El principio de realidad

Llego al término de mi carrera pública como Diputado del Común. Una institución pegada como pocas a la realidad de las personas. A sus anhelos y sufrimientos, a sus miedos y esperanzas. A la vida, en definitiva, que desborda las frías estadísticas y encuestas que suelen colapsar el discurso público y enmascarar lo que nos pasa, es decir, aquello que nos importa o nos debería importar de verdad a los que nos dedicamos a la cosa pública. Y en especial la realidad de aquellos miembros de la comunidad que, por una u otra razón, se han quedado en el más absoluto desamparo o en los márgenes de la sociedad, sin ni tan siquiera la comprensión o el auxilio de las administraciones públicas. Ser la voz de los que no tienen voz y la esperanza de los que la perdieron a lo largo del camino es lo que acaba de dotar de pleno sentido a la Defensoría del Pueblo en Canarias, como garantía de la promoción de los derechos de los ciudadanos y de una democracia más plena en unas islas que han crecido y progresado desde la llegada de la democracia, pero que aún requieren que ese desarrollo sea más social y equilibrado de lo que ha sido hasta ahora, a través de una economía más inteligente, sostenible y justa.

He tenido la fortuna de asistir como un observador privilegiado y, en ocasiones, también como actor, al proceso histórico que ha vivido España desde los orígenes de la Transición hasta alcanzar la madurez democrática de la que hoy disfrutamos. Un camino que recorrimos con éxito como país por mucho que determinadas corrientes de opinión que han brotado con fuerza estos últimos años se empeñen en cuestionar la legitimidad de un proceso que pese a sus imperfecciones permitió recuperar los derechos y libertades a la sociedad española, además de traer progreso y bienestar al país. El crecimiento experimentado por el Archipiélago es innegable durante esta etapa democrática, en la que se produjo además el establecimiento y desarrollo autonómico, con el consiguiente fortalecimiento del autogobierno. La entrada en la Unión Europea ha sido también decisiva no solo para el progreso económico de las Islas, sino también para la promoción de unos servicios públicos de calidad en cuestiones tan vitales como la sanidad, la educación o el transporte y las comunicaciones.

Son logros alcanzados, pero no conquistados para siempre. Circunstancias como la crisis económica que hemos sufrido en los últimos años, cuyas consecuencias continúan latentes aún en el país, han puesto a prueba una serie de resortes del Estado Social y de Derecho. En este sentido quiero recalcar la Ley de Dependencia, que se ha visto considerablemente desprovista de recursos públicos para atender a las personas que se encuentran en esta situación y a sus familias, donde lamentablemente Canarias ha estado entre las peores autonomías en su desarrollo. Los retrasos en el pago de la Prestación Canaria de Inserción que se experimentaron también en las Islas en diversos momentos de la etapa más dura de la crisis es otro de los capítulos que sirven para ilustrar la debilidad del sistema, que se olvida en los peores momentos de los que peor lo están pasando.

Estos han sido algunos de los principales caballos de batalla que hemos tenido que lidiar durante la etapa de Diputado del Común, muchas veces incluso ante la cerrazón o la incomprensión de las instituciones públicas competentes en la materia. Problemáticas que continúan latentes, con menor fuerza quizá, pero aún vivas pese a que la situación económica haya podido mejorar. Asuntos que tocan de lleno a esa realidad de la que hablábamos al comienzo de las personas que peor lo pasan y que deben ocupar el centro de la agenda pública y presupuestaria de nuestras administraciones públicas. La justicia social como un elemento clave en la vertebración de nuestro sistema democrático es esa especie de principio de realidad al que debemos volver para corroborar que no se ha perdido el camino del servicio público para el que están establecidas las instituciones.

Durante estos años también se han dado pasos atrás en aspectos que tocan de lleno a derechos consagrados en cualquier sistema democrático, como la libertad de expresión o manifestación, como lo ocurrido a través de la conocida como Ley Mordaza. Una normativa que con la excusa de reforzar la seguridad ha debilitado los derechos de la ciudadanía. El miedo, en definitiva, se ha impuesto a la libertad. Al igual que ha estado ocurriendo con las políticas migratorias, donde Europa se ha blindado ante la petición de auxilio de los refugiados, lo que ha constituido un absoluto fracaso como comunidad abierta, plural, solidaria y democrática.

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