La enseñanza a distancia en Canarias ha registrado tímidos avances, pero la irrupción de la pandemia convirtió un objetivo a medio plazo en una urgencia
2020 será recordado como el año en el que ocurrió lo que nunca pensamos que sucedería. También en educación. El 13 de marzo cerraron todos los colegios e institutos de Canarias para frenar la propagación de la Covid-19. De un día para otro, algo más de 300.000 alumnos dejaron de asistir a clase. Fue una medida indispensable para contener el virus, pero que implicó una factura altísima en términos de igualdad de oportunidades, de progreso educativo y de crecimiento económico que, más de un año después, aún estamos pagando. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y del elevado coste, la comunidad educativa de Canarias ha puesto todo de su parte para mantener la actividad docente durante el confinamiento y, luego, minimizar los contagios y evitar que se cerraran centros.
La principal misión de la escuela es educar, aunque en un territorio como el Archipiélago, con indicadores sociales que reflejan las dificultades que padece gran parte de su población y del 80% del alumnado matriculado en centros públicos, cumple una clara función social, mayor aún que en otras regiones. El sistema educativo ayuda a que el alumnado se socialice, a que encuentre referentes y a que tenga una vida mejor que la de sus padres. La suspensión de la docencia presencial no solo encerró a miles de chicos y chicas entre cuatro paredes; hizo que se descolgaran de su anclaje con una realidad que va más allá de su entorno familiar. El nuevo absentismo puso en evidencia la brecha digital, que no es sino otra forma de cuantificar que en las islas hay muchos ciudadanos que no tienen lo básico; en este caso, ni un ordenador o tableta para que sus hijos siguieran las improvisadas clases que el profesorado tuvo que inventar, sin medios ni formación para ello. Hubo que usar ordenadores, pero también whatsapp o llamadas telefónicas para “mandar tareas”.
La enseñanza a distancia estaba en la agenda de las administraciones educativas desde hace años. Canarias ha registrado tímidos avances en este sentido, pero la irrupción de la pandemia convirtió un objetivo a medio plazo en una urgencia. El futuro se presentó de repente en forma de un reto que no todos estaban en las mismas condiciones de asumir. La formación universitaria, dirigida a un alumnado de mayor edad, ya había iniciado el camino hacia la digitalización. En cambio, en los niveles anteriores apenas existían experiencias en este sentido, más allá de iniciativas docentes puntuales.
El mérito ha sido de toda la comunidad educativa, que ha estado a la altura de las circunstancias y se merece un reconocimiento por parte de toda la sociedad. La capacidad de resiliencia ha sido extraordinaria a pesar del difícil punto de partida
Según datos extraídos del informe PISA de 2018, Canarias es, después de Murcia, la comunidad con más adolescentes de 15 años que no cuentan con un ordenador. El 7,4% de los alumnos de esa edad no tiene dispositivos electrónicos, frente al 5% de media en España; el 35% tiene uno, frente al 27% nacional; el 34% tiene dos, frente al 36% del conjunto del país; y el 23% tiene tres o más, frente al 32% nacional.
Estos porcentajes dan una idea de las dificultades con las que se encontraron muchos estudiantes para seguir las clases en el último trimestre de 2020, pero hay más. Un espacio físico para estudiar, conexión a internet y apoyo familiar –el papel de los padres durante la pandemia ha sido esencial– se suman a la lista de recursos que no estuvieron disponibles para miles de alumnos. El acceso a la tecnología, el nivel cultural de los progenitores y las condiciones de la vivienda son tres variables que favorecen la desigualdad educativa y en las que Canarias ya iba por detrás antes de la crisis sanitaria.
Nuestra posición de partida tampoco era buena en otros indicadores. El Archipiélago contabilizaba en 2020 un 19,6% de abandono educativo temprano, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y superaba la tasa de alumnos repetidores en todas las edades medidas por el Ministerio de Educación en sus informes. A los quince años, por ejemplo, alrededor de cuatro de cada diez alumnos no estaban en el curso que les correspondía.
El reparto de tabletas por parte de la Consejería de Educación durante los meses que siguieron a ese 13 de marzo llegó tarde y no suplió las carencias en este aspecto. A ello hubo que añadir la escasa formación del profesorado canario para impartir docencia online y la ausencia de una plataforma pública para ello. Además, no todo el profesorado contaba con los medios técnicos adecuados. La mayoría de los docentes funcionarios reunía las condiciones materiales necesarias. Sin embargo, no ocurría lo mismo con los interinos, y este colectivo supone cerca del 40% del total en las islas.
Es imprescindible señalar que, una vez más, el papel de la Consejería no se ha limitado al ámbito educativo. Cuando cerraron los colegios, uno de los desafíos inmediatos fue atender las necesidades alimenticias de miles de alumnos que se quedaron sin comedor. Para ello, Educación repartió tarjetas monedero a todas las familias que tenían cuota cero. No obstante, muchos otros hogares que también necesitaban ayuda se quedaron excluidos. Primero, los que están en los siguientes tramos de renta, que abonan cuotas muy reducidas por la comida de sus hijos en los centros; segundo, los que repentinamente sufrieron una reducción drástica de sus ingresos. ¿Es posible estudiar cuando te faltan los recursos básicos?
Ninguna administración podía crear un sistema de docencia online de la noche a la mañana, pero a medio plazo el desafío iba más allá de prestar ordenadores o tabletas a los alumnos e, incluso, de adaptar currículos. Los colegios deben estar abiertos, porque el mejor sistema de docencia a distancia no suple la enseñanza presencial –ni siquiera entre el alumnado de clase media y alta– y porque mantenerlos cerrados afecta negativamente a la educación de toda una generación y, de forma colateral, impide la conciliación y lastra el progreso económico.
La nueva ‘normalidad’ educativa
Por fortuna, a partir de septiembre de 2020 todo este panorama apocalíptico empezó a mejorar. Las aulas se abrieron, los chicos volvieron a relacionarse con sus compañeros y acudir a diario a sus centros. Sin embargo, el curso no estuvo exento de dificultades y retos. Los equipos directivos tuvieron que diseñar planes de contingencia para evitar los contagios, se designó en cada centro a un docente covid para hacer de enlace con Sanidad, se aumentaron las plantillas para reducir los grupos y cumplir con el distanciamiento en Secundaria, se establecieron los grupos burbuja en Infantil y Primaria… Casi nadie pensaba que el experimento fuera a salir bien y, contra todo pronóstico y temor, los centros educativos han sido, mayoritariamente, espacios seguros donde se han detectado pocos contagios.
El mérito ha sido de toda la comunidad educativa, que ha estado a la altura de las circunstancias y se merece un reconocimiento por parte de toda la sociedad. La capacidad de resiliencia ha sido extraordinaria a pesar del difícil punto de partida. El desafío ahora es enorme: esta nueva crisis acrecentará las desigualdades sociales, a las que la escuela jamás puede ser ajena. Más que nunca, la educación pública debe contar con fondos suficientes para atender una realidad diversa y compleja. Los recursos humanos que llegaron para hacer frente a las medidas de distanciamiento sanitario ya eran necesarios mucho antes. No cometamos el error de diezmar una vez más las plantillas. Porque solo si logramos que funcione el famoso ascensor social del que tanto hablamos, la educación cumplirá su principal papel y garantizará el progreso social de todos, sin distinción.
