En la Comunidad Autónoma de Canarias existe un patrimonio natural de incalculable valor utilizado por sus gobernantes para promocionarla como destino turístico.
El Gobierno de Canarias y los Cabildos disponen de departamentos dotados de elevados presupuestos que venden las bondades naturales de “las Galápagos del Atlántico”, para atraer turistas. En Canarias, el turismo es el único sector económico donde los contribuyentes financian la publicidad de empresas privadas.
La naturaleza sirve así de gancho para que más de 16 millones de turistas visiten cada año las Canarias.
Esta circunstancia podría hacernos pensar que el Gobierno de Canarias y Cabildos destinarían importantes cantidades a conservar el patrimonio natural en buen estado o amenazado y a restaurar el dañado. Sin embargo, en el 2023 ese presupuesto fue tan solo de un pírrico 3% del total.
Las mayores diferencias con el Archipiélago Sudamericano es que allí sí se protege la naturaleza y los dueños del negocio turístico, son mayoritariamente de Galápagos; a parte de que además de tener una superficie casi idéntica a la de nuestras Islas, su población en 2023 era de unas 35.000 personas.
En general, la población canaria carece de una cultura de respeto y cuidado de su territorio. Hay multitud de pruebas que confirman que campesinos y pastores de las Islas mayores valoraban la tierra donde se podía cultivar o alimentar a sus animales. Las coladas de lava eran volcán o malpaís, territorios salvajes de los que no se podía sacar rendimiento alguno.
Tras la irrupción del turismo, tierras de labor o de pastoreo abandonadas y sobre todo baldías, adquirieron valor porque podían ser urbanizadas. Muchas de las que estaban en producción agrícola tampoco se libraron de esta fiebre constructora. Se inició así una loca carrera, que continúa hasta hoy, para sacar otro tipo de rédito a la tierra y las superficies de casi todas las Islas se llenaron de hoteles pensados para cultivar no caña de azúcar, vides, cochinilla o plátano, sino turistas.
Los sucesivos gobiernos de Canarias, desde el inicio de la autonomía se han afanado en impulsar un proceso de creación de identidad canaria de la que mayoritariamente carecía la sociedad de este Archipiélago. El hecho insular, había dificultado el sentido de pertenencia a un todo llamado Canarias.
De esta forma recurrieron mayoritariamente al folclore, a los deportes vernáculos y a las fiestas populares como herramientas para fomentar un sentido de identidad en la población isleña.
Paralelamente, los primeros gobiernos pusieron en marcha un servicio autonómico de educación ambiental, se aprobó la primera ley de espacios naturales de 1987 y las sucesivas de 1994 y 2000 (Texto Refundido con la Ley de Ordenación del Territorio) crearon una red canaria de espacios naturales protegidos que incluyó a los cuatro parques nacionales canarios (aunque la gestión siguió siendo del estado hasta la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de noviembre de 2004).
Las sucesivas normas urbanísticas y territoriales crearon comisiones regionales urbanísticas, de ordenación del territorio y medioambientales, encargadas de informar y aprobar el planeamiento en estas materias.
Sin embargo, ese intento de coordinación y ordenación de las cuestiones ambientales de ámbito canario, chocó con la tradicional forma de gobernar las Islas a través de Cabildos y Ayuntamientos que acabaron imponiendo sus intereses y postulados y desmantelando pieza por pieza todo el sistema ambiental autonómico, con la complicidad de Gobierno y Parlamento de Canarias, plagados en sus respectivas filas de cabildistas y municipalistas. El intento de crear un código sistematizado de normas ambientales y territoriales canarias, cayó en saco roto y resulta clamorosa la ausencia continuada de campañas informativas y divulgativas sistemáticas y la introducción de contenidos de conocimiento del medio natural canario y de la necesidad de preservarlo, en el diseño curricular.
Estas circunstancias dinamitaron la posibilidad de crear una identidad canaria basada también en el conocimiento de su población, del valiosísimo patrimonio natural de Canarias, primer paso para desarrollar una verdadera cultura de cuidado y respeto a nuestro territorio, Siguiendo el principio de “conocer para conservar”.
