Desde la implantación de la LOGSE en los años 90, el fracaso escolar en las Islas y la situación del profesorado ante las sucesivas reformas educativas han sido preocupaciones recurrentes. Tres décadas después, y tras un puñado de leyes educativas a la espalda, el panorama educativo canario, aunque con matices, arrastra desafíos muy similares en el segundo curso de implantación de la LOMLOE: altas tasas de repetición y de abandono escolar temprano marcando la agenda educativa.
Se ha demostrado que la repetición de curso, además de aumentar la segregación escolar, tiene escasa o nula eficacia. Sin embargo, esta medida ha venido experimentando un aumento sostenido en las enseñanzas canarias de régimen general en los últimos años, pasando de una tasa del 2,8% en el curso 2020/21 al 4,6% en el 2023/24, especialmente acusada en la ESO (7,8%) y en la FP (8,4%). Además, en 2024 Canarias registró un 13,1% de población joven (entre 18 y 24 años) sin completar una FP o un bachillerato. Este porcentaje supone una reducción no desdeñable de 1,64 puntos respecto a 2023, situándose en la media española de abandono, pero sin igualarse con el mejor dato de Canarias alcanzado en 2022 (12,3%), incluso por debajo de la media nacional.
A pesar de estos retos pendientes, es de justicia señalar que también se han producido progresos importantes. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes que, a los quince años, está matriculado en el curso que le corresponde por su edad ha mejorado considerablemente, del 59,7% en el curso 2014/2015 al 69,7% en 2023/24. Estas cifras demuestran un cierto avance hacia una mayor equidad y éxito escolar.
Es interesante destacar un significativo efecto de género, con los varones a la cabeza de las tasas de repetición (aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes) y de abandono escolar (un 16% de varones frente a un 10% de mujeres). Y, en lógica correspondencia, con un 68,2% de alumnos de 15 años en el curso correcto frente al 75,7% de alumnas. Además, las mujeres ocupan la mitad de las plazas de FP, con predominio de su presencia en los Grados Superiores, mientras que los hombres abundan más en los Grados Básicos y Medio.
Esta superioridad educativa de las mujeres convive con perseverantes estereotipos de género, que imprimen un patrón diferenciado en las elecciones de los estudios. El ejemplo más contundente es el escaso 11,45% de mujeres matriculadas en la familia STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en Canarias en 2024, mientras que ciclos como Educación Infantil o Farmacia fueron copados fundamentalmente por mujeres. Sin embargo, el ISTAC (2022) señala que las tasas más altas de inserción laboral se dan precisamente en la familia profesional de Informática y Comunicaciones, donde vale la pena recordar que la práctica mayoría del alumnado es hombre.
En 2024 el paro en Canarias fue de un 14,04% para las mujeres y de un 10,02% para los hombres y, de acuerdo con los datos de CCOO, la brecha salarial del 11,5% se tradujo en 2.441 euros más de sueldo anual para los hombres. Por tanto, aunque las cifras educativas globales sean favorables para las mujeres, los datos nos alertan de que la inferior preparación de los hombres no está impidiendo su mayor éxito laboral. En otras palabras: a pesar de que los resultados educativos de las mujeres sean sensiblemente mejores, la discriminación laboral en función del sexo persiste con tenacidad hoy en día, poniendo en jaque los esfuerzos de las mujeres por alcanzar la igualdad. Esto da mucho que pensar…
Luces y sombras en la FP
Volviendo a la Formación Profesional, en el curso 2023/24 siguió experimentando un crecimiento notable en todos sus niveles. En Canarias se incrementó un 3,1% la FP básica (2619 estudiantes), un 1,6% los grados medios (15.035) y un 2,9% los grados superiores (21.391). Sin duda, la FP está de moda y ha adquirido la relevancia y popularidad que se merece. La otra cara de la moneda es que la oferta pública de FP se ha tornado insuficiente en algunos casos. En Canarias aún siguen predominando los centros públicos de FP: un 81,83%, de acuerdo con las últimas cifras disponibles del curso 2022/23. No obstante, es necesario destacar que los centros privados han aumentado en Canarias un 230% en los últimos diez años, marcando una explosiva tendencia ascendente. Si se tiene en cuenta que el coste mensual por estudiante en la FP privada ronda los 250 euros, es muy posible que cada vez haya más estudiantes que no pueden cursar los estudios de FP que desean, lo que a su vez redundará en el temido aumento del abandono escolar.
