Muchos fotógrafos curtidos en los frentes de Libia, Siria, Afganistán, Congo o Yemen pidieron apoyo a RSF porque tenían más dificultades para hacer fotos en España que en zona de conflicto
La libertad de prensa no vive un gran momento en el mundo. La falacia del periodista como enemigo del pueblo parece haber calado en muchas mentes, y no solo en dictaduras o regímenes autoritarios. El papel de la prensa no es proteger a la sociedad. En todo caso, si hay que protegerla de algo es de la mentira. Y del abuso de poder. Del exceso de emoción, del desprecio de la ilustración y del pensamiento crítico. Internet ha abierto una caja de Pandora donde el conocimiento y el ruido, la verdad y la furia conviven y propician una formidable confusión. Quienes más odian la democracia y la libertad de prensa son los que con más astucia y fruición difunden la discordia, el señuelo cínico de que la democracia ya no sirve. Y sin embargo sin prensa libre, sin hechos probados, sin informaciones fehacientes, la razón se apaga, y la preciosa e imperfecta democracia corre el peligro de convertirse en una quimera. Los ciudadanos pueden optar por imitar a los avestruces, y enterrar la cabeza en el suelo, no saber. Pero el papel de los periodistas es contar la verdad pese a quien pese, aunque duela. Y el caso de la pandemia de Covid-19 ha sido en ese sentido sintomático, en España y en demasiados lugares. Por el coste en vidas humanas, y porque los periodistas no eran bienvenidos. Porque se empeñaban en contar una verdad incómoda, y porque querían poner el dolor de los demás en primer plano. La pandemia de coronavirus ha venido a agravar una situación de franco deterioro de la prensa libre.
Si en los últimos diez años han sido asesinados más de mil periodistas en todo el mundo (el 29 de diciembre presentaremos la cifra final de muertos de este año), el balance que hoy publica RSF constata que al cierre de este 2020 tan penoso para toda la humanidad hay 387 periodistas encarcelados, 54 secuestrados y 4 han sido dados por desaparecidos. El número de presos se ha mantenido estable a pesar de que ha habido un aumento llamativo de ataques y detenciones relacionados con la crisis sanitaria. La cifra global de periodistas presos se mantiene en máximos históricos. Más de la mitad de los periodistas encarcelados en el mundo (el 61%) están en tan solo cinco países. Por segundo año consecutivo, China (con 117 encarcelados), Arabia Saudí (34), Egipto (30), Vietnam (28) y Siria 29) son las cinco mayores cárceles del mundo para los periodistas.
Falta de transparencia
El estado de alarma ha instalado la excepción en la vida política española, y ha limitado el escrutinio del Parlamento. La prensa no puede ser cómplice de esa lasitud. Con esa situación excepcional, el Gobierno suspendió los plazos para responder a las preguntas sobre su propia gestión, como exige la ley de transparencia aprobada en 2013. Esa opacidad ha servido para no responder a preguntas sencillas: como quiénes están detrás de los comités de expertos tras los que se escudaba el gobierno para adoptar sus decisiones. El Consejo de Transparencia, un órgano gubernamental, ha exigido al Gobierno que cumpla con la ley. Una opacidad que no ha permitido investigar los contratos de compra de material sanitario. Por no hablar del inicial sistema de pregunta filtradas por la Secretaría de Estado de Comunicación. O la decisión de impedir el acceso de cámaras y micrófonos a hospitales, depósitos de cadáveres, cementerios… El gobierno central, y muchos autonómicos, y ayuntamientos, hicieron lo imposible para que los estragos de la pandemia no se vieran. Y muchos ciudadanos celebraron como algo positivo que se les hurtaran esas imágenes desagradables, las que hablan de la muerte. Una muerte de la que muchos no quieren saber nada. No se trata de cultivar el morbo, o de no respetar la dignidad y la intimidad, sino todo lo contrario. Se trata de asumir que la muerte forma parte de la vida, y que la muerte en cantidades atroces es inaceptable y merece una explicación. Un relato. Y un luto. Que no se han hecho. Muchos fotógrafos curtidos en los frentes de Libia, Siria, Afganistán, Congo o Yemen pidieron apoyo a RSF porque tenían más dificultades para hacer fotos en España que en zona de conflicto. Y muchos medios y no pocos periodistas optaron por eludir la calle, por asomarse a la realidad de cerca: por miedo al contagio, por cautela (razones legítimas, y comprensibles), pero también porque se prefirió no indagar en el dolor, no hacer las preguntas que era imprescindibles, y por no mostrar la extensión que la muerte había traído a nuestra casa. En Reporteros Sin Fronteras pensamos que si no se ha tomado verdaderamente conciencia de lo que el coronavirus supone es porque hasta hace nada apenas se han mostrado sus estragos.
Quienes más odian la democracia y la libertad de prensa son los que con más astucia y fruición difunden la discordia, el señuelo cínico de que la democracia ya no sirve
Uno de los aspectos más inquietantes, y moralmente devastadores, de la pandemia, es precisamente el de los muertos. Ha habido informes muy crudos y necesarios de Médicos Sin Fronteras y de Amnistía Internacional acera de lo ocurrido en muchos hospitales y sobre todo en residencias de ancianos. Todavía hoy no tenemos cifras oficiales fidedignas sobre el número de muertos causados por la pandemia en España, con una abismal e incomprensible horquilla de datos entre los que proporciona el gobierno central, los autonómicos, los registros civiles y el Instituto Carlos III.
