Los asuntos de la política formaron parte indisoluble de la Justicia a lo largo de todo el año 2014. Y lo hicieron no tanto en el plano de las investigaciones por presuntas corrupciones de cargos públicos, que también, sino porque algunas decisiones políticas de gran calado fueron llevadas a los tribunales para que resolvieran éstos las distintas posiciones que mantenían los gobiernos central y canario.
Un ejemplo de judicalización de la política estuvo ligado a la eterna polémica del petróleo. Así, a cuenta de las prospecciones que quería desarrollar Repsol en aguas cercanas a las Islas, el Ejecutivo que presidía Paulino Rivero llevó ante la judicatura las decisiones ministeriales de los responsables de Industria y de Medio Ambiente. Sin embargo, una y otra vez los litigios defendidos por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma fueron derribados por los órganos competentes en dirimirlos. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, todos se pronunciaron en contra de las tesis del Gobierno de Canarias para suspender los sondeos petrolíferos a 50 kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote.
El año terminó también en los tribunales con otro asunto de enjundia para los intereses estratégicos del Archipiélago: la privatización del 49% de AENA. El Ejecutivo canario consideró que dicho cambio en el modelo de gestión colisionaba directamente con el articulado del Estatuto de Autonomía, por lo que reclamó, en un primer momento, que se convocara la comisión mixta de transferencias Estado-Canarias para pedir el traspaso de la gestión de sus aeropuertos de interés general. Como el Estado hizo caso omiso, en dos ocasiones, a la convocatoria de este órgano interadministrativo, el Ejecutivo autónomo presentó un requerimiento contra la Administración General del Estado, que fue desestimado a principios de diciembre. El Gobierno canario, mandatado por el Parlamento regional para reclamar las competencias de los aeropuertos del Archipiélago, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, al considerar que se limitaban las competencias autonómicas.
Pero si la política impregnó el ámbito de la Justicia en todas sus dimensiones fue sobre todo por el papel jugado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El responsable estatal en materia de Justicia logró lo que nunca antes soñaron sus predecesores: unir a toda la judicatura. Aunque nadie antes que él –ni él mismo, claro– pretendieron que dicha alianza de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y resto de operadores jurídicos, independientemente de cualquiera que fuese su ideología política o adscripción asociativa fuera para armarse en contra suya por las diferentes iniciativas que desde el Ministerio pretendía imponer, sin diálogo ni consenso, para reformar la judicatura española.
Pero la oposición frontal a sus medidas no fue lo que llevó al ministro de Justicia a presentar su dimisión en septiembre de 2014. Ni siquiera, la oposición de todos estos actores y de gran parte de la sociedad civil tras la implantación de las denostadas tasas judiciales. Ruiz-Gallardón dejó el cargo en realidad por el anuncio de su jefe, Mariano Rajoy, de que se retiraba la reforma de la Ley Orgánica 2/2010 o Ley del Aborto, que Ruiz-Gallardón defendió a capa y espada, pero que así se convertía irremediablemente en el mayor fiasco de su actividad ministerial. Más inadvertida pasó otra dimisión en la judicatura relacionada con las decisiones políticas: la de Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado.
Una de las medidas más impopulares de Ruiz-Gallardón fue la implantación de las tasas judiciales. Aunque se implantaron el año anterior, fue 2014 el último en el que las personas físicas tuvieron que abonar un impuesto por acudir a los tribunales y usar el servicio público de la Administración de Justicia. En los primeros meses de 2015, el Gobierno central modificó la ley 10/2012 dejando solo a las sociedades y empresas dentro del tributo. Para los ciudadanos, la imposición fijaba por ejemplo, para un divorcio o una separación matrimonial que no fuese de mutuo acuerdo, el pago de un mínimo de 168 euros; reclamar contra una sanción administrativa, 200 euros; un pleito por un impago en una comunidad de vecinos, unos 300 euros. Y si no conforme con una sentencia en primera instancia se apelaba… los recursos se elevaban hasta los 1.200 euros en tasas. El tasazo, como se le conoció, afectaba todos por igual y no tenía en cuenta el poder adquisitivo, quebrando la tutela judicial efectiva, como regula el artículo 24 de la Constitución española.