Plantillas escasas
En este sentido, la plataforma por el 5% para la educación advierte de que en el curso 2023/24 la plantilla docente en la educación pública solo aumentó un 0,6%; un porcentaje muy por debajo de la media nacional del 1,1%. Estas carencias en la educación pública canaria ponen de nuevo sobre la mesa el reto crítico de la educación como compensadora de la desigualdad, tal como está recogido desde 2006 por la LOE (Ley Orgánica de Educación). Por poner un ejemplo, nuestra comunidad presenta un déficit de 6.800 plazas para la educación de 0 a 2 años. A pesar de ello, en Canarias los presupuestos de 2024 solo destinaron un 4,82% del PIB. Esta situación parece lejos de revertirse, ya que en 2025 la inversión se hundió hasta el 4,05%.
Esta merma en la financiación de la educación pública es especialmente relevante en un territorio donde en 2024, de acuerdo con la plataforma European Anti-Poverty Network (EAPN), el 31,2% de la población canaria se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social. Aunque esta cifra fue inferior a la de los años precedentes, Canarias se mantuvo como la segunda comunidad más pobre de España, solo por delante de Andalucía. Por ello, sigue preocupando el bienestar del alumnado y resulta esencial asegurar servicios básicos, como la cuota 0 de comedor, sobre todo durante los periodos vacacionales, para poder así mitigar los efectos de la pobreza.
En este estado de cosas no debería sorprender que el éxito de Canarias en PISA sea menor, ya que las competencias, no solo se aprenden en la escuela, sino también en los contextos familiares y sociales. Como se recordará, en 2022 los resultados de PISA, en todos los países, se caracterizaron por ser más bajos que en ediciones anteriores. En general, los resultados de España se emplazaron en la media de la OCDE, pero Canarias fue una de las comunidades que quedó por debajo de este promedio y del nacional. El riguroso análisis de la ACCUEE (Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa) demostró que, lejos del tremendismo de algunas cabeceras, tanto en lectura como en ciencias, la distancia de poco más de 10 puntos suponía una diferencia muy pequeña y que, aunque en matemáticas fue de unos 25 puntos, aún resultaba poco relevante.
PISA 2022 hizo una nueva entrega de resultados en 2024. En esta ocasión, mostrando los datos del rendimiento en pensamiento creativo, con tendencias más favorables que las esperadas a nivel nacional, obteniéndose 32,8 puntos de promedio nacional frente a los 32,1 de la Unión Europea. Canarias logró 31,9 puntos de media, situándose de nuevo entre las peores comunidades de España, aunque por delante de País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Melilla y Ceuta. Podríamos colegir que estas diferencias no son tan significativas como se ha desprendido de algunos alarmantes titulares.
No obstante, se subraya que, mientras que en Castilla y León o en Cantabria el 40% del alumnado con condiciones socioeconómicas desfavorables logra buenos resultados, el ascensor social de la educación solo funciona en Canarias con 1 de cada 4 estudiantes, acentuando la desigualdad de oportunidades y disminuyendo el papel compensador de la educación. Es ineludible reconocer que nuestra región mantiene distancias educativas con comunidades españolas más prósperas como Castilla y León o Asturias (en rendimiento académico) o como Madrid y Castilla León (en pensamiento creativo). Por tanto, si queremos mejorar los resultados escolares, no solo tendremos que enfocarnos hacia el sistema educativo, sino también hacia el progreso socioeconómico de la población.
En síntesis, la educación en Canarias enfrenta retos históricos, pero también ha mostrado mejoras sustanciales. Los avances han sido importantes, pero todavía queda un largo camino para alcanzar una convergencia real con los sistemas educativos europeos, reorientando estrategias y abordando problemas clave, como, el fracaso escolar, la escolarización pública de 0 a 3 años y la igualdad entre mujeres y hombres. La financiación del sistema educativo es un punto crítico. La Ley Canaria de Educación no Universitaria estableció en 2014 la meta de un mínimo del 5% del PIB para la educación; un objetivo que debía haberse alcanzado en un plazo de ocho años. Sin embargo, este umbral aún no se ha logrado, lo que pone en riesgo la capacidad del sistema público para garantizar la calidad, equidad e inclusión.
Ahora más que nunca, es necesario consolidar un compromiso colectivo que involucre a las administraciones, los sectores productivos, la sociedad en general y la comunidad educativa en particular. Un compromiso firme para afianzar un modelo educativo sostenible y eficaz, basado en la convicción de que la educación, más que un gasto, es una inversión estratégica con un alto retorno social y económico. Garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva no es solo una obligación ética, sino también una herramienta esencial para el desarrollo presente y futuro del Archipiélago. Solo a través de una acción coordinada y sostenida será posible transformar un sistema que avanza con lentitud, pero que tiene el potencial de marcar generaciones y de impulsar el progreso de toda la sociedad canaria.
