La dotación presupuestaria en cumplimiento de la ley y el debate sobre las tareas marcan la pauta en la comunidad educativa.
En 2017 y en lo que llevamos de 2018 se ha hablado poco de la Educación en los medios de comunicación de Canarias. Este hecho podría ser una buena señal, ya se sabe que las buenas noticias no son noticia, y nuestros centros educativos han aparecido poco en los periódicos, las televisiones y radios. Desgraciadamente cuando las televisiones (incluso la pública) han abierto con noticias de nuestros centros educativos son por la visita del presidente del Gobierno o por un vídeo con escenas de violencia escolar, un dato que demuestra que, como denunció Kapuscinski, el periodismo se acaba cuando la noticia se hace mercancía. La mercancía de estudiantes y profesorado aplicando un plan por la convivencia vende menos que unos tirones de pelo en la puerta del instituto.
Según los datos anunciados por la consejera de Educación Soledad Monzón en este curso 2017–2018 en las Islas hay 270.507 estudiantes de educación no universitaria en Canarias (contando con las 51.022 plazas de Formación Profesional que se ofertaron al inicio del curso). El presupuesto de este departamento creció en 2017 en 42 millones de euros respecto a 2016, y se quedó en 1.547.418.883 euros. En 2018 se ha mantenido el crecimiento presupuestario con 100 millones más que en 2017 (58 millones para mejoras en la plantilla y 43 millones para infraestructuras, después de una legislatura sin invertir en obras). Hay que decir que en el mismo ejercicio presupuestario, el del año 2017, según los datos del Ministerio de Hacienda, la comunidad autónoma de Canarias cerró con un superávit de 295 millones de euros. El Gobierno canario volvió a demostrar su afán por ser los primeros fieles de esa religión del “déficit cero” seguida con tanta devoción por ministros y consejeros o consejeras de Economía.
¿Demasiada tarea?
El pasado 7 de abril el Consejo Escolar de Canarias aprobó el informe Tareas para casa, donde analiza el problema de “los deberes” que el alumnado debe hacer en su casa. En el texto de diecisiete páginas se hace un recorrido por la evolución de este problema y plantea que “es indispensable abordar y tener en cuenta las distintas realidades sociolaborales y culturales de las familias (…) incidiendo en la labor de coordinación y colaboración entre la escuela y la familia”.
Como padre de dos estudiantes de centros públicos puedo decir que más que la cantidad de tareas que mandan a mis hijos, lo que me preocupa es que veo que ni el profesorado, ni los padres y madres, ni el Gobierno estamos haciendo los deberes cuando hablamos de la educación no universitaria. La comunicación con los docentes se suele reducir a las notas que nos llegan anunciando las excursiones, cambios de horarios de comedor o de uniforme y alguna actividad extraescolar. Sería bueno promover escuelas de padres y madres que nos enseñen como implicarnos más y mejor en la educación de nuestros hijos. No sirve de mucho llevar a un instituto a un policía para hablar de los peligros de las redes sociales, si la mayoría de los padres y madres que regalan teléfonos o tabletas a sus hijos no saben lo que es Instagram o Facebook.
Tampoco los sindicatos están haciendo sus deberes. Cuesta entender que hayan puesto pegas a la oferta de más de 2.000 plazas a pesar de que el Gobierno canario había anunciado que se querían convocar coincidiendo con otras comunidades autónomas para evitar el efecto llamada. Resulta difícil de entender que quienes llevan décadas defendiendo el empleo público sin enchufismos hayan solicitado al Gobierno canario que reduzca la oferta de empleo público en las oposiciones de educación.
Ley sectorial y Presupuestos
La Educación es una de las principales herramientas que tienen las administraciones públicas para combatir la desigualdad. Para que la Educación sea un instrumento a favor de la igualdad el Gobierno canario cuenta con una herramienta legislativa hecha por la propia comunidad educativa: La Ley Canaria de Educación que llegó al Parlamento en forma de Iniciativa Legislativa Popular con el respaldo de la firma de 36.000 personas. Afortunadamente en esta ocasión el Parlamento canario rompió la vergonzosa y antidemocrática tradición de rechazar una iniciativa legislativa popular.
La ley de julio de 2014 plantea una serie de objetivos como reforzar la atención del alumnado con necesidades especiales, la enseñanza de idiomas, apoyar la educación infantil de 0–3 años, mejorar la oferta de la Formación Profesional, etc. Se establecen hasta nueve planes diferentes, todos requieren más dinero y uno de los objetivos de la ley es lograr destinar el 5% del PIB de Canarias a Educación en el año 2022. En el año 2017 el presupuesto en Educación supuso el 3,52%. Para 2018 se ha subido al 3,7%. Con ese ritmo de crecimiento no se cumplirá el objetivo de la ley.
Obras son amores y la voluntad política de los gobiernos se expresa en los presupuestos. En materia de educación infantil de 0 a 3 años el ejecutivo canario destinó cero euros en 2017. Los 3 millones de euros incorporados en julio de 2017 fueron a través de una Ley de Crédito Extraordinaria, la hicieron mediante enmiendas los grupos de la oposición, imponiéndosela al gobierno en minoría de Coalición Canaria.
En su discurso de investidura el presidente Fernando Clavijo definía como objetivo en Educación: “Un modelo educativo más productivo, más conectado con los sectores productivos y que sea una garantía de futuro”. Maravillosa frase. Pero el quid de la cuestión es si esos sectores productivos deben seguir siendo el cemento, el piche y el turismo. En el mismo discurso el presidente canario habló de hacer “una auténtica revolución turística” y de “cambiar el modelo productivo”, pero como dicen los magos o maúros, mucho chau chau y poco jace jace, porque no se cambia el modelo productivo celebrando que cada año viene un millón de turistas más (con el incremento del impacto ecológico por residuos, emisiones de gases, etc.), en lugar de buscar depender menos del sector turístico, que vengan menos guiris y aquí se quede más dinero.
Dice José Antonio Marina en su libro Despertar al diplodocus que “hablar de educación no es hablar de notas y de la evaluación PISA, sino de la actividad que nos constituye como especie. Es el poder que dirige, para bien o para mal, nuestra evolución. Sin embargo, las grandes palabras, lo grandes fines –la felicidad, la justicia, el amor– pierden su energía si son metas de un viaje para el que carecemos de rutas. Las utopías deben ir acompañadas de un mapa de carreteras”. Finalizo con esta cita con la esperanzada de que si la leen los responsables educativos del Gobierno canario sigan la hoja de ruta de la Ley Canaria de Educación (en una parte importante la están cumpliendo) y no apunten solo lo de “mapa de carreteras”, porque la historia nos dice que las peleas de los políticos canarios por el dinero para planes de carretera han sido siempre una prioridad frente a la necesidad de tener un buen plan educativo en las Islas, tuvo que ser una iniciativa de la sociedad la que trajo al Parlamento canario esta preocupación. De aquellos polvos, estos lodos, traducido al guanche bereber: de la lucha por aquellos piches, la situación de estos lodos educativos producto de tantos años de dejadez.
