Huérfanas de un acuerdo estable de financiación desde un año atrás, las universidades públicas canarias afrontaban 2014 con el objetivo de mantener la calidad de su servicio, evitar los despidos y rematar algunas obras significativas que los recortes derivados de la crisis amenazaban con convertir en eternas. Lo consiguieron gracias a las medidas de contención del gasto puestas en marcha en el ejercicio anterior.
Mantener la calidad, evitar los despidos y rematar obras. Los objetivos de 2014 fueron una realidad en las dos universidades públicas canarias. Y una de ellas, la Universidad de La Laguna (ULL) incluso aprovechó la ocasión para emprender un ambicioso y polémico proceso de reestructuración con fines tanto económicos como de mejora de su eficiencia. Las estrecheces económicas no impidieron, sin embargo, que tanto la ULL como la ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) mantuvieran en 2014 los presupuestos con los que contaban el año anterior. La universidad grancanaria dispuso de alrededor de 126 millones de euros, en tanto que la tinerfeña consignó 136 millones. En cualquier caso, estas cuentas habían sufrido en 2013 una disminución de la que aún tardarán en recuperarse.
Los recortes, unidos a las restricciones impuestos por el Gobierno central a la convocatoria de ofertas de empleo público, habían provocado una constante mengua de la plantilla de profesorado durante los años anteriores ante la imposibilidad de reponer las plazas que las jubilaciones dejaban vacantes. No hubo despidos, pero sí un descenso en las incorporaciones de becarios dedicados a la investigación. No obstante, las cifras en el arranque y cierre de 2014 revelan una evolución muy diferente en ambas instituciones. Si la ULL profundizó en esta tendencia al perder 27 docentes e investigadores (de 1.633 a 1.606), la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias logró frenar el goteo y mejorar ligeramente sus números (de 1.550 a 1.589).
La clave de las incertidumbres financieras de la ULL y la ULPGC era la ruptura unilateral por parte del Ejecutivo canario del contrato programa, el instrumento mediante el que la Comunidad Autónoma suministraba fondos a las universidades. El Gobierno no cortó totalmente la financiación, pero esta ya no tenía carácter estable, sino que dependía de las partidas incluidas en los presupuestos regionales. Para hacer frente a esta situación, los dos centros prosiguieron con una de las actuaciones iniciadas en 2013: el cierre de sus instalaciones en parte de los periodos vacacionales (casi un mes en verano, algo más de una semana en Navidad y la Semana Santa). De esta actuación, con la que las instituciones pretendían producir un ahorro de más de 350.000 euros y que finalmente ha sido incluso superior, quedaron excluidos determinados servicios, como algunas salas de estudio, animalarios y laboratorios con muestras vivas.
Pero la medida de más alcance en este sentido fue la fusión de centros y departamentos que la Universidad de La Laguna continuó desarrollando en 2014. De 23 centros, la institución ha pasado a nueve (siete facultades y dos escuelas técnicas y de ingeniería), y al mismo tiempo ha reducido de 64 hasta 40 la cifra de departamentos. El camino, que se había iniciado un año antes, ha exigido un considerable despliegue de negociaciones —que no han conseguido contentar a todos— y obligó a reformar las relaciones de puestos de trabajo del personal de administración y servicios, así como a designar decanos y directores interinos encargados de elaborar los reglamentos de los nuevos centros y de pilotar la transición. La finalidad del proceso es recortar los gastos en salarios de cargos directivos y contar con una estructura más ágil y flexible, puesto que la ULL era, hasta ese momento, una de las universidades españolas de su tamaño más complejas desde el punto de vista organizativo. En definitiva, se ha tratado de adelgazar a una institución aquejada de sobrepeso administrativo.
Cambio de prioridades
Desde que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, dirigida por José Miguel Pérez (PSC-PSOE), comunicara a los rectores —José Regidor (ULPGC) y Eduardo Doménech (ULL)— la cancelación del contrato programa, les recomendó que postergaran la cobertura de algunas de sus proyectos en materia de infraestructuras. Los dirigentes de las universidades coincidieron en que la prioridad era que ni la plantilla ni el servicio educativo se viesen afectados, así que asumieron la situación. Sin embargo, ambos eran conscientes de que algunas necesidades no podían esperar.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria había podido resolver una de sus urgencias en este sentido durante 2013. La negociación con el Gobierno autonómico permitió que el frustrado proyecto de construir un nuevo edificio para las titulaciones de Humanidades en el campus de Tafira —nuevamente a causa de los recortes— fuera paliado con la cesión del IES Santa Teresa, desocupado tras el traslado de la actividad educativa a otro instituto cercano, el IES Tomás Morales.
La ULL creyó llegado su momento y solicitó a la Consejería algo similar: el traspaso del CEIP Prácticas Aneja —la antigua escuela para la formación en las aulas de los estudiantes de Magisterio—, contiguo a la Facultad de Educación, cuyo estado de deterioro y dispersión —está distribuida en cuatro módulos distintos— ha provocado el hartazgo de sus profesores y estudiantes y del propio equipo de gobierno de la institución. Cuando Eduardo Doménech anunció en la apertura del curso 2014-2015 que el consejero le acababa de prometer que la cesión se realizaría, el problema parecía solucionado. Sin embargo, en un giro aún difícil de explicar, las aspiraciones del centro se frustrarían pocas semanas después: Educación, condicionada por la presión de la comunidad educativa del colegio y del Ayuntamiento de La Laguna, daba marcha atrás.
Nueva sede de Bellas Artes
Para la universidad lagunera, 2014 será recordado también como el año en que se abrió a la docencia la nueva y espectacular Facultad de Bellas Artes, un proyecto que empezó a concebirse doce años antes como consecuencia de las pésimas condiciones en que se desarrollaba la actividad en el centro anterior y cuyas obras experimentaron retraso tras retraso al desaparecer buena parte de la financiación prevista. Pese a que la facultad entró en funcionamiento en septiembre, los trabajos no habían finalizado. Quedaba por cerrar la adecuación de la sala de exposiciones y el salón de actos y la urbanización exterior, actuaciones todas ellas pendientes de que el panorama económico se despejase.
La odisea que ha supuesto la construcción del inmueble —con la Universidad invirtiendo todo su superávit en la obra— dejó otro fleco, en este caso de naturaleza judicial: un contencioso entre el equipo de arquitectos y la institución relativo a las cantidades abonadas.
Las limitaciones financieras hacían inviable que el balance del año resultase positivo para las universidades públicas de las Islas, pero al menos algunos de los objetivos trazados pudieron cumplirse. No se produjeron despidos, se completaron algunas obras —mientras, eso sí, el conjunto de las infraestructuras seguía sometido a un proceso de envejecimiento— y las instituciones continuaron prestando su servicio con la misma calidad —o falta de ella, según las opiniones— que antes.
