Iñaki Urdangarín, al Partido Popular por el caso Bárcenas y al Partido Socialista Obrero Español por el caso ERE. Por gracia o por desgracia de este goteo constante de corruptelas varias y presuntos implicados, la importancia de la independencia judicial para proteger la democracia se ha vuelto más patente. En Canarias, la mayor sacudida vino en 2012 por el sumario del caso Las Teresitas, en el que durante seis años han sido investigados políticos, funcionarios y algunos de los empresarios más influyentes. Son 15 imputados por prevaricación y tráfico de influencias, después de que la magistrada de la sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Carla Bellini, retirara provisionalmente una tercera imputación por cohecho.
El caso Las Teresitas, que algunos medios de comunicación calificaron como “un pelotazo de libro”, gira en torno a la compraventa de los terrenos de la playa y sus aledaños por parte de Inversiones Las Teresitas (creada por los empresarios Ignacio Martín González y Antonio Plasencia), lo que generó beneficios en sólo tres días de unos 120 millones de euros. El caso arrancó en 2005 tras una denuncia del entonces concejal en la oposición, el socialista José Ángel Martín, en nombre del colectivo Ínsula Viable. En 2011, la fiscal anticorrupción daba por concluida la investigación y en 2012 se levantó el secreto del sumario.
Todo ello permitió conocer detalles del pelotazo, como el desvío de capitales a paraísos fiscales, las relaciones de los hijos de Ignacio González Martín (Ignacio y Pedro González Santiago) con el caso, la entrega de un crédito de alto riesgo financiero equivalente a más de 5.000 millones de pesetas a Felipe Manuel de Armas Jerónimo, hombre de confianza de los González con un sueldo de apenas 720 euros, las conexiones con los negocios del Parque Marítimo y la buena suerte de Miguel Zerolo, ex alcalde nacionalista y ahora aforado como senador, que aseguró que había comprado 145 décimos de lotería y todos fueron premiados.
Mientras continúa una instrucción por parte del TSJC que parece interminable, una de sus extensiones ya tiene fecha de juicio. Se trata del caso Mamotreto, cuya vista oral será en el juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife del 18 al 22 de noviembre, con la actual delegada del Gobierno en La Gomera, la ex nacionalista Luz Reverón, y los ex concejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez Pastor como principales acusados por prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio. También se sentarán en el banquillo los técnicos municipales Epifanio Gómez, Loreto Aríz y Candelaria Benítez por los mismos delitos, tras haber dado el visto bueno a la construcción del edificio en el inicio de la playa que iba a servir para aparcamientos y centro comercial.
Era una de las piezas estrellas de la playa proyectada por el arquitecto Dominique Perrault, pero la mole muerta de cemento ha terminado siendo odiada por la mayoría de los chicharreros, que la bautizaron como “el mamotreto”. La Justicia ha dado luz verde a que el edificio, que ocupa parte de la servidumbre de protección y terrenos que pertenecen a Costas, sea demolido, pero eso no ocurrirá antes del juicio, ya que una de las peticiones de condena que pide la fiscal de Medio Ambiente, Inmaculada Violán, es que los acusados paguen de sus bolsillos esa demolición.
Con menos repercusión mediática de la que se merece (lo ha hecho público la bloguera y periodista Blanca Salazar en Blancahari.com), el caso Arona es, sobre el papel, uno de los ejemplos de corrupción continuada municipal, según el auto del juez Nelson Díaz Frías en el contempla acusaciones por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación urbanística, prevaricación y malversación de caudales públicos. La base es la concesión de licencias urbanísticas, recalificación de terrenos, concesión de licencias para obras para demoliciones y prórrogas de licencias, todas ellas con informes desfavorables de los servicios jurídicos municipales.
El caso Arona 1, que tiene su suma y sigue con los casos Arona 2, Arona 3 y Arona 4, se dirime en la actualidad en la sección VI de la Audiencia Provincial, que debe resolver los recursos contra el auto judicial presentados por los 30 imputados, entre los que hay políticos (todos los que formaban parte de la junta del Gobierno local entre 2003 y 2007 y parte de la junta entre 2007 y 2011), empresarios y técnicos municipales. A la cabeza de las imputaciones está el ex alcalde nacionalista José Alberto González Reverón, que curiosamente tuvo que dejar el cargo por una causa menor, el conocido como caso Enchufe, tras ser condenado en firme por prevaricación, por haber contratado a dos trabajadoras sin concurso público por medio.
Y entre los muchos asuntos judiciales que han llamado la atención de los ciudadanos en los últimos años está el caso Lerena, del que ya hay acusación fiscal por cohecho contra el jefe de Negociado de litoral de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Álvarez Fernández, así como contra el empresario Juan Antonio Lerena, quien coló durante siete años a una trabajadora suya en la Gerencia de Urbanismo, justo en la sección en la que le atribuyeron contratos por obras menores de forma continuada. Lo curioso es que nadie se percató de la presencia ilegal de la trabajadora hasta que una funcionaria denunció sus malos modos al comité de empresa. La empleada de Lerena es ahora trabajadora laboral indefinida y, para seguir con las curiosidades, le han dado plaza de auxiliar administrativa en los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
