“Unos medios de comunicación libres son un pilar clave de toda democracia y son esenciales para una economía de mercado sana”. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés), deja bien a las claras la importancia que tiene el periodismo en la democracia. Sin embargo, como advierte la propia Comisión Europea, “se observan tendencias con un cariz más preocupante” que hacen que el refugio para los medios de comunicación libres se tambalee. Esa preocupación es la que llevó a que una mayoría significativa (464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones) aprobara el pasado mayo el citado reglamento, que es de obligado cumplimiento por parte de todos los estados miembros de la UE. El objetivo radica en defender la información veraz frente a la creciente desinformación, sustentada por el abuso de las redes sociales y los avances tecnológicos.
Es difícil estar en contra de un reglamento que pretende proteger la independencia editorial y las fuentes periodísticas; garantizar el funcionamiento independiente de los medios de comunicación públicos; aumentar la transparencia en cuanto a la propiedad de los medios; protegerlos de la eliminación injustificada de contenidos en línea por parte de plataformas en línea de muy gran tamaño; garantizar la transparencia de la publicidad estatal y que los Estados miembros proporcionen una evaluación del impacto que tienen las concentraciones clave sobre el pluralismo y la independencia editorial; ofrecer mayor transparencia en la medición de audiencia a los prestadores de servicios de comunicación y los anunciantes. Es decir, medidas para proteger el periodismo; el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación, lo que redunda en sanear el ecosistema mediático y defender la libertad de prensa, así como garantizar los derechos de los consumidores y medios de comunicación frente a las grandes plataformas digitales.
La FAPE, que enarbola precisamente el lema Sin Periodismo no hay Democracia, considera que una normativa que pone el foco en la independencia de los medios y permite fortalecer el periodismo basado en códigos éticos y deontológicos, regido por el principio de veracidad, poniendo freno al avance de la desinformación, siempre es necesaria. Y, en el mismo contexto, respalda su aplicación en España en toda su extensión como ha asegurado el Gobierno, que ha incluido el reglamento europeo como uno de los ejes del Plan de Regeneración Democrática que aprobó el Consejo de Ministros en septiembre.
La FAPE, en ese sentido, ha transmitido al presidente que tendrá su apoyo “siempre y cuando su aplicación a nivel estatal asegure el libre ejercicio de la profesión periodística, rechazando cualquier intento de injerencia de los poderes públicos; garantice el derecho a la información veraz de la ciudadanía, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española; y salvaguarde la independencia de los medios de comunicación con una financiación estable y transparente”. Es decir, debe ir en esta línea y no en la de limitar las libertades informativas. Somos conscientes de que la tentación de controlar por parte de los Gobiernos siempre está ahí. Países con democracias consolidadas (casos de Reino Unido con la BBC o de las actuaciones de Trump en Estados Unidos) son ejemplos. Por eso, vamos a estar vigilantes del desarrollo del reglamento en España.
La función de vigilancia de los poderes públicos y defensa de los principios periodísticos es primordial en unos tiempos en los que están muy amenazados por la polarización política y la desinformación, y el enfrentamiento que se deriva de dichos fenómenos. El Foro Económico Mundial de Davos lo catalogó en su último informe, el de 2024, como el principal riesgo global para los dos próximos años, cuando en el anterior ni siquiera aparecía entre los 10 primeros motivos de preocupación. Desde luego, algo ha pasado para que se haya producido este cambio tan radical. Y se antoja necesario que se incluya en la revisión de los códigos civil y penal, que contemplan condenas o sanciones en el ámbito del derecho al honor (la injuria y la calumnia), pero la desinformación y la mentira no están tipificadas como delito. Parece que el objetivo de modificar los delitos del derecho al honor y el derecho a rectificación anunciado por el Ejecutivo va por ese camino. Y, si no, debiera ir. Podrían contemplarse, como elemento disuasorio, el incremento de las multas y sanciones en el Código Civil.
