La controversia sobre las listas de espera, con fuerte trasfondo político, marca un año convulso para la gestión sanitaria en las Islas.
Diciembre de 2016 acabó con enfado, desasosiego y, sobre todo, incertidumbre. El panorama que la ruptura del acuerdo de gobierno entre el partido socialista (PSOE) y Coalición Canaria (CC) dejó en la Sanidad es aún hoy recordado por esos 200 millones de euros que, supuestamente, el Servicio Canario de Salud (SCS) iba a desviar del presupuesto. Una matraquilla que llenó durante meses las portadas de las principales cabeceras del Archipiélago y un debate que jamás ha vuelto en este último año y medio a la tribuna pública.
A mediados de enero -principios de febrero- aterrizaba en el departamento José Manuel Baltar. Vicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), director de Operaciones de Hospitales San Roque y director gerente del Hospital San Roque Las Palmas de Gran Canaria, el nuevo consejero llegó al cargo despertando una gran polémica. Y es que, pronto los medios de comunicación sacaron a colación unas declaraciones que había hecho meses antes (en septiembre de 2016) en las que aseguraba que con 16 millones resolvería las listas de espera.
Los siguientes meses -mientras el consejero acababa de acostumbrarse a su nuevo puesto- la incertidumbre creció aún más. Baltar empezó a mostrar su compromiso ante la mayoría de problemas que azotaban la sanidad canaria: listas de espera, precariedad laboral, poner en total funcionamiento los hospitales comarcales de Tenerife, poner en marcha el Plan de Urgencias e ir solucionando, poco a poco, distintas peticiones de colectivos que reniegan de las promesas.
Durante esos meses todo se paró. Las huelgas, movilizaciones y demás movimientos se detuvieron para contemplar con expectación cuáles serían los próximos pasos del consejero. No obstante, llegó marzo y las listas de espera referentes a febrero -un documento al que los periodistas estábamos acostumbrados a recurrir cada mes- no se publicaban. El PSOE se había comprometido durante su mandato compartido a sacarlas a la luz mes a mes, sin embargo, la nueva consejería no se veía con motivos para hacerlo. Aunque durante unas semanas la Consejería de Sanidad nos indicó que se publicarían en el plazo de unos días sin falta.
La concertación, siempre polémica
Durante las siguientes semanas no habría un día en el que esta servidora no se pusiera en contacto con la Consejería de Sanidad para ver cómo iban esos trámites. Sin embargo, empezaba el mes de abril y la cosa seguía igual: seguíamos sin tener las listas de espera referentes a febrero de 2017. Finalmente, a mediados de mayo admitieron que las dejarían de publicar de forma mensual para hacerlo de forma semestral, como obligaba la ley. El debate llegó hasta el Parlamento de Canarias, donde los socialistas les echaron en cara esta decisión y pidieron revertirla, pero el consejero se mantuvo en sus trece e incluso les acusó de que sus datos no cuadraban con la realidad. Algo que más adelante supimos que era cierto.
En mayo, descubrimos que los conciertos sanitarios se habían llevado una buena porción del pastel presupuestario sanitario. Concretamente un 10,5%, colocando a Canarias como la tercera comunidad que más dinero destina a este fin. En 2017 presupuestó 269 millones de euros en conciertos sanitarios -contando la porción que se lleva la empresa pública de gestión privada Gestión Sanitaria de Canarias (GSC)-. Al mismo tiempo, destacamos que estos contratos llevaban sin sacarse a concurso público desde hacía años y que, muchos de ellos, se han ido renovando desde antes de 1978. El consejero se comprometió en los siguientes meses a revisar los conciertos antes de que acabara el año. Los cambios están viendo la luz desde finales de marzo de 2018.
