El Gobierno de Canarias encargó en noviembre de 2014 una macroencuesta para saber cuál era la opinión de la población de las Islas sobre la decisión del Gobierno estatal de llevar a cabo sondeos en la aguas del Archipiélago en busca de gas y/o petróleo. Esta ocasión se aprovechó para conocer otras variables como saber cuáles eran las principales preocupaciones que en verdad ocupaban a los canarios.
La encuesta encargada por el Gobierno de Canarias determinó que la mayoría de los habitantes del Archipiélago estaba en contra de los sondeos petrolíferos, pero, como era de esperar, a la cabeza de sus preocupaciones estaba y están las cifras de desempleo. Así lo puso de manifiesto el 90,6% de los encuestados; el 64,2% también expresó su queja sobre la situación sanitaria; y el 43,25% de los encuestados apuntaron hacia la educación.
Precisamente, Canarias terminó el año 2014 con un descenso del desempleo. Se crearon 20.000 nuevos empleos netos según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), o lo que es lo mismo, hubo un descenso del 6,34% en el número de parados, pero aún restaban 342.200 personas, muchos de ellos parados de larga duración y otros tantos sin haber conseguido un primer empleo, careciendo por tanto de la experiencia que se pide como requisito en la mayoría de las ofertas de trabajo.
Frente a este dato aparentemente triunfal que se dio a conocer a principios de 2015, lo cierto es que nuestra Comunidad Autónoma es la segunda comunidad española, detrás de Andalucía, en tasa de paro, con un 31,1%; y sangrante es que el 59% de los canarios menores de 25 años no consigue ni un primer empleo. 2014 sólo acumuló datos negativos en lo que a las cifras del paro en Canarias respecta y en comparación con el resto de comunidades autónomas.
Así, en julio de 2014 el paro en las Islas fue del 33,68%, 356.900 desempleados; y en octubre se alcanzó la cifra del 33,36% o lo que es lo mismo, 362.300 personas en las Islas esperando una oportunidad laboral. Todo ello configura la negra foto de los hogares de Canarias. Según el último informe de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 68% de los hogares de Canarias llegaban a fin de mes con mucha dificultad. Para el 57,9% de los hogares de Canarias ha sido impensable disfrutar de una semana de vacaciones fuera de sus casas; y los retrasos en los pagos habituales se vivieron en el 16% de las viviendas.
A ello hay que sumar que Canarias se caracteriza por contar con una economía basada en el sector servicios, sobre todo depende de la industria del turismo donde se concentra el 74,6% de la mano de obra. A ello se suman los sueldos bajos; de hecho, los trabajadores canarios cobran un salario mínimo inferior en un 13,69% a la media de España.
Por otro lado, durante el año 2014 Canarias siguió escribiendo historias procedentes del drama de los desahucios. Durante el primer semestre del año, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ejecutaron en Canarias 1.249 desahucios, un 24,15 por ciento más que en el mismo período de 2013. Asimismo, se llevaron a cabo 2.518 órdenes de desahucios, 58 más que un año antes. Durante los primeros seis meses de 2014, cada día en Canarias 14 familias vivieron el drama de tener que abandonar sus viviendas a consecuencia de un desahucio.
Las carencias, la imposibilidad de obtener un empleo estable, la rebaja en las ayudas sociales, la pérdida de derechos… Todo ello ha ido derivando en un aumento de la pobreza y exclusión social. El propio Diputado del Común lo recalcó en la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en octubre de 2014: Canarias está en los puestos de cabeza de la pobreza de España. Para ello tiró de los propios datos del INE que posicionaron a las Islas como la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza, alcanzando al 32% de la población, cuando la media estatal era del 22%.
Pero ahondando más, los resultados del informe que por encargo de Cáritas elaboró la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) fueron muy elocuentes. La pobreza severa afecta a un 9% de la población de Canarias, casi el doble del conjunto del Estado, afectando sobre todo a las personas con ingresos por debajo del 30% respecto a los que percibe el resto de los ciudadanos del país. Una situación de desamparo desolador.
La crisis que se arrastra desde hace años impacta directamente sobre una de las partes de la población más vulnerables: los menores. Los últimos datos de la Ong Unicef revelan que 130.000 menores de Canarias viven en situación de precariedad.
Precisamente Unicef promovió la firma del Pacto Canario por la Infancia, firmado en noviembre de 2014 en el Parlamento de Canarias por todas las fuerzas políticas presentes en la Cámara. Un acuerdo en el que se adoptó el compromiso de “impulsar la elaboración y el desarrollo de políticas de infancia dentro del marco jurídico autonómico, insular y municipal, así como del II Plan de Infancia y Adolescencia de Canarias”.
Trabajar por garantizar la inversión pública en infancia, adoptar medidas específicas que erradiquen la pobreza infantil y corrijan de desigualdades, garantizar una educación inclusiva y de calidad, constituyen parte del acuerdo firmado. Porque a nadie se le escapa que la realidad más sangrante de esta quiebra social la han tenido que vivir las cientos de familias con hijos menores, con graves dificultades socioeconómicas agravadas durante el verano con el cierre de los comedores en las escuelas.
Los comedores escolares
En 2014, Canarias por segundo año consecutivo abrió los comedores escolares durante el verano acompañado del programa de inmersión lingüística a los que asistieron unos 6.000 alumnos de todo el Archipiélago. Una medida que no estuvo exenta de la polémica con críticas de aquellos que compararon los comedores de verano con comedores sociales.
Uno de los temas que más polémica ha conllevado en el panorama político social de Canarias ha sido el de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ayuda para familias sin ningún tipo de ingresos y otros colectivos vulnerables. El presupuesto que destinó el Ejecutivo canario para este fin, 23 millones, se agotó en abril de 2014.
En el suma y sigue salta otro titular en noviembre de 2014: “Canarias tarda más de tres años en reconocer la prestación por dependencia”. Lo dice el último informe de fiscalización del Sistema para la Autonomía persona y Atención a la Dependencia que elaboró el Tribunal de Cuentas, donde se recuerda que la Ley de Dependencia fija en seis meses el plazo máximo para resolver la petición de la ayuda.
Entre tanto, la clase política sigue hablando de recuperación económica, aumento de la competitividad, diversificación, inversión, innovación, estímulos económicos, mayor consumo, incremento del PIB, incentivos fiscales, renovación del Régimen Económico y Fiscal (REF) y otra tanda de expresiones que, siendo muy importantes en el panorama económico, no cumplen con las expectativas de aquel ciudadano o de aquella familia que debe sortear sus necesidades básicas a diario.
Ante este maltrecho panorama, no es de extrañar que en los períodos electorales vividos y los que vengan los partidos políticos se esfuercen por poner como eje central de sus políticas el bienestar de las personas; ¡Qué otra cosa iba a ser mejor!