La necesaria moratoria turística de 2001, que permitió parar un crecimiento urbanístico desenfrenado, no solo fue levantada, sino también desacreditada alegando que había supuesto indemnizaciones millonarias para los hoteleros afectados. Esto sirvió para incrementar la fiebre constructiva solo detenida por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que desembocó en la grave crisis económica del 2008. Ni siquiera la pandemia de la COVID 19 que hizo afirmar a muchos políticos canarios de todos los signos, que había que redefinir el modelo económico para no repetir el “0” turístico por haber puesto todos los huevos en la misma cesta, sirvió para cambiar el planteamiento de nuestros gestores públicos.
La defensa de lo público
Son los políticos canarios, ni más ni menos que reflejo de la sociedad civil de la que provienen, pero en su condición de gestores de lo público también tienen la obligación legal de defender el interés general, particularmente en materia de medio ambiente y ordenación del territorio (artículo 4 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias).
También, el artículo 3 de esa Ley canaria, dispone que las intervenciones públicas que se lleven a cabo en el Archipiélago Canario, preservarán y cuidarán sus valores naturales y la calidad de sus recursos, de modo que permitan su uso y disfrute responsable por las generaciones presentes sin mermar la capacidad de las generaciones futuras. Es decir, orientarán sus políticas a la consecución del desarrollo sostenible, un concepto que ha sido frecuentemente utilizado para revestir de un aura de respeto al medio ambiente, proyectos que lo dañaban gravemente, lo que le ha restado credibilidad y lo ha convertido en un concepto vacío de contenido.
Así mismo el artículo 3 de la norma mencionada, señala que las administraciones públicas diseñarán y aplicarán políticas activas encaminadas entre otras cosas a la preservación de los valores y recursos existentes, a la rehabilitación de los espacios y recursos degradados; debiendo velar en sus actuaciones por el uso eficiente y la reducción del consumo de recursos naturales, en especial del suelo.
Continúa diciendo que las intervenciones públicas, en cuanto afecten al medioambiente, se atendrán a los siguientes principios:
a) Principio precautorio y de incertidumbre.
b) Principio preventivo.
c) Principio de mínimo impacto.
d) Principio de equidad intra e intergeneracional.
El artículo termina diciendo que el ejercicio de las potestades públicas y de la actividad de los particulares en relación con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medioambiente se ejercerá siempre con arreglo al principio de desarrollo sostenible, entendido como utilización racional de los recursos de manera que se garantice la compatibilidad entre crecimiento y progreso económico y preservación de los recursos naturales y de los valores paisajísticos, arqueológicos, históricos, culturales y etnográficos, a fin de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
Muchas decisiones pasadas y recientes, demuestran el sistemático incumplimiento de todos y cada uno de los apartados de este artículo por parte de nuestros representantes políticos de todo signo. Son particularmente significativas las construcciones de varias infraestructuras portuarias, como el puerto de Granadilla, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, particularmente destructoras del medio ambiente y contrarias al interés general, a pesar de que a los gobernantes de las Administraciones Públicas Canarias que aprobaron su implantación, les constaba que nunca iban a entrar plenamente en funcionamiento. El interés general no residía en su ejecución sino en la protección de los valiosos ecosistemas que destruyeron.
No dudaron en recurrir a la mentira cuando afirmaron que el puerto del Sur de Tenerife iba a crear 20.000 puestos de trabajo, algo que se ha demostrado rotundamente falso.
Más recientemente el gobierno presidido por Ángel Víctor Torres y cuyo consejero de Transición Ecológica era José Antonio Valbuena, intentó indultar el hotel Oliva Beach construido en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo y cuyo derribo fue decretado por la Secretaría de Estado de Costas, dirigida por el mismo partido al que pertenecen los mencionados cargos; por haber incumplido las condiciones de la concesión al realizar obras ilegales. El gobierno del pacto de las Flores se planteó incluso interponer un conflicto de competencias contra el Estado, ante el Tribunal Constitucional para salvar el hotel. Esta decisión que se desvía claramente del interés general, porque favorece los intereses de la cadena hotelera RIU, propietaria del establecimiento, fue mantenida por su sucesor, Fernando Clavijo de CC. Resulta evidente que el interés general consistiría en recuperar como espacio público, la zona construida indebidamente. Que dos partidos de ideologías presuntamente tan contrapuestas antepongan los intereses privados a la conservación de la naturaleza, demuestra la concepción mercantilista que nuestros responsables políticos han tenido y tienen del medio ambiente, así como el hecho de que no forma parte de su lista de prioridades,.
