El panorama de Canarias y de España en este 2013 resulta profundamente negativo. Por las previsiones económicas que apuntan a un año con retroceso del PIB y continuidad en la destrucción de empleo. Pero, sobre todo, por el progresivo empeoramiento de las condiciones de vida de una parte significativa de la población. Y por las cada vez mayores desigualdades sociales.
El paro se ha situado en Canarias en cifras escandalosas y eso ha hecho que un tercio de los hombres y mujeres del Archipiélago se encuentre por debajo del umbral de la pobreza, situación agravada en el caso de los menores. Además, los servicios públicos que tanto contribuyen a la equidad tienen cada vez menos recursos materiales y humanos, ahondándose, por tanto las desigualdades sociales. Y todo ello cuando a comienzos del pasado mes de marzo, el Gobierno de Canarias lanzaba las campanas al vuelo por su éxito en el cumplimiento del techo de déficit impuesto por el Ejecutivo de Rajoy. Lo hicieron “con nota”, ya que no alcanzaron el límite del 1,5%, quedando 0,27 puntos por debajo, en el 1,23% según la información facilitada por el Ministerio de Hacienda.
Eso quiere decir que, con ese desfase, por debajo (de un 18% sobre el máximo permitido), dejaron de gastarse algo más de 110 millones de euros que tenían autorizados, que entraban dentro de los estrechos límites establecidos. Debe ser, por tanto, que en las Islas sobran recursos económicos en sus servicios públicos, en sus programas de apoyo y estímulo al empleo o, en fin, para afrontar las necesidades básicas de la gente más desfavorecida. Y nos podemos permitir el lujo de recortar más que otras comunidades, de ser más papistas que el Papa, más fundamentalistas que Montoro. Ni siquiera buena parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP se esmeraron tanto en cumplir con tan dañino dogma, el que Zapatero sacralizó, con la colaboración de Rajoy, nada menos que en la Constitución, con la modificación del bolichazo del artículo 135, en una de las actuaciones políticas más deleznables que recuerdo: primero la deuda y el déficit; después, en segundo plano, las personas y sus necesidades.
Cuando uno ve la cifra, y más en estos tiempos tan duros, se ve obligado a recordarle al Gobierno de Paulino Rivero y de José Miguel Pérez (¿tanto monta, monta tanto?) el poema de Mario Benedetti ¿De qué se ríe? Y tras recordárselo, terminar deprimido o indignado ante semejante irresponsabilidad. Esos 110 kilos (18.260 millones de las desaparecidas pesetas) no hubiesen cambiado el mundo, ni siquiera el pequeño mundo insular. Pero sí que hubiesen contribuido a paliar la pobreza en las Islas, a disminuir las intolerables listas de espera o a mejorar sustancialmente la aplicación de la ley de la dependencia.
Sinceramente, hubiese preferido que termináramos el año 2012 con el 1,6, el 1,8, el 2,3 o el 2,5% de déficit (varias comunidades se sitúan por encima de esos porcentajes) y que esos recursos públicos, convenientemente priorizados, impactaran sobre la calidad de vida de la gente. Y que no suceda, como está sucediendo, que miles de niños y niñas lleguen sin desayunar a sus colegios o institutos; que sea común ver cómo gente margulla en los contenedores de basura ante los supermercados o se las amaña para llevarse algún producto sin pasar por caja, por absoluta necesidad; o que las pruebas diagnósticas y quirúrgicas se retrasen cada vez más, algunas años; o que la aplicación de la dependencia sea un fiasco.
Recortes.- Sé que todas las responsabilidades no están exclusivamente en el alero del Gobierno canario. Sé que muchos de los ajustes vienen impuestos desde el Gobierno del Estado, empeñado en aplicar unas políticas (por voluntad propia o por imposición externa) que destruyen el tejido económico y generan más paro y pobreza. Sé que la financiación autonómica nos coloca muy por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas de régimen común; sé que los Presupuestos Generales del Estado nos maltratan, eliminando prácticamente el Plan de Empleo, cargándose el de Infraestructuras Educativas y rebajando las partidas de carreteras, transporte o desalación de agua. Todo eso es cierto. Pero no lo es menos que los que gobiernan en Canarias aplican más de lo mismo, sin que se aprecien significativas diferencias con los conservadores. Ni filosóficas ni, sobre todo, en su práctica al frente de las instituciones. Los enormes recortes en Educación o Sanidad de los tres últimos años confirman ese seguidismo del mismo y fracasado modelo.