Papel de la profesión
El papel de la profesión es fundamental en la convivencia pacífica y para garantizar la democracia. Debemos responder a las amenazas con la información veraz, rigurosa y ajustada a los códigos deontológicos de la profesión y refractaria a los bulos y la posverdad que circulan por las redes sociales y que, en su mayor parte, responden a estrategias premeditadas. Asimismo, la lucha se centra en la inteligencia artificial, que puede convertirse en otra palanca desinformativa. Pero hay que ser inteligente y saberla usar. Es decir, utilizar la tecnología en beneficio del periodismo, por ejemplo, en la comprobación de información falsa y en la detección de la desinformación.
Nuestros objetivos tienen como principio y fin la libertad de expresión, el derecho a la información, el libre ejercicio del periodismo y (no hay que olvidarlo) la necesidad de acabar con la precarización laboral. Es de vital importancia para garantizar la democracia proteger a los medios de comunicación que hacen su trabajo de acuerdo con el Código Deontológico de la Profesión Periodística. Partiendo de ahí es importante destacar la intención de establecer los criterios que definan qué es un medio de comunicación. Para la FAPE, la diferencia sustancial entre un medio de comunicación y lo que no lo es viene marcada por la veracidad de las informaciones que publica, emite o difunde. Sin entrar en la libertad de las personas para expresar libremente sus ideas, porque no podemos confundir libertad de expresión y libertad de información (opiniones frente a hechos), los periodistas han de cumplir con el principio de veracidad, que se identifica con la diligencia profesional en la comprobación de la información.
Desde la federación no se han dejado de proclamar todos estos principios, así como denunciar cuando se han transgredido, y desgraciadamente no han sido pocas veces. En concreto, entre las asambleas de Lanzarote (2023) y Talavera de la Reina (2024) se realizaron 107 declaraciones y manifiestos. En ellos, hemos denunciado señalamientos; vetos a profesionales y medios por parte de algunos grupos políticos; insultos y agresiones, de las que personas con acreditación de prensa han sido protagonistas; comparecencias sin preguntas; requerimiento de fiscales y jueces para que el periodista revele sus fuentes; querellas para frenar las investigaciones periodísticas o las campañas de presión a través de redes sociales.
De algunas actuaciones no se libran los medios. Para denunciar cualquier atropello existe la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, ya con 20 años de existencia y más de 220 dictámenes emitidos, que supone una base de referencia y calidad doctrinal. Si bien sus resoluciones carecen de carácter sancionador, ya que su finalidad es meramente recomendatoria, cumple con una persistente necesidad: clarificar el confuso panorama informativo en nuestro país.
Pero, además del acceso a la información veraz, existe otro pilar esencial para garantizar el buen estado de salud de una verdadera democracia: la alfabetización mediática. Hace más de una década que la FAPE viene reiterando la inclusión de una asignatura de educación mediática en Enseñanza Secundaria Obligatoria. Si esta petición se hubiera considerado, se habrían dado pasos importantes para luchar contra la desinformación, que no solo afecta a la seguridad nacional sino a la sociedad en su conjunto. Una sociedad con una buena formación mediática desde las primeras edades escolares estará más capacitada para analizar los contenidos de forma más crítica y distinguir el grano de la paja, la verdad de la desinformación.
La vuelta a la verdad es también la vuelta a las fuentes. La verdad es una necesidad para la garantía de la libertad de prensa, consagrada como derecho fundamental en las democracias, y para ello se requieren fuentes de calidad. Por eso es importante también la honestidad y transparencia en los gabinetes de comunicación, ocupados mayoritariamente por periodistas, y a los que nunca está de más reclamar que respeten esa máxima de ir siempre con la verdad por delante.
El periodismo, remedando a Gabriel Celaya, es un arma cargada de futuro y le esperan momentos de recuperación que solo se conseguirán con la búsqueda de la verdad y la crítica constructiva; con la rectificación, si hay que hacerla, y con las herramientas tradicionales: saber preguntar, saber contar y saber canalizar la información.
