Desde el comienzo de legislatura, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias se marcó como objetivo dedicar todos los esfuerzos necesarios para provocar una auténtica transformación de los servicios sociales.
El área se ha enfrentado a retos muy difíciles. A nadie se le escapa el sostenido esfuerzo de afrontar en solitario una crisis sin precedentes que trajo a nuestras costas picos de ocho mil menores migrantes sin acompañar a los que tuvimos que tutelar y ofrecer techo, comida, ropa, educación, atención sanitaria, psicológica, mediación lingüística e intercultural…
A pesar de ello, en medio de esta emergencia, hemos seguido trabajando para mejorar el sistema de atención a los menores de Canarias y sus familias en distintos ámbitos. Un ejemplo de ello es la redacción de la nueva Ley canaria de Infancia y Adolescencia, cuyo objetivo es reconocerlos como sujetos de pleno derecho y otorgarles un estatus activo dentro del tejido social para una sociedad más justa e inclusiva.
Hemos puesto en marcha la figura del delegado deportivo, una persona formada, accesible y cercana preparada para escuchar, orientar y actuar en casos de violencia contra los menores en el ámbito deportivo.
Hemos reintegrado a sus hogares a casi ochenta niños y niñas que en un momento dado tuvieron que ser tutelados por el Gobierno por formar parte de familias desestructuradas, con las que trabajamos y cooperamos para que volvieran a su entorno de forma segura. Y trabajamos sin descanso para recuperar el sistema de familias de acogida, para dar un hogar temporal a todos aquellos niños y niñas que, como los anteriormente mencionados, tienen que separarse temporalmente de sus familias biológicas.
En el ámbito de la pobreza, podemos atender más y mejor a aquellas personas que acuden a entidades del tercer sector o los bancos de alimentos, porque cuentan hoy con mayor presupuesto para paliar las situaciones de exclusión social. El esfuerzo por dignificar la atención a personas en necesidad se muestra no solo en la implantación de un sistema de tarjetas bancarias para que las familias con hijos e hijas puedan acceder de forma discreta a las ayudas y eliminar así el estigma, sino que, gracias Concierto Social, vamos a prestar atención social, psicológica y educativa para la inserción real de las personas que reciben la Renta Canaria de Ciudadanía.
En paralelo, hemos seguido trabajando en el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural Canarias, que se ha convertido en un referente de integración para otros territorios, dando ejemplo de que somos una sociedad abierta y plural.
En lo que se refiere a la gestión de la discapacidad, nuestra labor se ha centrado en ordenar la grave situación con la que nos encontramos al principio de la legislatura, lo que ha requerido no solo de una estrategia, sino de personal comprometido. Se ha hecho un esfuerzo ímprobo por cubrir plazas para la valoración y la atención, se crearon nuevos equipos, se inició un trabajo durísimo de revisión de expedientes para dar respuesta a tantas personas que seguían necesitando de sus derechos…
Conseguimos poner en marcha la tarjeta digital del grado de discapacidad, altamente demandada por el colectivo. Hemos unificado la tarjeta de aparcamiento y la hemos dotado de más seguridad, además de poner en marcha las chapas acreditativas de perros de asistencia. Hicimos llegar al área el siglo XXI gracias a la introducción de la robótica y la inteligencia artificial, y los resultados serán manifiestamente visibles al final de la legislatura.
En cuanto a la dependencia, un área tan controvertida como exigente e imprescindible de atender, nos hemos atrevido a levantar alfombras, ordenar y reestructurar para que, por fin, haya transparencia y las familias puedan obtener sus derechos de forma mucho más rápida y eficaz. Hemos reducido en más de ocho meses el tiempo que tarda una persona en recibir una ayuda y, gracias al nuevo decreto de gestión monofásica, esta cifra seguirá bajando hasta llegar a los seis meses que estipula la ley. Solo un dato: en lo que llevamos de legislatura, hay 10.000 personas más con una ayuda concedida que las que había en julio de 2023. Todo ello, sin recibir aún el porcentaje de financiación justo y estipulado por ley por parte del Estado, que solo aportót el 22% del coste del sistema, mientras abona entre el 40 y el 50% en otras comunidades.
En el ámbito de la igualdad y la diversidad hay que señalar la apertura de los cinco centros 24 horas para mujeres víctimas de violencias sexuales, donde encontrarán atención jurídica y psicológica; así como el teléfono 028, un servicio de carácter gratuito de atención integral a las personas LGTBI.
Finalmente, hemos devuelto la voz y la participación a las personas jóvenes y las mayores, atendiendo sus demandas y tratando de paliar problemas de nuestro tiempo, como la soledad no deseada, a través de diversos proyectos o la app Dialogae.
Seguimos trabajando para ganar en bienestar social de manera que podamos dejar una Canarias más justa. En los próximos dos años, seguirán apreciándose estos avances, prometido.