La sociedad clamó al cielo. Ni la justicia, lenta y saturada, se salvaba del afán estatal de recortes. El ministro Gallardón amagó con la eliminación de juzgados de paz y provinciales. Canarias comparte un colapso que retrasa durante años los asuntos pendientes; y añade la multiplicación de desahucios o la proliferación de denuncias por delitos sexuales. Y se sumó a las protestas generalizadas en todo el país.
El Ministerio de Justicia planteó en 2013 una propuesta legislativa que supondría un cambio radical de la demarcación judicial. ¿Recortes derivados de la crisis o concentración y control de poderes? Sea cual fuera la razón, pocos fueron los convencidos. El anteproyecto de ley aboga por un cambio del mapa judicial español mediante la creación de tribunales de instancia (TPI) en las capitales de provincia —que funcionarán de forma acorde a un reparto provincial de asuntos— y el reforzamiento del Tribunal Supremo, que formará con jurisprudencia y vinculará de forma obligatoria al resto de órganos. Además, los asuntos de especial trascendencia podrán ser instruidos por tribunales de tres jueces y se fomentará que se celebren plenos para unificar doctrina en los asuntos que lleguen a la Audiencia Nacional.
Los tribunales superiores de justicia seguirán siendo los órganos judiciales autonómicos, pero verán ampliadas sus competencias asumiendo las de las audiencias provinciales en apelación en materia civil y manteniendo las que tenían en contencioso y social. El anteproyecto incluye, además, el carácter vinculante de determinada jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cada tres meses, el pleno de cada sala decidirá cuál es su jurisprudencia vinculante y se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Estos planteamientos, defendidos por quien fuera titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, implican la supresión de diferentes partidos judiciales, el cierre de audiencias provinciales y acabar con los juzgados de paz.
En Tenerife, por ejemplo, la normativa afectaría a los juzgados de Arona, Granadilla, Güímar, La Laguna, La Orotava e Icod, de modo que para realizar cualquier trámite judicial sería necesario desplazarse a Santa Cruz, en el caso de Tenerife. Y la situación es peor en el caso de las otras islas, pues cualquier residente en La Palma, La Gomera, o El Hierro tendría que viajar a Santa Cruz de Tenerife; o a Las Palmas de Gran Canaria en el caso de Fuerteventura o Lanzarote. Fuera del Gobierno de España, todas las opiniones son coincidentes: no se contribuye a la celeridad de los procesos ni a la eficacia en el trabajo de los funcionarios. Se asegura, en cambio, que se producirá un alejamiento de la gestión para los ciudadanos.
Jueces, abogados y funcionarios de toda España afirman que las medidas propuestas por el Ministerio de Justicia no van a favorecer en nada el funcionamiento, la eficacia y la calidad de esta administración. Y es que poco se puede suprimir cuando los medios disponibles no permiten resolver los asuntos pendientes, se multiplican los desahucios y proliferan las denuncias por abusos sexuales. Un ejemplo: no fue hasta 2013, a punto de cumplirse 14 años del intento de secuestro de la concejal del PP, Raquel Lucía Pérez Brito, cuando la Justicia pudo sentar en el banquillo a los empresarios Tomás Núñez y Valentín Rodríguez, así como al exfuncionario municipal Nicolás Baute; los tres, acusados de conspiración para cometer un delito de detención ilegal.
La causa, habría que recordarlo después de tantísimo tiempo, formó parte del escabroso caso Baute, que estremeció a La Laguna y copó titulares en los medios de comunicación nacionales cuando a finales de 2000 Núñez hizo público un vídeo, grabado en diciembre de 1999, en el que Baute proponía a ambos empresarios secuestrar a la edil para neutralizar una posible moción de censura que desalojaría de la alcaldía a la nacionalista Ana Oramas en favor del PSOE. A cambio, recibirían licencias para sus proyectos urbanísticos y la concesión del contrato de limpieza del Ayuntamiento, lo que implicaba en la trama a varios ediles laguneros.
