Como estaba previsto, la crisis sanitaria del Covid-19 derivó en graves problemas económicos y concluyó en un escenario social donde las personas vulnerables se sintieron más desprotegidas. En toda situación de conflicto se repite esta realidad. El aislamiento envuelto en pobreza acentúa la injusticia. Para los poderosos, puede llegar a ser un tiempo de descanso. Para la población con pocos recursos es una condena a la marginación. Siempre las crisis traen mayores desigualdades, de manera que es necesario proteger a los débiles y exigir que los programas de reactivación económica posteriores estén dirigidos a la cohesión social.
En esta época marcada por la tiranía del coronavirus, la Administración Pública se ha visto desbordada. No estaba previsto atender a la ciudadanía desde la distancia. Los servicios telefónicos y telemáticos se revelaron incapaces para dar respuesta a las demandas en un tiempo inesperado e incierto. La Diputación del Común, como Alto Comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales, fue la destinataria de las quejas por esas deficiencias, pero tampoco nosotros estábamos preparados.
Es conveniente recordar los primeros momentos de desconcierto ante una realidad inédita para las actuales generaciones. Con todo el personal de nuestra Institución confinado en sus casas, tuvimos que sustituir la elaboración de expedientes administrativos por la gestión directa con los responsables públicos, especialmente los alcaldes. La respuesta en todos los casos fue inmediata. En aquellos días de incertidumbre nos apoyamos en la profesionalidad de los servicios sociales municipales a los que acudimos y en la solidaridad de asociaciones sin ánimo de lucro que se mostraron dispuestas a solucionar problemas concretos.
Un año más, la Dependencia continuó siendo el principal motivo de las reclamaciones por el incumplimiento sistemático de los plazos
Nuestra actividad se centró en la atención de los casos de emergencia, ya que el confinamiento disminuyó el nivel habitual de presentación de quejas. Eran momentos en los que el virus mataba diariamente a novecientas personas en nuestro país y, en esas circunstancias, las preocupaciones por el medio ambiente o la política territorial pasaron a un segundo plano. Y fue un momento para la reflexión de nuestro papel en aquel desconocido contexto.
La cuarentena exigía una adaptación a esas nuevas circunstancias en espera de la tan ansiada vacuna, así que pusimos en funcionamiento un teléfono gratuito con personal suficiente para atender la gran demanda ciudadana de aquellos días. Y también fue necesario habilitar una nueva página web interactiva que permitiera llevar a cabo nuestra misión con eficacia. El resultado fue satisfactorio. Más del ochenta por ciento de los escritos recibidos llegaron por vía online, frente a menos de la mitad del año anterior.
Pero no solo se trataba de proteger las necesidades básicas de alimentación, vivienda o medicinas. Varios expertos advirtieron del riesgo que significaba el confinamiento para las víctimas de violencia de género. Y los datos así lo confirmaron. El aislamiento trajo indefensión para esas mujeres, que ni siquiera pudieron acudir a presentar las denuncias oportunas. Sin embargo, es elocuente el hecho de que el número de llamadas al teléfono de ayuda 016 creció un 48% y que las consultas telemáticas en la página web del Ministerio sobre este asunto aumentaron hasta un 733%.
Un dato novedoso es que las reclamaciones relacionadas con desahucios disminuyeron de forma sorprendente, sin duda debido a la paralización temporal de la actividad judicial con la suspensión de los plazos procesales, además de la suspensión de los lanzamientos decretada para personas con determinadas condiciones sociales. Sin embargo, en dieciséis ocasiones tuvimos que intervenir asesorando a los afectados y gestionando con Ayuntamientos y con el Instituto Canario de la Vivienda una alternativa habitacional.
En la Diputación del Común trabajamos con 28 áreas de gestión, y en esta etapa, la que más aumentó fue Tecnologías de la Información y la Comunicación, que creció un 419%. El confinamiento ha convertido la fibra óptica en un servicio esencial por la implantación del teletrabajo y las enseñanzas a través de internet. La comunicación digital es un nuevo servicio básico, como un día comenzó a ser el agua domiciliaria, la energía eléctrica o la recogida de residuos.
Pero hubo un dato que la pandemia no cambió. Un año más, la Dependencia continuó siendo el principal motivo de las reclamaciones ciudadanas por el incumplimiento sistemático de los plazos establecidos legalmente. Es la gran asignatura social que suspendemos reiteradamente desde hace muchos años. Somos la Comunidad Autónoma que más tarda a la hora de gestionar los expedientes de estas personas, hasta el extremo de multiplicar por cinco el tiempo contemplado en nuestra legislación.
En resumen, ha sido una época convulsa para los hombres y mujeres que integramos la Diputación del Común. Esta enfermedad ha traído consigo el planteamiento de una nueva etapa, Todo ello en un escenario novedoso para las relaciones laborales que es necesario abordar. Una nueva sociedad se está gestando y las defensorías del pueblo tienen que estar atentas para que en ese escenario las personas vulnerables estén protegidas. Nosotros lo hemos hecho defendiendo a los más débiles en este tiempo de pandemia.
