Si por algo será recordado el año 2013 en materia sanitaria es por la alarma social que generó el posible cierre del único servicio de cirugía cardíaca infantil del Archipiélago, ubicado en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. La presión popular y las amenazas de acudir ante la Justicia por algunos afectados obligaron a rectificar al Gobierno de Canarias y el servicio se mantuvo.
El posible cierre del único servicio de cirugía cardíaca infantil existente en Canarias fue confirmado inicialmente por la Consejería de Sanidad —a través de Araceli Suárez, entonces directora general de Programas Asistenciales— al manifestar públicamente que el servicio no era rentable porque el número de usuarios era insuficiente y que, por lo tanto, recomendaba su cierre y el envío de los pacientes a la Península. La reacción popular fue tan clamorosa e inmediata que el propio presidente del Gobierno, Paulino Rivero, así como la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, tuvieron que salir a escena para recular y manifestar que solo era un proyecto, pero que el servicio se mantendría, aunque con modificaciones.
Probablemente no hubiera sucedido nada más si en medio de la polémica sobre si mantener o no el convenio con los médicos italianos de San Donato —los que habían atendido a los niños cardiópatas canarios en los últimos años— o si era mejor contratar profesionales, o firmar otro nuevo convenio pero con un hospital de la Península, no se hubiera producido el fallecimiento de un bebé en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria, tras esperar durante nueve días por un traslado al Materno Infantil, primero, y al Hospital de La Paz de Madrid después. La confirmación de la noticia sacudió a la sociedad canaria y las declaraciones del padre de la niña —un asiático afincado en Tenerife y que apenas habla español— afirmando que en ningún momento había sido informado de la gravedad de la niña y que llevaría el caso a la Justicia para determinar la responsabilidad del Servicio Canario de Salud (SCS) y del Gobierno de Canarias en el fallecimiento tuvieron gran repercusión.
Durante meses, todos los plenos del Parlamento de Canarias llevaron alguna pregunta, moción o proposición destinada a aclarar la situación real de la cirugía cardíaca. Finalmente se prescindió de los médicos de San Donato (sin demasiadas buenas formas porque simplemente se les avisó de que no regresaran más y ni siquiera se les agradecieron los servicios prestados) y llegaron a Canarias especialistas del madrileño Hospital La Paz, calmando definitivamente la situación, ya que contaban con el respaldo total tanto de la consejería como de la Asociación Corazón y Vida. Desde entonces, apenas ha habido novedades, pero lo que sí ha quedado claro es que el Gobierno de Canarias ha desechado la idea de cerrar este servicio.
Crisis de las vacunas
También durante el año 2013 la Consejería de Sanidad dejó de fiarse del Ministerio de Sanidad en lo que a la compra de las vacunas se refiere, después de que se produjera una crisis sin igual con la de gripe. La inmovilización de los viales tras detectarse un fallo de calidad —concretamente la presencia de grumos blancos— hizo saltar todas las alarmas y echó por tierra los esfuerzos llevados a cabo por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias en los años anteriores por aumentar el número de personas de riesgo vacunadas. Tras esa situación, que no terminó de solucionarse hasta meses después, el Gobierno de Canarias optó por desligarse de la compra centralizada defendida hasta la saciedad por el Ministerio de Sanidad y comprar por sí mismo las vacunas. Sin embargo, ni siquiera eso hizo que los pacientes se animaran a vacunarse y las cifras volvieron a ser las peores de los últimos años.
Listas de espera
Respecto a las listas de espera, la situación rozó límites tan preocupantes, tanto en la quirúrgica como en la Atención Especializada, que el propio Paulino Rivero anunció en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad un plan especial para atajarlas, si bien nunca aclaró ni en qué consistiría ni qué fondos se asignarían para ello. Los profesionales sanitarios y los sindicatos, además de los partidos de la oposición (Partido Popular y Nueva Canarias) alertaron una y otra vez del maquillaje que se aplicaba a las cifras oficiales, algo que ejemplifica el hecho de que muchos pacientes no sabían cuándo iban a ser atendidos, sino que se les decía que ya les llamarían. Dónde figuraban estos pacientes es una aclaración que la Consejería de Sanidad nunca hizo. No obstante, que la sanidad no funcionaba adecuadamente quedó demostrado en el empeoramiento de las urgencias hospitalarias del Universitario de Canarias y de La Candelaria, en las que la situación de colapso se convirtió en continua.
No obstante, la consejera mantuvo en todo momento que no existía ningún tipo de agenda cerrada en Sanidad y que de ser así invitaba a los pacientes a que presentaran una queja.
Quejas sanitarias
Precisamente, por primera vez desde su creación, la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (ODDUS), perteneciente a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, dio a conocer sus datos para sorpresa de todos. Así, se pudo constatar que recibe una media de 30.000 reclamaciones cada año, de las que más de 13.000 corresponden a las listas de espera. Nada que ver con el único dato disponible al respecto de todos los años, que no es sino las quejas presentadas en materia sanitaria en el Diputado del Común y que generalmente no superan las 70. En contraprestación, la ODDUS detalló que además de las quejas por la demora, también se recibieron nada más y nada menos que otras 3.228 por la prestación sanitaria atendida, 101 por algún tipo de error asistencial, 1.154 por el trato personal recibido calificándolo de inadecuado y 98 por desaparición de objetos durante su paso por la sanidad pública durante el año 2013. Quizás eso explique que Canarias siga a la cola del país, con un nivel “deficiente”, según el informe sobre los servicios sanitarios de las comunidades autónomas de 2012 publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
Abuso de ansiolíticos
Los datos no dejan lugar a la duda: en los últimos 10 años se ha multiplicado por tres el consumo de fármacos hipnosedantes como las benzodiacepinas (tranquilizantes, ansiolíticos, somníferos y relajantes musculares) en el Archipiélago, hasta el punto de que diariamente 125.000 canarios toman alguna de estas sustancias y cerca de 500.000 las han tomado en algún momento de su vida. Para frenar este consumo desmedido, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias puso en marcha una campaña de información destinada a hacer ver la gravedad de esta adicción, que está detrás de buena parte de los accidentes de tráfico, domésticos y laborales y que provoca problemas en el seno de la familia, debido a la denominada anestesia emotiva, que hace que quienes toman frecuentemente ansiolíticos vean la realidad de forma alterada y se distancien de quienes los rodeen.
Líderes en tabaquismo
Por si fuera poco, los canarios también son los que más fuman, ya que mientras que en la Península tres de cada diez fumadores consumen un mínimo de 20 cigarrillos al día, en el Archipiélago este porcentaje se eleva hasta el 50% y sólo están dispuestos a dejarlo a corto plazo siete de cada cien. Es más, atendiendo al consumo de tabaco en Canarias, y tomando como referencia su población, no varía demasiado en comparación con el resto de las comunidades autónomas, ya que concentra aproximadamente al 25% de los habitantes. Sin embargo, si lo que se mide es el número de cigarrillos que consume cada uno de los fumadores las cifras se disparan y colocan al Archipiélago a la cabeza del país.
