Canarias está en una encrucijada en la que ya no puede incrementar el número de turistas sin afectar al medio natural.
En la pasada edición de Fitur, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, celebraba la llegada a Canarias de 16 millones de turistas durante el año 2017, un nuevo record para nuestra principal actividad económica. Esta noticia claramente positiva –así se escenificaba– en términos económicos, por el contrario, genera cada vez mayor inquietud en los sectores ambientalistas y preocupados por la sostenibilidad de nuestra tierra.
Más allá de los disparados consumos de recursos energéticos, naturales, de suelo, tan escasos en este territorio insular, se está produciendo una masificación creciente de los espacios naturales, con los consiguientes problemas de conservación y de gestión de unos enclaves dotados de infraestructuras pensadas para volúmenes de visitantes de hace varias décadas, por tanto claramente insuficientes y que se desbordan con suma facilidad.
El turista actual ha cambiado, no es el de antaño, tiene una mayor información del territorio que visita, gracias a las TIC, a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, ya no se queda en los guetos turísticos, sino que quiere conocer y visitar los lugares más atractivos de las Islas, sus parques nacionales, sus parques rurales y naturales, las playas más atractivas y recónditas, los llamados must. Es un deseo legitimo y lógico, cuando además la promoción turística tanto insular como regional también han evolucionado y ofrecen experiencias integrales en la naturaleza de las Islas, no sólo vacaciones para tostarse al sol. Ahora bien, cuando el turista encuentra esos espacios idílicos masificados, congestionados de coches y personas, con residuos abandonados en miradores o senderos, la experiencia se transforma en negativa, y es lo que algunos expertos llaman la superación de la capacidad psicológica de acogida, es decir, el limite de personas en los que la experiencia de la visita se transforma en negativa.
Por otro lado, seguimos sin conseguir que los beneficios económicos de la actividad turística se redistribuyan con una cierta equidad y lleguen a los habitantes de los espacios rurales, es decir, los que no tienen hoteles ni apartamentos, que soportan la parte negativa del turismo sin beneficiarse de la positiva. Son municipios cuyo territorio esté declarado en gran parte como Espacio Natural Protegido y, por tanto, sin posibilidad de ponerlo en uso económico, que son objeto de visita diurna, rápida y temporal por parte de los turistas, pero no reciben apenas ingresos de forma directa.
Indicios de rechazo
Los autóctonos ven pasar en guagua o en coche de alquiler a los turistas y no perciben en su creciente transito ventajas sino inconvenientes, con lo cual también estamos comenzando a detectar los primeros indicios de rechazo al fenómeno turístico. Para responder a estos desequilibrios es fundamental la acción de las Administraciones públicas, que inviertan y mejoren las infraestructuras básicas de los espacios rurales canarios, a pesar de que sean también espacios que tienden progresivamente –desde hace décadas– al envejecimiento y al desplazamiento a los espacios urbanos, agravando el problema y condenando las posibilidades de futuro de la poca población joven que aún permanece en las medianías insulares.
En definitiva, que Canarias se encuentra en una encrucijada en la que ya no puede conformarse con incrementar el número de turistas, ya que la capacidad de carga de este territorio limitado, frágil y fragmentado se desborda cada día más, porque el turismo experimenta –no sólo en nuestra latitud sino en todo el contexto mundial– un autentico boom. En otras palabras, la cuestión no puede ser ya traer más turistas, sino traer a mejores turistas, solo la apuesta decidida y clara por esta nueva política puede atenuar los impactos negativos crecientes y generar un verdadero desarrollo sostenible, tan habitual en los discursos pero tan excepcional y poco definido en la realidad.
Sí a la ecotasa
Una medida que no es nueva ni original y que defendemos desde los sectores más vinculados a la sostenibilidad es la puesta en vigor de una ecotasa que grave las pernoctaciones de los turistas y que tenga un carácter finalista para los espacios y poblaciones que no se benefician de los recursos directamente generados por esta actividad económica, que se puedan mejorar las infraestructuras obsoletas de nuestros espacios naturales, aumentar el personal dedicado a la vigilancia y el control, el mantenimiento de los senderos y caminos públicos que forman parte importante del patrimonio histórico de Canarias, la mejora de la prevención en accidentes en la naturaleza y para evitar incendios forestales, entre otras medidas.
