Existen políticas a corto plazo, a medio y a largo plazo. Las dos primeras suelen tener prioridad para los políticos porque sus frutos se suelen recoger antes de cada elección y presentarlos en forma de ruedas de prensa, publirreportajes o estudiados mensajes electorales. Sin embargo, las otras, las políticas a largo plazo, no son tan vistosas, pero son las que marcan cómo será la sociedad del futuro
Las políticas a largo plazo son fundamentales. Son políticas que, en muchos casos, no solo superaran la unidad de tiempo electoral, cuatro años, sino incluso pueden tardar una generación en ser visibles. Y si hay una política a largo plazo, esa es la referida a Educación. No es el caso de España, donde cada gobierno ha ido imponiendo sin consenso sus propias leyes que han tenido más de querer dejar una huella de partido que en pensar en las generaciones venideras o en la necesidad de invertir en conocimiento. Esa política cortoplacista en educación, y que tiene mucho de sacar provecho mediático, por encima de la búsqueda de grandes logros y objetivos, no es nueva. Es un mal que se arrastra casi desde los inicios de esta democracia pero es cierto que durante esta crisis se ha acentuado. Si la inversión en educación nunca fue, no nos engañemos pensando en algún ministro de Educación con más buena intención que resultados, una prioridad, en estos momentos de recortes lo ha sido menos. Y la universidad española, aquejada de muchos males, ha sido carne de cañón.
Antes de analizar cómo afectaron y hasta donde llegaron los recortes, sobre todo de financiación aunque también se intentó recortar su autonomía, hay que recordar que la financiación pública de las universidades públicas proviene de tres administraciones distintas: la autonómica, que subvenciona directamente a las universidades; la estatal que concede ayudas a las familias y financia la investigación vía Plan Nacional de I+D+i; y la europea. Y aunque se supone que las tres tienen objetivos distintos, cierto es también que existen duplicidades. Ello hace muy difícil obtener datos del dinero que reciben las universidades cada anualidad y más complicado aún porque el año universitario va de septiembre a junio y cabalga entre dos ejercicios presupuestarios.
Una vez recordado eso, hay que señalar que el 2013 fue un año especialmente duro en lo que se refiere a recortes financieros. Lo dijo claramente el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Carrillo, que hizo suyas la frase del ex rector de la Universidad de Harvard, Derek Bok, para advertir que las universidades españolas no podían seguir soportando más recortes sin correr el riesgo cierto de poner en peligro la calidad de la docencia: “Si invertir en educación les parece caro, prueben en invertir en ignorancia”. La advertencia era clara. Mientras Europa, con Alemania a la cabeza, apuesta por sus universidades incluso en mitad de un momento de recesión económica, en España se ha aplicado la receta contraria. Y las cifras lo evidencian.
No en vano, los recortes sufridos por las universidades públicas españolas superaron, entre el 2010 y el 2013, los 1.388 millones de euros. De hecho, un estudio realizado por Comisión Obreras sobre la financiación de las universidades públicas en ese período señala que si se analizan los presupuestos de las universidades 2010-13 se observa una caída de los ingresos por subvenciones corrientes de las CCAA de 1.102 millones de euros (-16,3%) y de los ingresos por subvenciones de capital de 411 (-31%). Esa caída se compensó, en una pequeña parte, mediante un incremento de los ingresos por tasas de 315 millones de euros (+19,4%) con diferencias inaceptables en las cuantías de las matrículas entre CCAA y penalizando a las clases más desfavorecidas al reducirse las becas del Ministerio, limitando la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a los estudios universitarios.
Esa caída de la financiación se plasmó en un recorte del gasto del 13,7%, (1.388 millones) de los que 763 se dedujeron de las inversiones (-39%) y 434 en personal (-7%). En términos reales, es decir añadiendo el 8,7% de incremento del IPC de 2009 a 2013, el porcentaje de recorte real del gasto fue del 22,4%. Otro dato curioso durante este período de descenso de la financiación fue su coincidencia con un incremento del alumnado en un 9% (se pasó de 1.430.147 alumnos matriculados en las universidades públicas en el curso 2008-2009 a 1.561.123 alumnos en el curso 2010-2011). Sin embargo, en el curso 12-13 se aprecia un cambio de tendencia, coincidiendo con la nueva subida de tasas que dio luz verde a incrementos de hasta un 66% de los precios públicos y el endurecimiento en los requisitos para obtener una beca, cambio que se consolidó en el curso 13-14.