Deportes nada sanos
Y fue también en 2013 cuando la Audiencia de Las Palmas tuvo que abordar el caso Kárate, una secuencia de mega-abusos sin precedentes en la historia jurisprudencial del país. Medio centenar de personas fueron sometidas a relaciones sexuales indiscriminadas, daba igual la edad o el sexo, durante cerca de 20 años. El fallo judicial fue contundente: el 16 de marzo se condenó a Fernando Torres Baena, principal imputado, a 302 años de cárcel como autor de 35 delitos de abuso sexual y otros 13 de corrupción de menores. La sentencia del mayor proceso por pederastia juzgado hasta la fecha en España, leída en vista pública por el magistrado Salvador Alba, condenó además a 148 años de prisión a María José González, esposa de Torres Baena y monitora de su academia de artes marciales, y a 126 años a Ivonne González, profesora de kárate del mismo centro. El tribunal encuentra culpables a ambas de múltiples delitos de corrupción de menores y abusos sexuales, pero absuelve al cuarto imputado en este procedimiento, el monitor Juan Luis Benítez, para el que se habían solicitado condenas de hasta veinte años de prisión.
En 2013 se dictó sentencia sobre el delito sexual más grave que se ha producido en el Archipiélago… pero en el mismo año salieron a la luz otros muchos, algunos de ellos relacionados también con el mundo del depiorte. Así, causó enorme impacto el que implicó al entrenador y expúgil de boxeo José Santana, conocido en el ámbito deportivo como Kid Telde. Tres de las siete personas que formularon denuncias contra el deportista lo describieron como un hombre “frío, manipulador y cruel” que solía “dar palizas” a los menores por negarse a mantener relaciones con él, según manifestaciones textuales, que recogió el periódico Canarias7 y que constan en el sumario de la causa judicial. “Cuando me desperté, Kid Telde estaba penetrándome”, declaró una de las presuntas víctimas.
Las personas que denunciaron a Kid Telde relataron con detalle ante la autoridad judicial las presuntas agresiones y abusos sexuales. Uno de los relatos recogidos por la prensa local pertenece a un hombre de 29 años que narra un episodio acontecido supuestamente hace 14 años en el domicilio de Kid Telde, en el que se quedó a dormir. Ante la Policía y el juez declaró que cuando estaba en cama, sin calzoncillos por indicación de su entrenador, “de pronto, notó como una mano le abría las nalgas y se frotaba con el pene en la zona de ano”, situación que le llevó a saltar para “impedir la penetración”.
Los testimonios escuchados en 2013 pusieron los pelos de punta a la sociedad canaria y, al igual que las críticas a los intentos de recortar la Justicia, se repitieron por muchos puntos del país. Cabe recordar, por ejemplo, que la Guardia Civil detuvo en Rivas Vaciamadrid a un entrenador de fútbol sala por cometer, presuntamente, abusos sexuales continuados en el tiempo contra siete de las jugadoras a las que entrenaba, todas ellas menores de edad. Se trataba de un ciudadano madrileño de 38 años y vecino de la localidad donde fue arrestado y enviado a prisión. Llevaba 18 años entrenando en diferentes equipos de la región y en la Federación Madrileña femenina de este deporte.
Sin embargo, la crudeza de los asuntos no amilanó al ministro de Justicia, que un año y medio después se vería obligado a dimitir de su cargo. Pero eso pertenece a otro año y quizás otro Anuario. En lo referente al actual hay que reflejar que poco antes de la Navidad de aquel 2013 se presentó otro cambio legislativo no menos polémico: la reforma de la ley del aborto. De nuevo se repitieron el aluvión de críticas —incluidas las propias del propio Partido Popular— y las movilizaciones sociales, con el consiguiente desgaste demoscópico. Al final no hubo nueva ley y dimitió el ministro, pero poco cambia. Y lo más terrible es que se mantiene la falta de respuestas eficaces ante a la precariedad de la cada vez más urgente justicia social.