En eso el papel de algunos medios y sus investigaciones han sido relevantes y admirables, y hay que consignarlo. El ministro de Sanidad y su portavoz más caro llegaron a hablar de un “pequeño desvío”… ¡de 18.000 muertos! Nos desgañitamos hablando de cuántos familiares y allegados pueden sentarse a la mesa navideña, o de los horarios de tiendas y restaurantes, de la economía… Razones de peso, sin duda. Pero cuando con toda probabilidad rozamos ya los 80.000 muertos y (salvo a los que les ha tocado la muerte de cerca) parece como si España hubiera sufrido una catástrofe natural, un “gigantesco accidente de tráfico”, que no nos conmueve más de la cuenta. Del mismo modo que negarse a ver el dolor y el sufrimiento impidiendo que los periodistas hicieran su trabajo han embotado la compasión porque ciegan el conocimiento, negar la muerte de tantos compatriotas ha embotado la conciencia moral del país. Empezando por sus dirigentes, tanto en el gobierno como en la oposición, que se han servido de los cadáveres para atizarse y fomentar la polarización política y electoral, no soluciones, no conocimiento, no compasión.
La pregunta que se deslizó en una encuesta del CIS sobre la posible prohibición de difundir bulos o informaciones engañosas acabó siendo explicada como un error. El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil reveló, en otra torpeza sonora, que el cuerpo monitorizaba la información para “evitar el estrés social que producen los bulos y minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”. Como también acabó recurriéndose a la cantinela del error la ambigua redacción de la Orden ministerial sobre la desinformación, que desató una tormenta, y que desde RSF criticamos por los peligros que encerraba la posibilidad de que el gobierno fuera quien determinara qué es desinformación y qué verdad, y que sirvió para que la ministra de Exteriores admitiera: “se trata de limitar que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación”. Un funcionario gubernamental condenó nuestra voz crítica de cautela y alarma para proclamar: “En este gobierno morimos de transparencia”.
Todavía hoy no tenemos cifras oficiales fidedignas sobre el número de muertos causados por la pandemia en España
Esa determinación de no ver, de no mostrar, se ha extendido peligrosamente a otros ámbitos incómodos de la realidad. De nuevo, numerosos fotógrafos se dirigieron a RSF para quejarse de las dificultades impuestas por las autoridades para documentar la llegada de inmigrantes a Canarias, con dos argumentos esgrimidos por el gobierno: esas imágenes podrían potenciar la xenofobia, y no siempre respetan la dignidad de los migrantes. Por no hablar de la desinformación que ha practicado y practica el gobierno respecto a la situación de los inmigrantes en las islas y el traslado a la Península, que mientras a una portavoz “no le consta” a muchos aeropuertos y autoridades locales no deja de constarles.
La gran mayoría de los fotógrafos se rigen por códigos deontológicos que son los que presiden el trabajo de Reporteros Sin Fronteras. Para ser críticos los periodistas tenemos que ser impecables. Para recuperar el prestigio perdido tenemos que alejarnos del poder, huir de la simplificación y el sectarismo, separar las opiniones de los hechos, volvernos más avaros de adjetivos, comprobar, verificar, y contar lo que ocurre contra los miedos y los compromisos de los dueños de los medios, y contra el poder que o calla o desinforma. Como desinforman los partidos como Vox, que impide el acceso a determinados medios, o Podemos, cuando señala a periodistas que hacen preguntas incómodas.
Dos sentencias que celebrar
Desde RSF celebramos que el Tribunal Constitucional derogara una parte de la llamada Ley Mordaza especialmente lesiva para la libertad de prensa, la que se refería a la prohibición de grabar y difundir imágenes de las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la organización ha venido denunciando desde que era un mero proyecto de ley.
También celebramos que la Audiencia Nacional estimara el recurso interpuesto por la esposa del cámara de televisión José Couso contra la desestimación por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración a causa de la omisión de protección diplomática en relación con el fallecimiento del periodista durante la conquista de Bagdad por el ejército estadounidense el 8 de abril de 2003. La Sala reconoció una indemnización en favor de la viuda de Couso de casi 100.00 euros y de más de 41.000 para cada uno de sus dos hijos menores cuando ocurrieron los hechos. La tramitación del proceso se suspendió hace años en tanto no se resolviese, primero por el Tribunal Supremo y luego por el Tribunal Constitucional, la cuestión relativa al sobreseimiento de la causa penal tramitada por estos hechos como consecuencia de la modificación del régimen jurídico de la denominada “jurisdicción universal”.
La Audiencia consideró que “las circunstancias del caso hacían exigible que el estado desenvolviera su actividad diplomática en favor de los perjudicados por el fallecimiento del señor Couso. La Administración General del Estado se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por la Administración de los Estados Unidos en el sentido de que el ataque al hotel Palestina se encontraba justificado y que el fallecimiento del señor Couso fue un lamentable accidente”. El Tribunal hizo constar que no hubo ninguna gestión por parte de la Administración General del Estado cerca de las autoridades estadounidenses, algo que desde RSF no dejamos de criticar y lamentar. La sentencia resalta que, además del derecho de la recurrente, estaba en juego la libertad de información como valor objetivo del ordenamiento jurídico y como medio para la formación de la opinión pública libre.
