Me siento muy orgullosa y a la vez agradecida de ser la primera mujer que ocupa el cargo de Diputada del Común, una institución que contempla tanta historia en sus 40 años de existencia y que por primea vez está liderada por una mujer. En esta nueva etapa hemos comenzado a mediados de 2024 con un nuevo equipo de trabajo, un equipo que se está cohesionando con la gran esperanza y optimismo de tratar de servir a la ciudadanía de la forma más eficiente posible. Aquí estamos frente a los nuevos retos, y los que nos han sido derivados por la situación social que vivimos en el Archipiélago. Los servicios sociales ocupan la mayoría de las preocupaciones de nuestra gente: Migración, vivienda, violencia de género, sanidad, educación, dependencia… son solo algunos de los temas tan serios como difíciles de abordar en nuestra comunidad. En cuanto a las áreas de gestión, la Dependencia sigue a la cabeza del mayor número de reclamaciones recibidas.
El impacto del fenómeno migratorio que llevamos viviendo desde hace décadas en Canarias, ha incrementado la falta de recursos para defender los derechos de estas personas, sobre todo de los menores no acompañados. No quiero incidir en este tema de forma que añada un titular más a los que ya vemos a diario en los medios de comunicación y que muchas veces son malinterpretados y han dado lugar a alarmismos que puedan ser utilizados en su contra. Desde mi toma de posesión en la Diputación del Común me he visto obligada a tomar acción contra un centro de menores en Lanzarote, he visitado junto al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y sobre todo me he reunido y sigo haciéndolo con aquellas personas del tercer sector que trabajan con férrea voluntad y optimismo. Sigo empeñada desde una postura tanto personal como institucional en velar porque estas personas sean atendidas como seres humanos, tener en cuenta que no se les puede prestar medidas de emergencia, ya que se encuentran en situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, necesitan la protección de las instituciones en este caso incluso de las internacionales poniendo el foco en el pacto europeo. Su sufrimiento no termina cuando logran llegar a Canarias.
Ya desde la ejecutiva anterior se solicitó colaboración a otras comunidades para tratar de paliar en gran medida la asistencia a las personas que llegan a nuestras costas. Hemos solicitado al resto de Adjuntías del Común la solidaridad necesaria para solventar cuanto antes la crisis humanitaria que estamos viviendo. Somos optimistas a pesar de la situación y creemos que la elaboración de informes y el estudio constante nos ayudará a tener una visión realista fuera de esos sensacionalismos que a veces se generan. He participado en la VI Cumbre de la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas celebrada en El Salvador, donde intercambiamos las preocupaciones por esa movilidad, hemos llamado la atención de la FIO sobre nuestra situación y logrado su apoyo. En el caso de los menores no acompañados se ha de velar por el cumplimento de sus derechos sociales y culturales, tales como los derechos a la salud, la vivienda o la educación.
No quiero aburrir con cifras que pueden consultar en nuestra página oficial y que debido a la transparencia a la que estamos obligadas, se publican anualmente. Sí dejar claro que el número de personas que confió en nuestra institución para intentar solucionar sus problemas con la administración pública lleva años en ascenso, pues se da un crecimiento del 141% en los últimos doce años, aunque el dato más relevante es que logramos que el 64.46% de las reclamaciones fueran favorables a la ciudadanía. Sin embargo creemos que no es suficiente.
El desconocimiento de la institución, a veces frena de un lado, y crea falsas expectativas de otro. No es suficiente abrir nuestras puertas a todos los colectivos y potenciar el uso del teléfono de línea gratuita 900, en el que se recibieron más de cinco mil llamadas para hacer consultas. No es suficiente haber desarrollado una web específica de Igualdad para reflejar nuestro trabajo en esa Adjuntía Especial, ni la lucha para poner en marcha el Canal de Denuncias y la Sede Electrónica. La tecnología es muy importante, pero creemos y abogamos por la creación de una Escuela de Ciudadanía. En la última reunión que se realizó en junio con jóvenes de casi todas las comunidades autónomas en Barcelona al amparo de la coordinación de las Defensorías del Pueblo, hicieron varias observaciones sobre la Administración Pública, observaciones como el uso del lenguaje y consideraciones sobre la diversidad y la inclusión. Tenemos que hacer caso de los más jóvenes, contribuir a una conciencia y buen uso de los recursos existentes y eso solo lo podemos lograr a través de una escuela.
Las quejas nos deben servir para conocer que hay problemas en los que hay que lanzar mensajes de manera colaborativa. Por ejemplo, en el tema ya mencionado de las migraciones, hay que empezar a caminar cambiando la mirada y los actores sociales nos deben marcar la pauta. Aplaudo al tercer sector porque están haciendo una labor magnífica y por tato debemos dejarnos asesorar de su experiencia y trabajo directo lejos de la burocracia que frena y retrasa la solución de muchos de los problemas.