En 2014 asistimos también al fin de la doctrina de la Justicia Universal que tantas alabanzas reportó en el plano internacional a la acción de la justicia española y de los magistrados de la Audiencia Nacional, competentes en este ámbito. El Gobierno de España presentó la modificación de esta ley orgánica en el Congreso por la vía urgente, encontrando a toda la oposición en su contra, por su tramitación y por lo que encerraba el cambio en sí. La Audiencia Nacional tuvo que revisar los casos abiertos antes de dictar el archivo de causas como el genocidio del Tíbet, uno de los doce procesos que perseguía.
Esta reforma exprés se llevó a cabo después de que la Audiencia Nacional ordenase la detención del expresidente chino Hu Jintao y las presiones del país asiático triunfaron. A los pocos días de su publicación en el BOE, más de una treintena de narcotraficantes internacionales, que esperaban juicio en cárceles españolas, fueron puestos en libertad. Con la reforma se exige que las víctimas sean españolas y que sus verdugos residan en España, unas condiciones de casi imposible cumplimiento. Asimismo, en marzo de este año se eligió al magistrado tinerfeño José Ramón Navarro Miranda para presidir este alto órgano jurisdiccional, solo diez meses después de haber asumido la Presidencia del TSJC, cargo al que accedió luego el magistrado grancanario Antonio Doreste.
Fin de la Justicia Universal
Mientras tanto, algunas investigaciones judiciales por presuntas corruptelas de cargos públicos seguían su curso, in illo tempore, en los tribunales canarios como los casos Góndola, Faycán o Teresitas. Sin embargo, salieron a la luz pública nuevos asuntos, que también llevaban lo suyo investigándose pero cuyas actuaciones eran hasta entonces secretas. El caso Corredor, que afectaba al entonces alcalde de La Laguna y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al que se le imputaban delitos como malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias, acabó en el sobreseimiento provisional, meses más tarde, de la pieza separada 22, que afectaba a Clavijo junto con otras 12 personas, entre ellas dos concejales laguneros, técnicos municipales, mandos policiales y empresarios del ocio nocturno. El grueso del caso sigue en los tribunales, donde se investiga la presunta estafa de más de cuatro millones de euros de la que sería responsable el empresario y abogado Evaristo González.
Otro asunto de relevancia se produjo cuando el Tribunal Supremo condenó al entonces senador de Coalición Canaria y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, a ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia consideró probado que el exregidor, junto al exteniente de alcalde Guillermo Núñez, adjudicaron las obras de remodelación de un edificio municipal con un encargo directo a la compañía IMES, sin tramitar el correspondiente expediente de contratación. Meses después, el Supremo pidió también el suplicatorio al Senado para proceder contra Zerolo por prevaricación y malversación de caudales públicos por Las Teresitas. El exalcalde abandonó la Cámara Alta y el sumario regresó a los juzgados tinerfeños para fijar la apertura de juicio oral.
Por su parte, el exalcalde de Valle Gran Rey (La Gomera), Ruymán García, ingresó en prisión para cumplir una condena de cuatro años, seis meses y un día de prisión por un delito de malversación de caudales públicos. García fue condenado por contratar a dedo a su hermana en 2008 como monitora de ludoteca contraviniendo los procedimientos legales… y se consideró probado que cobró salarios sin que se hiciera el trabajo.
Algunos datos
Canarias dedicó 15 millones de euros para financiar los 35.000 expedientes de justicia gratuita que se tramitaron durante 2014. La inversión en España aumentó en un 1,5% respecto al año anterior hasta alcanzar los 226,9 millones. Fue la primera subida del presupuesto tras una reducción acumulada de casi un 15% en los cuatro años anteriores, marcados por los continuos tijeratazos al gasto en justicia. Mientras, sólo en lo referente a Canarias, la tasa de litigiosidad aumentó un 3,2% en 2014. Se incoaron 349.819 expedientes frente a los 343.886 presentados en 2013. Los órganos judiciales de las Islas resolvieron 355.190 casos, frente a los 361.825 a los que se dio carpetazo un año antes, lo que supone una disminución del 1,83%. En trámite quedaron 71.498 casos. Los jueces del Archipiélago dictaron 46.840 sentencias, por las 46.728 resoluciones del año anterior.
