El año 2024 nos demostró que con voluntad política se puede avanzar en políticas útiles para quienes sostienen nuestro sector primario. Además de gestionar los retos derivados de la sequía, el encarecimiento de los insumos y la competencia desleal de las producciones procedentes de terceros países, desde el Gobierno de Canarias apostamos por avanzar hacia una política pública más cercana al servicio de los profesionales y las profesionales del campo y del mar, quienes con su trabajo nos alimentan, mantienen viva nuestra identidad y nuestro medio rural.
Y lo hicimos junto a los agentes del sector, desde el diálogo y la acción, en un contexto incierto y cambiante, marcado por movilizaciones del sector ante las instituciones europeas, conflictos geopolíticos como la guerra en Ucrania, volatilidad en los mercados y, más recientemente, por un anuncio de la Comisión Europea que representa una ruptura con el compromiso que la UE había mantenido en materia agraria y pesquera con Canarias y el resto de Regiones Ultraperiféricas (RUP).
Pero antes de abordar este preocupante desafío, permítanme repasar algunas de las principales medidas adoptadas durante dicho ejercicio. Así, sentamos las bases para la adquisición de diez nuevas desaladoras con una inversión de 13,4 millones de euros y defendimos unos presupuestos para 2025 con 20 millones de euros destinados a infraestructuras de riego, como parte de una estrategia ante la escasez de recursos hídricos para la agricultura y la ganadería. También pusimos en marcha, por primera vez, una ayuda directa por valor de 3,87 millones de euros para paliar los efectos de la sequía que benefició a 1.500 agricultores, y que hemos reforzado este año con la concesión de 4,03 millones de euros a 3.160 productores.
El relevo generacional en el campo figura como otra de las prioridades de este departamento. Así, para impulsar la incorporación de jóvenes al sector, en 2024 concedimos subveniones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) a 58 jóvenes por 3,8 millones de euros. Además, facilitamos la modernización de 435 explotaciones con ayudas de este programa por valor total de 11,7 millones de euros.
En materia pesquera, estamos poniendo al día los pagos del Poseican con el abono de más de 8 millones de euros correspondientes a la campaña de 2021, así como el reciente pago de 7,2 millones de euros de 2022, mientras seguimos trabajando en la convocatoria de 2023, y reforzamos el apoyo a las cofradías, cooperativas y sus federaciones con un incremento del 30% en las ayudas. Además la pesca artesanal y la acuicultura también recibieron un respaldo específico frente al encarecimiento de los insumos, con ayudas directas por valor de 1,9 millones.
Otro de nuestros compromisos radica en reactivar cultivos de importancia económica y proteger los sistemas agrarios tradicionales de las islas, desde el Plan de conservación de los agrosistemas de La Geria, pasando por el proyecto de recuperación del cultivo de la piña tropical en El Hierro, hasta la mejora genética de variedades de vid y batata. También hemos registrado el Centro de Sementales de la Raza Caprina Majorera como único organismo español autorizado para comercializar productos reproductivos de esta especie autóctona, además de incentivar la creación de empresas del sector primario a través del programa Emprende Rural, desarrollado en La Palma y La Gomera.
Además avanzamos en mejora de la gestión de los instrumentos europeos, adelantando los pagos del POSEI al sector ganadero e industria láctea y a la papa, al tiempo que implementamos modificaciones en el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para elevar los niveles de ejecución hasta prácticamente el 100% del presupuesto disponible, además de consolidar el incremento del 20% en las ayudas a la alimentación animal, una demanda histórica que hoy es una realidad.
El respaldo a las producciones locales ha sido otro eje fundamental de nuestra política el año pasado. Hemos impulsado múltiples acciones de promoción y apoyo a la comercialización, desde campañas en lineales de venta, en los ámbitos educativo y deportivo, hasta acuerdos con cadenas hoteleras o aerolíneas, siempre buscando acercar el producto local al consumidor final y reforzar su valor añadido.
Sin embargo, pese a los importantes avances logrados, la Comisión Europea ha introducido una nueva incertidumbre que amenaza con desestabilizar los cimientos sobre los que hemos venido trabajando. Así, el pasado mes de julio presentó una propuesta de nuevo Marco Financiero Plurianual 2028–2034 que supone una ruptura con el modelo de apoyo diferenciado a las RUP. En esta, el POSEI, principal programa de ayudas al sector primario canario, pasaría a integrarse en un fondo multifuncional sin financiación específica ni reconocimiento jurídico propio y, en lugar de depender directamente de la Comisión Europea, quedaría a expensas del diseño y prioridades del Plan Estratégico Nacional.
Desde el Gobierno de Canarias rechazamos este cambio de paradigma que supondría un retroceso sin precedentes para nuestro sector primario, por lo que estamos conformando un frente común junto a los agentes del sector y los gobiernos de España, Francia y Portugal para defender de manera firme y nuestra posición a las instituciones europeas.
Hoy más que nunca, Canarias necesita políticas europeas que entiendan su realidad, que reconozcan sus singularidades y que refuercen —no debiliten— a quienes aseguran su futuro.