Somos conscientes de que este tipo de tasas turísticas generan controversia y una fuerte oposición por parte de los poderes económicos y las empresas del sector turístico, en especial los touroperadores, tan poco amigos de nuevos gravámenes del tipo que sean. Las ecotasas están demostrando su éxito en espacios fuertemente masificados turísticamente, ciudades como Barcelona, Ámsterdam o las del norte de Italia, o en Baleares, más recientemente. Sin embargo, creemos que es importante su puesta en vigor más allá del efecto recaudatorio, se trata de transmitir un mensaje a la sociedad de que el territorio tiene un valor intrínseco que debe ser protegido incluso de la misma gallina de los huevos de oro, y que los gestores de este territorio se preocupan por aplicar una política redistributiva bajo el principio de equidad, tal y como desarrollan los Objetivos del Milenio de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, apoyar más a los que tienen más problemas, a la vez que se conserva el increíble patrimonio natural y cultural de estas Islas.
El ejemplo del Teide
Un ejemplo de este problema es el Parque Nacional del Teide, que ostenta el dudoso récord de ser el espacio natural más masificado de España, con 4 millones de visitas al año. Lo que hasta unos años se expresaba con orgullo ahora constituye un serio quebradero de cabeza para los gestores responsables de este espacio natural Patrimonio de la Humanidad.
En la búsqueda de soluciones el Cabildo Insular de Tenerife, la única administración local de España que tiene delegada la gestión de un parque nacional, ha intentado buscar fórmulas de mejorar su gestión, algo nada fácil sin cambiar radicalmente el sistema de visitas de este espacio. A finales de año se aprueba para sacarlo a información publica el Reglamento de Uso Público del Parque, un documento que permitirá el futuro cobro por aparcar en los parkings habilitados (apenas 200 plazas), por acceso a los centros de visitantes o por el permiso de subida al Pico Teide. El documento era bastante impreciso en cómo, cuándo y a quiénes se les iba a aplicar, generando una alarma social como nunca hemos vivido en Canarias respecto a la gestión de un parque nacional.
Esta reacción llevó al Cabildo a tener que salir urgentemente a explicar que pretendía este reglamento y a precisar que no se iba a aplicar “en ningún caso a los ciudadanos de Tenerife”. Aún no se han resuelto las alegaciones presentadas desde múltiples estamentos ambientales y sociales de Canarias, pero la conclusión es un serio aviso para navegantes: tenemos espacios naturales en Canarias que le importan de verdad a esta sociedad, y cualquier cambio en su gestión tiene que ser estudiada con prudencia y rigor, a la vez que consensuada y transmitida a la opinión pública canaria con idéntica seriedad.
El gran incendio de Tejeda
En 2017 tuvimos la gran tragedia ambiental de Canarias localizada en el centro de la isla de Gran Canaria, un pavoroso incendio que llego en el principio del otoño, para asolar 2.700 hectáreas de monte, evacuar a más de 800 personas y acabar con la vida de Carin Ostman, vecina de la Vega de San Mateo. Este incendio cuyas causas apuntan a la intencionalidad y que se encuentra en investigación judicial, comenzó con una fase explosiva, característica de los grandes incendios registrados en Canarias, en La Palma, Tenerife o la misma Gran Canaria, hace apenas diez años. Las altas temperaturas combinadas con los bajos niveles de humedad y vientos intensos propicia que el fuego se extienda a una velocidad inabordable para los equipos de extinción, que apenas se pueden limitar a evacuar a los vecinos amenazados e intentar proteger sus viviendas, en el mejor de los casos.
Al final, con el esfuerzo coordinado de los equipos de extinción y la mejora de las condiciones meteorológicas, el incendio se dio por controlado tres días más tarde, aunque tardaría en ser extinguido totalmente varios días más. Quizás de las lecciones que pueden extraerse de este y otros incendios acontecidos en los últimos años es que hay que mejorar las labores de prevención, en especial las que tienen que ver con las tareas agrícolas, como la quema de rastrojos. Es demasiada casualidad que Gran Canaria tenga el mayor de incendios provocados de la última década de todo el Archipiélago, un 64% del total.
