LLos nuevos retos, muchos de ellos sobrevenidos por la propia coyuntura social, han marcado la actividad de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias en el último año. Un ejercicio en el que, además de afrontar estas situaciones, hemos puesto el objetivo en sentar las bases de un verdadero cambio social en las Islas.
Somos conscientes de que no es una tarea fácil, pero estamos comprometidos con un nuevo modelo en el que las personas sean la prioridad y en el que sumemos todos los recursos necesarios para garantizar su bienestar.
Uno de los principales retos que afrontamos el año pasado fue, sin lugar a dudas, la presión migratoria. Una realidad que cada vez nos sorprende con más llegadas a las que tenemos que atender con unos recursos humanos y financieros a todas luces insuficientes. En 2023, Canarias recibió 40.000 migrantes, de los que el 2,8% eran menores, un colectivo sobre el que el Gobierno de Canarias mantiene la tutela de los no acompañados, sumando el año pasado 4.711 llegadas. Indudablemente, esto nos sitúa en una posición difícil, aunque no impide que sigamos dedicando todos nuestros esfuerzos por garantizar sus derechos y una vida en las mejores condiciones posibles.
E incluso, vamos más allá, a través de la puesta en marcha de programas en su lugar de origen que contribuyan a frenar la migración, como Tierra Firme, dirigido a la formación profesional de más de 500 jóvenes de Senegal.
Pese al desafío que representa la crisis migratoria, la Consejería no ha escatimado esfuerzos en el resto de sus áreas y en la mejora de la atención a la sociedad. Uno de estos ejes estratégicos de actuación ha sido el área de dependencia, en la que hemos alcanzado objetivos fundamentales, como la reducción en casi un año del tiempo de resolución de las solicitudes. Esto ha ido unido, además, a un impulso de las revisiones de grado, una herramienta clave para garantizar una atención adecuada a este colectivo.
Otros avances relevantes han venido de la mano del incremento de la cuantía de las ayudas, al mismo tiempo que estamos trabajando en la mejora del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y para la aprobación del Programa Individual de Atención. Medidas todas ellas encaminadas a una atención más ágil y adaptada a las necesidades reales y que podremos culminar con la consecución de la primera Estrategia Sociosanitaria de Canarias.
Las personas con discapacidad son otro de los colectivos en los que estamos centrando nuestra labor con el fin de prestarles el apoyo necesario para mejorar su inclusión social. En este caso, hemos reforzado los equipos de discapacidad con médicos y hemos agilizado la lista de espera, además de prestar especial valoración a las islas no capitalinas, fortaleciendo los servicios de valoración. Y seguiremos apostando por nuevas medidas, como iniciar los trámites para la implantación de la tarjeta digital del grado de discapacidad, de las que se beneficiarán 137.000 personas.
Los mayores representan una de nuestras prioridades porque queremos convertirlos en parte activa en la gobernanza de las actuaciones que les afecten. Dentro de ese programa de acciones, seguiremos avanzando en la elaboración del primer plan de mayores de las Islas para garantizar una atención de calidad a este colectivo.
Además, apostamos por la creación de la Red de Recursos de Mayores de Canarias, que facilite la información y las alternativas a las que pueden tener acceso, al mismo tiempo que abogamos por conectar a ese colectivo con los jóvenes para romper la brecha intergeneracional.
E, indudablemente, estamos firmemente comprometidos con el seguimiento y control de los centros de mayores, al igual que los de menores y de personas con discapacidad o en situación de dependencia, a través del refuerzo de las inspecciones.
En el marco de la atención a los colectivos vulnerables, desde la Consejería hemos intensificado esfuerzos en la lucha contra las situaciones de pobreza y exclusión que se viven en las Islas para conseguir que Canarias deje de ser una de las comunidades con mayor porcentaje de población en estas condiciones.
En esta línea, hemos destinado 213,5 millones de euros para ayudar a 843.000 canarios y canarias. A esto se suma el trabajo conjunto realizado con los ayuntamientos a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, con una partida de 93 millones de euros para atender a 480.000 personas en situación de vulnerabilidad social. Además, seguimos trabajando en impulsar la Renta Canaria de Ciudadanía y en la mejora del alcance del Ingreso Mínimo Vital.
Tampoco hemos querido dejar de lado a los jóvenes, piedra angular de la sociedad del futuro, a través del impulso a proyectos dirigidos a mejorar su empleabilidad, además del desarrollo de numerosas acciones en materia de igualdad, salud mental, violencia sexual o diversidad. Aspectos todos ellos que hemos querido hacer extensivos a otras áreas con el fin de hacer realidad el estado del bienestar y la consolidación de una sociedad basada en la plena inclusión social de todos los canarios y canarias.
Al mismo tiempo, hemos trabajado para que ninguna mujer víctima de violencia de género se quede sin recibir la ayuda que contempla la ley y hemos liderado importantes campañas de sensibilización para avanzar hacia una Canarias más igualitaria y justa con todas y todos los que vivimos en ella.