En este análisis, resultan particularmente relevantes los casos del hotel de la Tejita, muy cerca de la Reserva Natural de Montaña Roja, en Granadilla y del proyecto Cuna del Alma en los límites del Sitio de Interés Científico de la Caleta, en Adeje.
En el primero de ellos, tras construirse una parte del hotel en zona protegida por la legislación de Costas, se valoró por parte de la Consejería de Transición Ecológica dirigida por José Antonio Valbuena, la posibilidad de indemnizar al promotor e incorporar los terrenos al patrimonio público por medio de una expropiación, solución que se aplicó en una situación similar en la Isla de Cortegada (Comunidad Autónoma de Galicia). En ella, se iba a construir una urbanización turística y un campo de golf y fue expropiada por la Xunta y adscrita al Parque Nacional de las Islas Atlánticas, por un Gobierno presidido por Emilio Pérez Touriño del PSOE, coaligado con el Bloque Nacionalista Gallego. Sin embargo, en el caso de la Tejita, nunca se llegó a materializar esta posibilidad, que hubiera dado cumplimiento al interés general.
El caso de Cuna del Alma
Lo mismo podría decirse de Cuna del Alma, donde se tomó la decisión de paralizar cautelarmente la obra por la presencia de especies como la viborina triste, que según el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, no se podía transplantar, porque es una especie que está dentro del catálogo canario de especies protegidas, con la categoría de protección especial, y porque no había estudio de impacto ambiental y por tanto no había un listado de especies protegidas que incluyera la viborina. Asímismo, esta decisión se adoptó por la destrucción de patrimonio arqueológico por parte de los promotores de la obra. Sin embargo, los expedientes abiertos se dejaron caducar por el nuevo gobierno CC-PP durante el 2023, quedando sin ejecutarse la sanción y por tanto premiando, la Administración Pública, una conducta infractora por parte de un promotor privado.
Asímismo, tras el cambio de gobierno producido en las elecciones de 2023, el nuevo consejero Mariano Zapata (PP), se desvió una vez más del interés general, y de la consecución del desarrollo sostenible, al afirmar que daría una nueva oportunidad a este proyecto. El consejero sostuvo en unas declaraciones a la prensa, que Cuna del Alma era un proyecto turístico que supone “una inversión importante que tiene que cumplir con una serie de procedimientos, como el resto de proyectos”.
La normativa vigente dispone que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, presidida por el señor Zapata, es el departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política del Gobierno de Canarias de medio ambiente en las materias de política territorial y medio ambiente entre otras materias.
A ello hay que añadir que el presidente Fernando Clavijo afirmó en el Parlamento de Canarias en diciembre de 2023 que “si aparece un escarabajo o la viborina se paraliza todo”. Estas palabras demuestran lo que verdaderamente piensa nuestro presidente de la conservación de nuestro patrimonio natural. Para él es un obstáculo a su concepto de progreso y el de muchos políticos de Canarias, que nada tiene que ver con lo que establece la legislación autonómica que es el desarrollo sostenible.
Resulta difícil imaginar un ejemplo más claro de incumplimiento de la normativa de suelo y medio ambiente vigente por parte de quienes están encargados de velar por su conservación.
En ambos supuestos (Tejita y Cuna del Alma) no hay excusa que explique la no utilización de los recursos públicos para expropiar y poder conservar los grandes valores naturales presentes en ambos ámbitos.
También podemos añadir que una de las maneras de conocer las prioridades de un Gobierno es su agenda legislativa y normativa en general. En 2023 se cumplieron 16 años de la aprobación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, sin que los sucesivos gobiernos de Canarias de diferente signo político hayan impulsado la aprobación de una ley en esta materia, lo que de hecho deja desprotegido una parte considerable de los valores naturales de estas Islas.
Podría parecer que muchos de nuestros políticos no quieren más limitaciones al modelo económico que defienden basado en el turismo de masas, en la concepción del patrimonio natural y arqueológico de Canarias como algo que explotar y sacrificar en caso necesario y en la ocupación sin límite del suelo.
Por lo tanto, podemos calificar las políticas ambientales de Canarias, parafraseando el poema de Pedro García Cabrera, como el mayor desatino y constituyen un enorme fracaso que han llevado al Archipiélago al borde del colapso ambiental y social.
