Repsol, el petróleo y el ministro Soria se han convertido en el principal quebradero de cabeza de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura. Tal vez, nunca antes hubiera habido tanto consenso entre las instituciones de las islas orientales, unidas ahora para frenar la búsqueda de hidrocarburos a unos 60 kilómetros de sus costas. Los supuestos beneficios que reportaría el petróleo, como alega el PP, no convencen.
Un decreto de marzo de 2012, que autorizaba la realización de prospecciones petrolíferas en aguas del Archipiélago, destapó la caja de pandora en Canarias. Volvieron a resurgir los enfrentamientos entre Paulino Rivero y José Manuel Soria, entre el presidente del Gobierno canario y el ministro de Industria, antiguos socios de gobierno. Mientras, en todo el archipiélago las voces discordantes al proyecto empezaban a movilizarse en contra de los permisos a Repsol. Nada más conocerse la noticia, tanto Rivero como sus homónimos en los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Pedro San Ginés y Mario Cabrera, el trío del No al petróleo, iniciaron una campaña en contra de la decisión de Industria.
A lo largo de estos dos años, las instituciones canarias han contado con el apoyo de grupos ecologistas, la comunidad científica y una gran parte de la población de las dos islas orientales a las que los supuestos beneficios que reportaría la explotación de petróleo, tal y como alega el PP, no terminan por convencer. A partir de ahí, hemos visto cómo cualquier motivo ha sido el idóneo para sacar pancartas en contra o pegar la mano negra en el coche alimentado con gasoil. Las camisas del No al petróleo han recorrido medio mundo a través de sus embajadores y en las calles miles de canarios han mostrado su rechazo a la decisión del Gobierno estatal. Por su parte, el PP no ha dudado en echar en cara a CC y PSOE el pago de camisas y pancartas con dinero público.
Al mismo tiempo que los canarios libraban su batalla contra Repsol y el Gobierno de Rajoy en las calles, el Ejecutivo canario y los cabildos de las islas orientales iniciaron una lucha en los tribunales que les llevó, junto a distintos grupos ecologistas, a presentar hasta siete recursos en contra del decreto de 2012. Finalmente, las sentencias del Tribunal Supremo confirmaron la legalidad del decreto del Gobierno. El visto bueno a los informes de Repsol por parte de los ministerios de Medio Ambiente e Industria y las sentencias del Alto Tribunal han sentado como un jarro de agua fría entre las autoridades canarias. Ahora esperan que el freno definitivo a las prospecciones llegue de Europa, mientras Rivero trabaja en una consulta popular entre los ciudadanos después de que el Gobierno español haya guardado silencio a la propuesta de referendo planteada por el Ejecutivo canario.
Mientras tanto, el Cabildo de Fuerteventura lleva dos años pidiendo a Mariano Rajoy que visite la isla “para que conozca de primera mano por qué no quieren prospecciones petrolíferas frente a sus costas”. De momento, el líder popular no se ha dejado ver por tierras majoreras. Mientras el PP balear rechaza las prospecciones en sus aguas, los populares canarios parecen no querer oír a sus ciudadanos y optan por seguir a rajatabla las directrices de José Manuel Soria. Incluso, un concejal de Teguise (Lanzarote) llegó a decir que un hipotético derrame de petróleo permitiría dar trabajo de limpieza en las playas a un 30 por ciento de la población en paro. En Fuerteventura, los conservadores se han posicionado al lado de la presidenta insular del PP, Águeda Montelongo, uno de los principales apoyos de Soria en Canarias y aspirante a la presidencia del Cabildo en 2015.
De momento, Águeda ha encontrado en el retraso en las obras del hospital majorero, que ya existían en la época en la que el PP tenía la Consejería de Sanidad, así como en la demora en las ayudas del Posei a los ganaderos, el comodín con el que salirse por la tangente cuando le preguntan por el petróleo. Tal vez, le faltan argumentos para defender las prospecciones en aguas canarias. Y es que un informe elaborado por el comité científico español, que asesora al programa de Reservas de la Biosfera de la Unesco, advertía en el último trimestre de 2013 del peligro al que se exponía Canarias si prosperaba la decisión del Ministerio de Industria.
El trabajo contaba con numerosos estudios de la zona donde se evaluaba el impacto de un vertido hasta las posibles consecuencias de los sondeos para la biodiversidad del ecosistema canario. Un derrame pondría en peligro el abastecimiento de agua en unas islas que se surten de agua desalada. También estaría en riesgo la fauna marina, entre ellas la colonia de cetáceos, una de las más importantes del mundo. Los contrarios a las prospecciones parecen tener argumentos suficientes para que no se lleven a cabo los sondeos en los puntos de las cuadriculas que tienen asignados. Los hipotéticos beneficios de la explotación de hidrocarburos parecen lejanos para los majoreros y lanzaroteños, que no dejan de preguntarse si vale la pena exponerse a tantos riesgos.
Durante estos dos años de lucha en contra de las prospecciones han sido muchas las voces que han alertado del peligro al que se podría ver sometido el turismo, principal baluarte económico de estas dos islas. La intención de Industria llega en unos momentos en los que las dos islas baten récords de visitantes. Fuerteventura cerró 2013 con 1,79 millones de visitantes extranjeros, mientras que Lanzarote lo hizo con 1,86 millones. Por el camino, Fuerteventura sustituyó a finales de 2013 la pancarta del No al petróleo por la alfombra roja de Hollywood, pues la isla fue el lugar escogido para rodar The book of Exodus, último trabajo del director británico Ridley Scott. El rodaje de esta superproducción de la Fox dejó unos 10 millones de euros, centenares de contrataciones y el paso por la isla de estrellas de Hollywood como Christian Bale, Joel Edgerton, Ben Kingsley o Aaron Paul.
Meses antes, algunos creyeron estar en un cine en Fuerteventura, pero sin palomitas ni pantalla grande. La desarticulación de una trama mafiosa de guardias civiles del puesto de Corralejo, en febrero, dejaba en pañales a algunas de las películas que en estos últimos años se han rodado sobre policías corruptos. La llamada Operación Botavara dejó a nueve guardias civiles implicados, cinco de ellos en prisión, por tráfico de drogas, torturas, amenazas y detenciones ilegales para amedrentar y cubrir sus actividades ilícitas.
Mientras, en Lanzarote, una historia de amor desencadenaba un conflicto político por el que Pedro San Ginés, presidente del Cabildo, se vio obligado a dar la cara. En 2013 la institución compraba un inmueble histórico en Arrecife por 1,6 millones de euros para convertirlo en museo. El conflicto se desataba tras conocer que la propietaria de la vivienda era la madre de una novia de San Ginés… quien finalmente tuvo que reconocer que su historia sentimental se inició en enero de 2013 cuando ya tres acuerdos plenarios en 2012 avalaban la compra.
San Ginés también tuvo que dar la cara en 2013 por su intento de declarar Hijo Predilecto de Lanzarote al artesano lanzaroteño Juan Brito. La oposición (PP y PIL) amenazaron con votar en contra alegando “defectos formales” en la tramitación, al tiempo que se acusaban mutuamente de ser los primeros en proponer a Brito con esta distinción. El artesano llegó a emitir un comunicado rechazando su nombramiento si no existía antes un acuerdo de todos los grupos políticos. Finalmente, el pleno del Cabildo acordaba en mayo nombrar Hijo Predilecto a Juan Brito, de 94 años de edad.
