La desigualdad de género es global; los feminicidios se suceden en todo el mundo y Canarias no es ajena a esta lacra.
La igualdad, o más bien la desigualdad de género, es sin duda el principal asunto pendiente que tenemos como la sociedad democrática y aspirante a igualitaria que reconocemos. De los múltiples indicadores disgregados por sexos con los que contamos, no encontramos ninguno que nos señale que se haya logrado la igualdad de género, salvo en lo referente al acceso a las universidades. Y aún en ese campo, cuando profundizamos, aflora la segregación por materias: los chicos, ingenierías; las chicas, letras. Además, ese hecho no tiene luego correspondencia ni con la posición que ocupamos las mujeres en las etapas posteriores a la formativa ni con los puestos de responsabilidad dentro de las propias universidades.
La desigualdad de género es global. En algunos lugares es más acuciante, más dramática, más insoportable. Pero los feminicidios se suceden en todo el mundo y Canarias no es ajena.
El 31 de marzo, por el hecho de ser mujer, era asesinada Yurena, de 23 años, en Telde, Gran Canaria. Un día después, el 1 de abril, con 44 años, moría asesinada María Victoria en La Laguna, Tenerife. Cuatro meses después, el 5 de agosto, llegaba la tercera víctima en Canarias. Se llamaba Ana Belén, tenía 38 años, y era asesinada en Santa Cruz de Tenerife. Por último, y ateniéndonos solo a las cifras oficiales del Ministerio, el 1 de noviembre era asesinada Lilibet en Arona, Tenerife, con 28 años de edad. No nos olvidamos de Donna, cuyo cuerpo aparecía el 30 de julio en Mogán, Gran Canaria. Con 47 años, su caso continúa siendo investigado.
No podemos hablar de Igualdad sin hablar de la violencia machista. Esa violencia que mutila vidas o acaba con ellas. Y con ellas deja huérfanos y familias destrozadas. Estos asesinatos son el exponente máximo de la desigualdad persistente en nuestra sociedad.
¿Y cuál es la asignatura pendiente? Sin duda, la prioritaria es acabar con esta lacra, la violencia de género, que afecta a miles de mujeres. Y para ello tenemos que conseguir implantar la igualdad en todos los ámbitos, de forma que las mujeres dejen de ser consideradas como ciudadanas de segunda, en el mejor de los casos, o como objetos de la propiedad de los varones en el peor.
La consecución de la igualdad real es un asunto que nos incumbe a todos y todas. Vivimos bajo el patriarcado de consentimiento. Esto es, se reconoce la igualdad como un derecho en las leyes, pero no se cumple.
Es obligación de los poderes públicos activar los mecanismos necesarios para pasar de la igualdad legal a la real. Activar políticas públicas que faciliten y guíen el camino con la imprescindible complementación de la sociedad civil. Los movimientos feministas han sido, son y serán el motor indiscutible de los avances de las mujeres en el mundo.
Un movimiento que ha sido atacado, insultado y agredido de todas las formas imaginarias por un patriarcado que se resiste a renunciar a su poder. Tengamos en cuenta que ese poder en manos de los varones lo podemos identificar de forma nítida en estamentos tan influyentes como la religión (100% del poder masculino), militar (100%), económico (98%) o político (entre el 70 y el 80% del poder en manos de varones, según territorios).
En el año 2010, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. Desde 2003, Canarias cuenta con la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, una Ley pionera en el Estado que, entre otras cuestiones, contempla y reconoce como violencia de género toda aquella que sufren las mujeres por el hecho de serlo y no sólo la ejercida por parejas sentimentales o ex parejas, como lo contempla la ley estatal. Asimismo, establece el sistema actual de atención con el que cuenta la comunidad autónoma en colaboración con los cabildos por el que existe en todas las islas una red especializada de recursos para atender a las mujeres víctimas de violencia de género.
Incumplimiento de la norma
Pero volvamos a la Ley de Canaria de Igualdad, la del 2010. De ella deriva la Estrategia para la Igualdad 2013-2020 del Gobierno de Canarias. Las leyes, las estrategias y las normas son susceptibles de ser revisables, ampliables y modificables. Pero antes de eso, tendremos que evaluar el grado de cumplimiento de las mismas. Es ahí, me temo, que en Canarias nos llevamos un sonoro suspenso.
La estrategia para la igualdad implicaba a todos los departamentos del Gobierno de Canarias, así como a empresas públicas dependientes del mismo. Cinco años después se ha quedado en un documento técnico con un muy deficiente grado de ejecución. Si el responsable de impulsar las políticas públicas para la igualdad no cumple con lo que ha aprobado él mismo para sí mismo, ¿qué le va a exigir al resto de administraciones y a la sociedad canaria?
De nada sirven las normas si no somos capaces de aplicarlas. Sobre todo si no las aplicamos no porque no sean viables, sino por falta de voluntad, impulso, determinación y dotación.
Hacen falta recursos financieros y humanos, hace falta formación especializada, hacen falta estudios y diagnósticos reales, pero, sobre todo, hace falta determinación.
Las políticas de igualdad son de luces largas, pero no infinitas. Reconstruir los cimientos que han forjado durante siglos una sociedad machista para volverla a construir en los valores del feminismo, ese movimiento que lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, que combate la desigualdad y respeta las diferencias.
Los derechos de la mitad de la población no son aplazables: no lo podemos dejar para más adelante, para cuando a algunos les venga mejor.
Un dato que debería alarmarnos como sociedad: en los últimos tres años se ha triplicado el número de menores detenidos por violencia de género. En España se ha pasado de 123 a 369 detenciones de varones menores de edad.
En las cárceles canarias, durante el 2017, han estado encarcelados 379 hombres por delitos de violencia de género, siendo ya el tercer grupo por tipología de delitos en las prisiones y situando Canarias a la cabeza de las comunidades autónomas porcentualmente por cada millón de habitantes.
Incremento de las denuncias
Por otro lado, hay que tener en cuenta un dato importante: el aumento de las denuncias. Esto debemos interpretarlo como una buena noticia, ya que indica que las mujeres salen del silencio y del anonimato que perpetúa las situaciones de violencia. Sin embargo, datos del CGPJ nos indican que ha descendido el número de denuncias procedentes del entorno familiar (solo un 1,6% provienen de las familias) y nos sitúa en las tablas históricas como una de las comunidades autónomas con mayor número de víctimas mortales. Eso sí que no es una buena noticia.
¿Qué nos queda por hacer? Todo. Desde interpretar y asumir esta realidad para situarla en primera línea de la agenda política hasta actuar con inteligencia y determinación.
Nos falta entender que los derechos humanos no se negocian. Que los avances son importantes, pero insuficientes. Que las mujeres no somos ni cuerpos de consumo, ni vasijas de gestación para privilegiados. Nos falta reconocer sus trabajos, apreciar sus aportaciones e impulsar y aprovechar sus capacidades.
En definitiva: nos falta igualdad.