Sin alternativa.- La inoportuna e injustificada celebración del déficit es una muestra más, especialmente grave, de que carecen de ideario alternativo, de programa propio, de propuesta para afrontar la crisis diferente a la neoliberal en marcha, que tanto sufrimiento está causando en forma de desempleo, quiebra de lo público y extensión de los niveles de pobreza. Tras cinco años de crisis, la realidad de las Islas es desoladora. Hoy tenemos unas tasas de riesgo de pobreza del 33,8%, doce puntos por encima de la media estatal. Y si aterrizamos en la infancia, según UNICEF los menores en riesgo de pobreza en Canarias son más de 143.000 (un 38,2%), también doce puntos por encima de la media española. El paro no ha dejado de crecer. La última Encuesta de Población Activa (EPA), la correspondiente al cuarto trimestre de 2012, incluía 378.200 desempleados (el 33,6%) de la población activa del Archipiélago. Además, 125.000 desempleados carecen de prestaciones, es decir, no tienen ningún ingreso. La Educación, con los multimillonarios recortes de los últimos tres años, en el Estado y en las comunidades autónomas, también en Canarias, se ha debilitado. Recortes dirigidos a la escuela pública y que perjudican, especialmente, a los alumnos de entornos socioculturales desfavorables, de los que Canarias tiene un elevado porcentaje. Y que ahora pretenden rematar con una ley, la LOMCE, segregadora y clasista, a la vez que centralizadora y enemiga de la democracia en los centros, sobre todo de la participación de las familias.
Sanidad.- La Sanidad avanza aceleradamente en el Estado hacia su completa privatización, desde el copago farmacéutico al de prótesis o sillas de ruedas, así como la puesta en manos privadas de hospitales y centros de salud. Acabando con un sistema universal que, con unos costos más que razonables, se encontraba entre los mejores del mundo. La congelación de las pensiones unida al copago farmacéutico (y a la subida constante de servicios básicos, como el suministro eléctrico) hacen que muchos pensionistas que tienen a su cargo hijos y nietos hayan decidido renunciar a una parte de sus tratamientos médicos para no restar recursos económicos a sus familias. Al desarrollo de la ley de la dependencia le han sustraído casi 500 millones de euros en dos ejercicios presupuestarios, las cuentas públicas estatales de 2012 y las de 2013, acabando de facto con una de las leyes más importantes de las aprobadas en estos treinta años de democracia. Y condenando a los dependientes y a sus familias, así como generando desempleo en un sector llamado a todo lo contrario.
¿Qué perspectivas se abren para los servicios públicos esenciales en los próximos años? De momento, muy negativas. Con el escudo de la crisis, las fuerzas conservadoras están avanzando en procesos privatizadores que transforman lo que hasta hoy eran derechos en negocio, impidiendo la accesibilidad a aquellos que no puedan costearse los servicios. Esto supone la construcción de una sociedad mucho más injusta, en la que se acentúan los abismos sociales y en la que se procede a la demolición de lo que teníamos de Estado de Bienestar, que no era el sueco, por cierto. ¿Es posible recuperar lo perdido y caminar en otra dirección? Difícil. Destruir es mucho más fácil que construir. Una de las claves está en modificar profundamente la fiscalidad. Los actuales datos son escandalosos En 2011 los ingresos del IRPF fueron 68.557 millones (4.000 más que en 2006); y los procedentes del impuesto sobre el consumo 51.580, un poco menos que los 52.817 de 2006. Mientras los ingresos recaudados por el Estado derivados de las cargas impositivas sobre el capital cayeron en picado (se reducen nada más y nada menos que un 68%), partiendo de unos iniciales 41.675 millones de euros en 2006 para alcanzar los 13.383 millones en 2011, es decir, las empresas pagan ¡28.800 millones menos!
Hay que poner por delante los intereses de la mayoría social. Redistribuyendo mejor la riqueza, con un modelo fiscal justo que haga que paguen más quienes más tienen, no como ahora. Persiguiendo por tierra, mar y aire al fraude y acabando con los paraísos fiscales. Obligando a la Banca a la que se ha regalado tantos miles de millones de euros que pagaremos todos a modificar sus políticas sobre hipotecas y desahucios, así como las posibilidades de acceso a créditos por familias y empresas. Apostando por un modelo más sostenible, menos derrochador de recursos que el que está destruyendo el Planeta a ritmo acelerado. Haciendo, en definitiva, que la economía esté al servicio de la gente y desactivando las actuales políticas antipersonas.