Las consecuencias del estado de alarma para el transporte en Canarias fueron un carrusel permanente de variaciones en las condiciones de prestación de los servicios
El 2019 fue un año relativamente estable para el sector del transporte terrestre en Canarias, sobre todo si lo comparamos con lo que depararía el convulso 2020. El transporte y la logística representa el 8,9 % del PIB canario, con una generación de empleo directo cifrada en 34.000 trabajadores, caracterizado porque cada unidad productiva, el vehículo, necesita al menos un trabajador para mantenerse funcionando por lo que no cabe la posibilidad de mantener operativos los servicios aplicando reducciones de personal.
Las guaguas de transporte discrecional desarrollaron un negocio compuesto por un 25% de transporte escolar y un 75% de transporte turístico. Este subsector cuenta con una flota de 4.500 vehículos, con una representación inversora a valor de nuevo de 750 millones de euros, que en 2019 ejecutaron 1.900 rutas de transporte escolar con un movimiento diario de 45.000 alumnos, aparte de prestar servicio a 25 millones de viajeros turistas anuales, actividad fundamental para el adecuado desarrollo del motor de la economía de todo el archipiélago.
Mil trescientas guaguas de transporte público regular garantizaron la movilidad de más de 110 millones de viajeros en el año, en una tendencia ascendente propiciada por la conjunción de la mejora constante de la calidad de la oferta unida a la aplicación de políticas tarifarias muy potentes como el sistema de bonos residente canario.
Veintisiete mil vehículos de transporte de mercancías atravesaron un 2019 marcado por una baja actividad de construcción, una disminución del consumo interno de mercaderías y una demanda estancada en la hostelería, que constituyen los tres pilares básicos de la demanda de servicios de logística y transporte.
Cuatrocientas ambulancias vivieron con angustia el enésimo retraso en los procesos de licitación pública de los contratos de transporte sanitario ya que se agotaba la vida útil de los vehículos sin conocer el futuro que esperaba a estas empresas que requieren de una alta inversión en material y en personal muy cualificado.
El 2020 ha supuesto un reto organizativo mayúsculo e histórico en el sector del transporte por carretera de Canarias ya que ha tenido que mantener en activo unos servicios declarados de primera necesidad en un entorno tremendamente complicado.
El año estuvo marcado por un mes de marzo en el que el Gobierno de Canarias decretó el día 12 el cese inmediato de la actividad escolar, el día 14 se acordó la implantación del estado de alarma y se otorgó un plazo de cinco días para evacuar todos los establecimientos hoteleros, al tiempo que comenzaba una cascada incesante de medidas de restricción de la movilidad de la población y decisiones de orden laboral a nivel general. Las consecuencias para el transporte en Canarias fueron un carrusel permanente de variaciones en las condiciones de prestación de los servicios.
Las empresas de guaguas discrecionales pasaron en un plazo de 24 horas a un cero de actividad absoluta con el cierre de colegios y hoteles, incorporando al 95% de las plantillas a ERTE, manteniéndose esta situación hasta el mes de septiembre con la reanudación de la actividad escolar, que ha implicado retomar un 20% del volumen de negocio.
Los efectos colaterales han sido infinitos, comenzando con proveedores de combustibles, repuestos o talleres de reparación que vieron desaparecer de repente la actividad de sus principales clientes, hasta los fabricantes y vendedores de vehículos, que tuvieron que aceptar y renegociar la paralización de todos los vehículos que estaban en proceso de compra por los transportistas. Los instrumentos de crédito constituyeron la única forma de mantener vivas unas empresas que tenían que continuar afrontando los gastos fijos con una facturación inexistente.
La administración pública tuvo una actuación errante en este período, todavía hoy nadie se explica cómo la Consejería de Educación manifestó su negativa a prorrogar los contratos de transporte escolar a dos semanas del comienzo del curso, lo que generó una agria polémica en los medios de comunicación y en el Parlamento de Canarias, que se saldó con una firma de los contratos in extremis.
El transporte público regular de viajeros se mantuvo en servicio durante toda la pandemia gracias, entre otras cosas, a un espíritu de servicio público de los trabajadores que no dejaron de recorrer las carreteras en ningún momento. La población tuvo que asumir algunas limitaciones en cuestiones como acatar reducciones de aforos o de horarios, o la prohibición de pago en metálico. El nivel de usuarios llegó a ser de solo un 15% en buena parte del año por lo que el déficit de explotación de las empresas ha sido histórico.
La respuesta de la administración
Muy criticable consideramos la falta de coordinación de las administraciones públicas canarias que aplicaron normativa reguladora de los servicios públicos de transporte con condiciones distintas dependiendo del cabildo insular o del ayuntamiento del que se tratara. El transporte de mercancías por carretera fue declarado por el Estado como servicio esencial para la ciudadanía y se mantuvo en funcionamiento a pesar de no contar con las mínimas medidas de seguridad y prevención al no existir en el mercado elementos como las mascarillas de protección, guantes o gel hidroalcohólico.
Su actividad tuvo una primera fase efímera centrada en el período marzo a mayo de 2020 donde el volumen de servicios creció casi un 80% por el desmedido consumo en zonas comerciales provocado por el pánico al desabastecimiento. Sin embargo, posteriormente se produjo una caída de la demanda de un 40% por debajo de las cifras de 2019, situación deficitaria que se ha mantenido hasta nuestros días principalmente por la falta de actividad turística y del sector de la construcción.
El año trajo, además, una importantísima transformación en el modelo de compra de los ciudadanos que acogieron el comercio online como tabla de salvación, lo que llevó a una transformación de las necesidades de explotación de las empresas de logística que tuvieron que atender, de repente, un nivel de reparto individual en vehículos pequeños de entrega a domicilio, para el que nuestras empresas no estaban preparadas. Esta tendencia ha continuado en 2021 siendo la distribución logística a domicilio la única actividad que ha crecido debido a la pandemia.
A finales de año se adjudicaron los contratos del concurso de ambulancias, cuyos resultados podemos observar a diario en las carreteras y centros sanitarios en los que prestan servicios unas ambulancias totalmente renovadas, con la última tecnología y sistemas de calidad para los usuarios.
Una de las consecuencias transversales para el sector ha sido el enorme reto en materia de nuevas tecnologías que habrá que afrontar en los próximos años para poder ofrecer unos servicios al alcance del usuario, que permitan al mismo tiempo una evolución del sector que garantice su continuidad ante la evolución de los tiempos.
En estos momentos las preocupaciones están centradas en si la evolución del coronavirus permitirá el inicio de la recuperación turística en la temporada de invierno de 2021, o en si las administraciones públicas serán capaces de gestionar los fondos de ayuda y desarrollo a través de proyectos que generen actividad económica que permitan recuperar el nivel de empleo de 2019. 2020 ha marcado un antes y un después en el mundo del transporte en Canarias, que extenderá sus efectos en el futuro inmediato.