Los siguientes meses transcurrieron con cierta normalidad, no obstante periodistas, ciudadanos y personal sanitario en general aguardaban con ansia la publicación de las listas de espera de junio de 2017, pues todos queríamos conocer el resultado del trabajo del departamento. Sin embargo, a principios de mes, aún sin hacerse público este documento, la Asociación en Defensa para la Sanidad Pública en Canarias (ADSPC) filtró a los medios de comunicación un informe obtenido a través de la Ley de Transparencia que reflejaba que en la lista de espera para consultas de diciembre de 2016 había 122.000 pacientes más de los que se estimaba en la publicación oficial del SCS.
Esta noticia no solo puso sobre la mesa que el partido socialista no había integrado todos los datos sobre pacientes en sus publicaciones, sino que pasó la pelota al tejado de José Manuel Baltar, quien, en las listas de espera de junio de 2017, tuvo que subsanar este nada baladí detalle.
A finales de julio de 2017 se hacen públicas, finalmente, estas nuevas listas de espera. Aunque el departamento consiguió resultados, (18.000 pacientes menos en consultas y 2.100 en operaciones quirúrgicas), para la mayoría de agentes sanitarios no fue suficiente. De hecho, en los siguientes meses continuaron notificándose casos de esperas grandiosas para algunos pacientes y, a día de hoy, sigue siendo una constante. Recientemente Baltar, tras conseguir reducir un 15% la lista de espera en diciembre de 2017, ha mostrado su deseo de conseguir que ese porcentaje aumente hasta el 17%. A día de hoy, la oposición sigue manteniendo su postura de que los datos de las listas de espera están “falseados”. De hecho, el Partido Popular ha propuesto realizar una auditoría para esclarecer la verdad.
El lío de las microalgas
Pero volvamos al verano, porque la publicación de las listas de espera no alivió la presión sobre la consejería que pocos días después empezó a enfrentarse lo que más adelante los medios de comunicación denominarían la crisis de las microalgas. Las Trichodesmium erythraeum llegaron a las costas canarias poco a poco, dejando sus manchas cada día en una playa nueva. A finales de julio, las cabeceras de Archipiélago se empezaron a hacer eco del cierre de algunas playas por la aparición de estos fétidos y feos microorganismos.
La Dirección de Salud Pública fue rápido al principio. A los medios nos mandó varias notas de prensa donde explicaban el fenómeno y nadie puso más atención al principio, parecía algo puntual que iba a pasar sin más. Pero nos equivocamos. Los blooms de estas cianobacterias debido al calor, los episodios constantes de calima y la falta de vientos alisios empezaron a ser más y más comunes. Y, mientras estos organismos subían a la superficie como parte natural de su proceso, la sociedad canaria empezó a desarrollar una auténtica psicosis ante la posible -pero no real- relación entre estos organismos y el vertido de residuos al mar.
Durante el siguiente mes y medio, no se oyó, vio ni leyó otra cosa. Por primera vez, los propios científicos y especialistas en la materia fueron desdichos por la ciudadanía, y la intervención de algunos políticos de la oposición tampoco ayudó a paliar esta enajenación colectiva. Las redes sociales echaron fuego el día en que empezó a correr un bulo de que las microalgas habían sido las causantes del repunte de hepatitis A. La cosa terminó con el verano. Dejó de hacer calor y las microalgas desaparecieron, así como el debate.
El año fue finalizando y se pudo vislumbrar qué cosas se habían hecho y cuáles otras se habían sobreestimado. La finalización de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2007 no llegó a finales de año, y tampoco en el transcurso de lo que llevamos de 2018. No obstante, sí se realizaron ciertas acciones que han agilizado el proceso. Los hospitales del Norte y del Sur siguen sin serlo, pero al menos, alguna que otra cosa se ha puesto en marcha. La falta de especialistas sigue siendo el problema principal de la Sanidad y las infraestructuras y materiales, aunque cuentan con una cuantiosa partida económica para este año, siguen siendo deficitarias.
Ha comenzado un nuevo año y la incertidumbre sigue ahí pues no sabemos si esta consejería de Sanidad conseguirá sacar a Canarias de la cola de algo.
