Los datos del Consejo General del Poder Judicial no son meros números para quienes ejercen la abogacía en las islas. Cuando observamos que Canarias registra 212,51 asuntos por cada 1.000 habitantes, muy por encima de la media nacional de 160,41, hablamos de una realidad que se experimenta diariamente en los despachos, en los pasillos de los juzgados, en las largas esperas para obtener señalamiento de vistas.
Esta cifra récord, que nos sitúa como el territorio más litigioso de España por sexto año consecutivo, refleja una paradoja inquietante: mientras se celebra que los canarios recurran al sistema judicial para defender sus derechos, también se constata que este mismo sistema está al límite de su capacidad operativa.
Desde la experiencia profesional, se observa cómo esta saturación afecta no solo a la eficiencia del servicio público de justicia, sino también a la calidad del asesoramiento legal que se puede ofrecer. Los retrasos procesales obligan a redefinir estrategias, a gestionar expectativas de clientes cada vez más impacientes, y a desarrollar nuevas formas de ejercer la profesión que sean compatibles con una justicia sobrecargada.
El déficit estructural: más allá de los números. Durante 2024, desde el ámbito colegial se ha mantenido un diálogo constante con las administraciones sobre las carencias del sistema. Los nueve nuevos juzgados puestos en marcha y los 85 funcionarios incorporados representan un esfuerzo importante, pero insuficiente ante la magnitud del problema que se enfrenta.
La advertencia de la consejera de Justicia, Nieves Lady Barreto, sobre la ausencia de creación de nuevos juzgados en 2025 por decisiones que escapan a las competencias de su departamento, no sorprende, aunque sí preocupa profundamente. Los que nos dedicamos al ejercicio de la abogacía conocemos de primera mano las consecuencias de este déficit crónico.
El problema de los juzgados de familia es especialmente dramático. La necesidad de especialización de los juzgados en conflictos familiares no es un lujo, sino una necesidad imperativa cuando se trata con menores, rupturas matrimoniales y situaciones de violencia de género. La saturación de estos juzgados no solo retrasa la resolución de conflictos, sino que perpetúa situaciones de inestabilidad que afectan a las familias canarias en los momentos de mayor necesidad.
Las carencias van más allá de la mera creación de órganos judiciales. Los edificios judiciales, fundamentalmente en los juzgados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, presentan deficiencias que afectan al ejercicio de la profesión: falta de espacios de espera adecuados, salas insuficientes para reuniones con clientes, escasez de despachos para el personal judicial y administrativo, entre otros problemas.
La cultura de la litigiosidad: un fenómeno social complejo. La combinación de alta migración, precariedad laboral, diversidad familiar, presión demográfica sobre el territorio y las dinámicas del mercado inmobiliario y turístico, genera una sociedad donde la vía judicial se percibe como la primera opción ante cualquier disputa.
Esta tendencia, que se observa diariamente en las consultas profesionales, refleja una menor capacidad para la resolución extrajudicial de conflictos. Alternativas como la mediación, la negociación, el derecho colaborativo, y otros medios alternativos no terminan de calar aún en una sociedad, que permanece adaptada al recurso al sistema judicial como la vía más directa para la defensa de derechos individuales. Sin embargo, muchos de los conflictos que llegan a los juzgados podrían resolverse de manera más eficiente y satisfactoria a través de vías alternativas, pero la cultura jurídica predominante sigue privilegiando la confrontación judicial sobre la búsqueda de soluciones consensuadas.
La transformación de nuestra profesión. La abogacía canaria está experimentando una transformación acelerada evolucionando el panorama profesional hacia una especialización cada vez más necesaria, impulsada por la complejidad normativa y las demandas específicas y singulares de nuestra Comunidad Autónoma.
Los despachos tradicionales enfrentan la presión de adaptar sus estructuras a un mercado altamente especializado y más sofisticado. La especialización en áreas tan dispares como derecho urbanístico, turístico, compliance, mediación, arbitraje, derecho inmobiliario, derecho fiscal y tributario, derecho de extranjería, protección de datos, derecho de familia, violencia de género y derecho laboral ya no es opcional, sino una necesidad ineludible para mantener la competitividad. Además, la transformación generacional que vivimos es especialmente significativa. Los nuevos colegiados llegan con una formación más tecnológica y una mentalidad orientada hacia la eficiencia y la innovación. Sin embargo, se enfrentan a un mercado donde la competencia se intensifica y los márgenes económicos tradicionales se ven erosionados.
