Cuando los taxistas valencianos anunciaban recientemente la creación de un colegio profesional “para evitar el intrusismo” apuntaban a uno de los motivos que convierte en cruciales a estas corporaciones de derecho público, como garantes del libre ejercicio, pero con control. En el gremio periodístico sabemos a qué nos ha conducido este vacío que, a marchas forzadas, se empieza a subsanar a lo largo del territorio nacional.
Cada vez son más las noticias sobre la creación de nuevos colegios destinados a la protección del gremio y de sus profesionales, así como al consumidor de sus servicios. Por este motivo, cuando se discute la propia existencia de los colegios profesionales o la esencia que deben conservar de cara a la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios que prestan, realmente no habría que extenderse en argumentaciones. Basta con hacer un recorrido inverso y ver lo que nos ha pasado a los periodistas: la total ausencia de regulación nos ha conducido a un intrusismo inusitado, donde la falta de formación y de calidad profesional no parece tener consecuencias, salvo el descrédito del oficio. Añadamos a esto la propia desvalorización del título y de las facultades universitarias que imparten las enseñanzas de la información y la comunicación. Porque si la titulación no importa, ¿para qué formarse en una universidad y pagar por ello?
Muy al contrario, parece bien razonada la visión de quien ha definido a los profesionales colegiados como “una gran masa gris al servicio de la ciudadanía”. Dicho esto por quien ve, más allá de las cuotas o la obligación —en algunos casos— de colegiarse, la verdadera esencia de los colegios, punto de encuentro de todo tipo de garantías. No obstante, y frente a la concepción de los colegios como una suma ingente de talentos, hay quien ve en ellos un potencial nido de corrupción, regido por una oligarquía de dudosas intenciones, donde las cuotas serían el negocio.
Bien lejos de la realidad. Los colegios profesionales son instituciones absolutamente democráticas, centenarias en la gran mayoría de los casos, en las que las elecciones entre sus colegiados deciden a los miembros de la Junta, que está para gobernar el colegio y para dar cuenta de cada uno de sus actos. Incluso en los tribunales, si fuera preciso. En cada corporación existe la correspondiente comisión deontológica, a la que se someten todos los miembros del colegio, por el hecho de acogerse a él. Mientras que el seguro de responsabilidad civil garantiza la seguridad de las actuaciones de los colegiados. Porque lo propio de estas entidades es velar por el ejercicio eficaz y con garantías de sus profesionales, siempre pensando en el objetivo final de sus intervenciones, que es la ciudadanía, junto a una carta de servicios que facilita la formación continua y el trato entre colegiados.
Pues bien, el Gobierno de Mariano Rajoy, y en el marco de sus medidas económicas espoleadas por Bruselas, está empeñado en presentar a estas corporaciones como una traba para el libre mercado, en donde el ejercicio profesional parece cercenado no se sabe bien por quién o cómo. Para ello tiene previsto aprobar una Ley de Colegios y Servicios Profesionales que, salvo discretas excepciones, disgusta a todos, incluidas autoridades de su propio partido. Sin embargo, con sólo enseñar la patita, pues todo se limita a filtraciones, probablemente interesadas o para testar las reacciones, el anteproyecto de ley ha logrado poner de acuerdo a todos los profesionales colegiados españoles, de todos los signos políticos, frente a un planteamiento liberal llevado al extremo, en el que la actividad profesional es desvalorizada y desprovista de todo afán de garantía y seguridad para las personas y las cosas. Lo que sólo entiende este gobierno para las profesionales sanitarias y alguna más y en determinados previstos.
Porque restringir la colegiación obligatoria a un puñado de colegios profesionales supone restringir las garantías de la ciudadanía, toda vez que se ven comprometidas la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente, argumento que ha utilizado el Ministerio de Economía para mantener tan cicatera colegiación. La Ley exime además a los profesionales no colegiados de estar sujetos a las normas deontológicas, desprotegiendo a los consumidores del mecanismo de control sobre las buenas prácticas profesionales que vienen ejerciendo los colegios. En la misma línea de los despropósitos, la libre elección del colegio en el que podrán inscribirse los profesionales significa que no tendrá por qué ser en la provincia donde tiene su residencia, alejando con ello a los consumidores de la posibilidad del ejercicio real de sus derechos, al tiempo que impacta sobre la idea de evitar el intrusismo.
La injerencia de la administración pública es, con carácter general, la mayor crítica que se le puede hacer a una ley que pone en riesgo la supervivencia de los propios colegios, al establecer una cuota mínima de colegiación, sin tener en cuenta que no existe otra fuente de financiación para llevar a cabo las funciones que les son propias y exigibles. Y todo esto con la coletilla de que el Gobierno central dice haber mantenido cientos de encuentros con colegios y consejos generales sobre el texto, cuando lo cierto es que ninguno parece haber servido para consensuar una buena ley que, por de pronto, ha suscitado una lluvia de críticas y la oposición desde todos los sectores.
Salvado el verano sin aprobar la ley en Consejo de Ministros, el otoño aparece caliente en el calendario de los colegios profesionales, que verán si se cumple el peor pronóstico. Si bien la suerte parece estar echada, no van a faltar movilizaciones y una campaña de concienciación en favor de la colegiación en la que el propio gobierno de Canarias se ha implicado, porque cree en los profesionales y en la garantía de calidad y servicio que ofrecen a la ciudadanía. Los profesionales de la comunicación, como los del derecho, la vivienda, las obras públicas o la salud, son hombres y mujeres que atesoran el saber propio adquirido con la titulación, pero también toda la carga de las generaciones precedentes que hicieron sus aportaciones al conocimiento y al buen hacer.
Y ésa es la esencia de los colegios profesionales, esa suma de garantías que nadie puede dejarse arrebatar, porque están en juego los derechos de todos.