De hecho, entre 2012 y 2013 se confirmó una reducción de 19.000 matriculados en estudios de grado y de primer y segundo ciclo, y de 2.000 en el caso de los estudios de máster, con respecto a los mismos datos del curso anterior. Aunque estas cifras se corresponden al total de alumnos matriculados tanto en las universidades públicas como privadas, son indicativas de la caída del alumnado. Y sobre todo, por que supusieron el primer descenso en el número de universitarios tras tres cursos de incrementos consecutivos. Por ramas de conocimiento, la caída afectó más a las Ciencias Sociales y Jurídicas (-3,5%), Arquitectura e Ingenierías (-3,8%), Humanidades (-3,1%) y Ciencias (-2,4%). La única excepción fue Ciencias de la Salud, que creció en un espectacular 12%.
Un apunte: pese a lo que se repite constantemente, no es cierto que haya un exceso de universidades. En concreto, en España hay una universidad por cada 582.000 habitantes, por una cada 283.000 habitantes del Reino Unido y una por cada 94.000 habitantes en Estados Unidos. Además, España está a la cabeza de tasa de titulación (79%) de nuestros estudiantes de los países europeos, solo por detrás de Gran Bretaña y Dinamarca en rendimiento académico. No son malos datos para un sistema de enseñanza superior al que se ha atacado sin contemplaciones asfixiándolo económicamente.
El caso canario y Wert
En el caso de Canarias, el panorama fue similar. El recorte total producido durante ese mismo período asciende a más de 43,1 millones de euros entre 2009 y 2013. O de 43,9 millones si comparamos 2010 y 2013. En términos porcentuales, esa cifra supone un 14,3% menos que afectó tanto al capítulo I (que se redujo en un 8,2% entre 2010 y 2013) como a las inversiones (capítulo 6), que se redujo un 60% entre los mismos años. En el apartado de ingresos, las transferencias corrientes (capítulo IV) disminuyeron un 11,1% y las transferencias de capital (capítulo VII) casi un 87,7% entre 2009 y 2013. Frente a ello, en la universidad pública canaria los precios públicos y tasas se incrementaron un 19,4%.
Comparativamente con el resto de centros de enseñanza superior del territorio nacional, el porcentaje de descenso en la financiación estuvo por encima de la media. De hecho, Canarias fue la sexta región del Estado que más ha reducido la financiación de sus universidades. La evolución de los presupuestos de las universidades públicas, elaborado por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, a partir de datos de los propios centros y del Ministerio de Educación, también desvela que fue la Universidad de La Laguna la que más perdió en términos absolutos (unos 26 millones de euros) frente a los 16 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Pero si algo marcó la realidad de la universidad pública española, además de seguir la tendencia iniciada en 2009 de ir recortando su financiación, fue el intento del Ministerio de recortar la independencia universitaria. Un comité de sabios, mandatado por José Ignacio Wert, ministro de Educación en ese momento, elaboró un informe para modificar la gobernanza universitaria que, por lo menos momentáneamente, y sobre el papel, atacaba la línea de flotación de la independencia universitaria y señalaba que, por ejemplo, los rectores deberían ser nombrado por un Consejo de Universidad, formado por miembros elegidos en un 50 % entre el claustro, un 25 % las comunidades autónomas y otro 25 % por los anteriores grupos.
Cierto es que el documento también incorporaba otros elementos menos polémicos y muy necesarios como el fomento de la investigación o una nueva forma de contratación que flexibiliza la contratación, pero la realidad es que las dudas sobre la constitucionalidad de los cambios en la elección de los órganos de gobierno de la universidad centraron buena parte del debate. De hecho, dos de los prestigiosos juristas a los que se encomendó la elaboración de ese documento emitieron voto particular señalando la inconstitucionalidad de alguno de los contenidos del mismo. Los ataques tanto económicos como a la ya consolidada independencia universitaria fueron, por tanto, lo que marcaron, junto con las manifestaciones estudiantiles por la subida de las tasas de matrícula, lo que marcaron la realidad del 2013 universitario.
Y lo triste es que se mantuvieron las bases mismas de lo que debería cambiar en la universidad pública española para hacerla más competitiva, para que se imbrique mejor en el mercado laboral, para mejorar su rendimiento. Queda mucho por mejorar. Desde ajustar la oferta de las titulaciones a la demanda real de los alumnos, a perfeccionar un sistema de becas y ayudas al estudio para que realmente sea efectivo, pasando por una mejor selección del profesorado o crear canales de trasferencia del conocimiento a las empresas españolas e incrementar la producción científica… pero ¿todo eso se puede hacer mediante salvajes recortes? La respuesta evidente es no. Para lograr la excelencia se debe invertir, no recortar. Pensar en el resultado a largo plazo y no en el cortoplacismo. Buscar y exigir resultados; no milagros.