El asesoramiento preventivo, que impone tanto nuestro Estatuto General como nuestro Código Deontológico, debería emerger e imponerse definitivamente en la práctica profesional para contribuir a reducir la alta tasa de litigiosidad canaria, ya que los resultados son prometedores cuando se implementa efectivamente.
Revolución tecnológica: oportunidades y desafíos. La incorporación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial representa el cambio más disruptivo que enfrentaremos en los próximos años. Como profesional que ha vivido la digitalización acelerada post-pandemia, esta transformación tecnológica no es opcional, sino imperativa para la supervivencia del sector jurídico: los sistemas de análisis documental automatizado, la búsqueda jurisprudencial inteligente y los sistemas de gestión predictiva de casos representan solo el inicio de una revolución que redefinirá nuestra profesión.
Esta inteligencia artificial generativa plantea oportunidades y amenazas simultáneas. Mientras permite automatizar tareas rutinarias y mejorar la eficiencia, genera inquietudes sobre la posible sustitución de funciones profesionales y plantea interrogantes éticos sobre la responsabilidad profesional en entornos automatizados.
Los retos de la formación continua y la colaboración profesional. La transformación del sector jurídico canario exige una respuesta formativa integral que vaya más allá de la mera actualización normativa. Los colegios profesionales se enfrentan al desafío de diseñar itinerarios formativos que aborden simultáneamente la digitalización, la especialización sectorial y las nuevas metodologías de resolución de conflictos.
La brecha generacional en competencias digitales requiere estrategias formativas diferenciadas pero convergentes. Los programas dirigidos a profesionales sénior se centran en la integración progresiva de herramientas tecnológicas en su práctica consolidada, mientras que los dirigidos a nuevos colegiados priorizan la profundización en conocimientos especializados que complementen su dominio tecnológico natural.
Paralelamente, la creciente complejidad de los asuntos jurídicos está transformando el modelo tradicional de ejercicio individual hacia esquemas de colaboración interprofesional. Esta evolución demanda no solo conocimientos técnicos multidisciplinares, sino también nuevas competencias en gestión de equipos, comunicación interdisciplinar y coordinación de proyectos complejos. Los despachos canarios comienzan a incorporar profesionales de otros ámbitos —economistas, ingenieros, psicólogos, tecnólogos— creando estructuras híbridas que requieren nuevos marcos de formación y coordinación profesional.
Hacia un sistema más eficiente. El futuro de la justicia canaria dependerá de nuestra capacidad para adaptarnos a las transformaciones sociales y tecnológicas sin perder la función esencial de garantes de derechos y libertades. Las perspectivas apuntan hacia un sistema más digitalizado, eficiente y accesible, pero también más complejo en sus requerimientos técnicos y profesionales.
La implementación efectiva de sistemas de mediación, negociación o arbitraje, debería contribuir significativamente a reducir la presión que padece la Administración de Justicia en Canarias. Estos mecanismos alternativos ofrecen la posibilidad de descongestionar el sistema judicial manteniendo estándares de calidad y aceptación social por su menor coste, celeridad y, en la mayoría de los casos, respuesta consensuada y no impuesta por un tercero ajeno a la relación controvertida que se plantea entre las partes.
Reflexiones finales: un compromiso colectivo. Como profesional que vive diariamente la realidad de la justicia canaria, se constata que atravesamos un período de transformación profunda y acelerada. Los desafíos son evidentes: sobrecarga estructural, carencias presupuestarias, complejidad creciente de conflictos sociales y necesidad de adaptación tecnológica.
Sin embargo, las oportunidades también son significativas. La digitalización ofrece herramientas para mejorar la eficiencia, la especialización profesional permite respuestas más adecuadas a conflictos complejos, y la implementación de mecanismos alternativos puede contribuir a descongestionar el sistema judicial.
El futuro de la justicia canaria dependerá de nuestra capacidad colectiva —instituciones, profesionales y ciudadanos— para colaborar en la construcción de un sistema más eficiente, accesible y adaptado a las realidades del siglo XXI. La transformación está en marcha, y su éxito determinará la calidad de la justicia que recibirán las generaciones futuras de canarios.
Como abogada, mediadora y representante institucional, asumo el compromiso de contribuir activamente a esta transformación, convencida de que la justicia canaria tiene el potencial para convertirse en referente de innovación y eficiencia en el panorama judicial español.
