Apenas siete meses antes de que la abrupta sacudida del Covid-19 viniera a cambiar el mundo, Canarias había estrenado un gobierno de corte progresista que, nada más llegar, tuvo que ponerse manos a la obra para corregir unas cuentas públicas que heredó con sorprendentes desequilibrios y para garantizar la prestación de los servicios básicos esenciales. Aquello fue –hoy, con perspectiva temporal lo podemos ver así– como un ensayo a pequeña escala de lo que luego hemos tenido que hacer para afrontar, desde la administración pública, este Armagedón con el que estamos lidiando.
Porque antes, durante y después del Covid-19, el Gobierno de Canarias hizo, hace y habrá hecho sus deberes: proteger a los sectores vulnerables de la sociedad, fortalecer los servicios públicos esenciales e incrementar el apoyo a los sectores productivos. Para ellos, no hemos valido de dos Presupuestos autonómicos que han certificado esa irrenunciable vocación progresista.
Es más, son esos Presupuestos los que han dado y están dando respuesta a las necesidades sobrevenidas de la ciudadanía canaria; auxiliando a nuestras familias y aliviando la delicada situación financiera de las empresas y autónomos.
Hemos incrementado el gasto sin que haya sido necesario subir los impuestos ni endeudar a la Comunidad Autónoma, a pesar de la extraordinaria merma en los ingresos tributarios que hemos sufrido, cifrada en 557,6 millones sólo en 2020. Año en el que, por otra parte, pudimos incorporar 800 millones de euros adicionales. Durante este ejercicio engordaremos el Presupuesto inicial en otros 2.000 millones, gracias a las exportaciones extraordinarias habilitadas por Europa y el Estado para la reconstrucción.
El esfuerzo que ha hecho Canarias durante décadas por crear conciencia sobre sus dificultades estructurales, dada su condición archipielágica y su lejanía del continente europeo, ha cristalizado en la consagración en el derecho comunitario de un trato adaptado y modulado de las políticas europeas que se aplican en las Islas
En todo caso, los ajustes aplicados a las cuentas de 2020 –confeccionadas aún en la vieja normalidad– y el Presupuesto de 2021 han permitido y permitirán dar cobertura a las grandes tareas que tenemos pendiente.
No viene al caso la relación pormenorizada de medidas que hemos adoptado desde la Vicepresidencia y la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos, pero sí podemos dejar apuntadas algunas lecciones que nos deja la pandemia y de las que estamos obligados a tomar nota:
Fortaleza de lo público. Los Estados fuertes son vitales para las democracias y las políticas públicas, fundamentales para hacer frente a situaciones de carácter catastrófico. Todo puede fallar, menos eso. La acción pública se convierte en el salvavidas de las personas que lo pasan mal y en la red de las economías que caen al precipicio. El refuerzo de los servicios públicos esenciales –fundamentalmente sanidad, educación y protección social– ha de ser una prioridad permanente, incuestionable política y socialmente. Porque esta crisis es la primera que nos ha tocado vivir, pero los expertos ya advierten de que no será la última.
No hay alternativa al turismo. Canarias vive del turismo y no hay alternativa para un sector que nos procura, en condiciones normales, el 35 por ciento del PIB. Lo cual no quiere decir que no debamos trabajar en la máxima diversificación de nuestra economía, pero siempre en términos de complementariedad con el turismo, no de sustitución. Y trabajar, evidentemente, por mejorar nuestro destino. Es preciso recuperar o, si fuera necesario, incrementar la movilidad pre-pandemia y establecer unos precios razonables que nos permitan una completa restauración del sector turístico. En todo caso, la sostenibilidad –medioambiental y económica– ha de ser nuestro objetivo y el que determine y condicione la acción de gobierno.
Control demográfico. La población canaria ha crecido en los últimos veinte años en 530.000 personas, un crecimiento que dobla al experimentado por España y que, por ejemplo, septuplica al registrado por el País Vasco, un territorio homologable demográficamente al Archipiélago. Es preciso que la sociedad canaria en conjunto abra ya un debate para determinar si el crecimiento por el que ha apostado el Archipiélago en las últimas décadas es sostenible, no solo desde el punto de vista territorial, sino especialmente de la estructura económica. El debate no tiene que ver con el fenómeno de la inmigración irregular, sino con el modelo de desarrollo al que aspiramos y la incapacidad del Archipiélago para dar respuesta a las necesidades de la población si esta sigue creciendo a ritmos parecidos. Nuestra capacidad de carga es finita.
Somos Europa, somos RUP. El esfuerzo que ha hecho Canarias durante décadas por crear conciencia sobre sus dificultades estructurales, dada su condición archipielágica y su lejanía del continente europeo, ha cristalizado en la consagración en el derecho comunitario de un trato adaptado y modulado de las políticas europeas que se aplican en las Islas. Junto al resto de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión disfrutamos de un encaje jurídico –avalado también por instancias judiciales supranacionales– que nos ha permitido durante la pandemia, por ejemplo, optar a una financiación extra para combatir sus efectos devastadores sobre la economía. El camino de las RUP no tiene vuelta atrás y cualquier intento de desvirtuar el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE debe ser atajado de inmediato.
El REF, un fuero inalienable. El Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias es innegociable y no podemos admitir rebajas o imposiciones desde otros ámbitos del Estado. No se trata de ningún privilegio, como se empeñan en interpretar quienes desconocen nuestra realidad, sino un derecho que nos asiste y un fuero inalienable.
Lucha contra el paro juvenil. De entre los principales problemas a los que tenemos que hacer frente con mayor determinación a corto, medio y largo plazo es el desempleo juvenil. Ninguna sociedad puede aspirar a un futuro de razonable prosperidad con unos índices de paro tan elevados entre la población más joven. Debemos aplicarnos en crear las condiciones y los escenarios propicios para dar esperanzas a nuestros chicos y, mucho mejor, oportunidades laborales estables y dignas.
Las respuestas a todos estos desafíos son de alcance global, pero la vigilancia del cumplimiento de nuestros derechos y la exigencia de responsabilidades a quien atente contra ellos nos corresponde solo a nosotros, desde el ejercicio del mayor autogobierno posible, desde la mayoría de edad política del pueblo canario y la construcción diaria de país.
