El futuro, en manos del Consorcio

La constitución y puesta en marcha del Consorcio para la Rehabilitación Urbanística de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, en el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana, ha sido lo más relevante en materia informativa que ha dado el Sur de Gran Canaria en 2009. La decisión, impulsada desde el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, tuvo el apoyo la Secretaría de Estado de Turismo y de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

El nacimiento del Consorcio para la Rehabilitación Urbanística de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas requirió varios meses de negociación al más alto nivel. La firma del acuerdo entre las cuatro administraciones (Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias y Gobierno central) tuvo lugar a comienzos del mes de febrero y poco días más tarde surgieron las primeras diferencias entre los representantes públicos a cuenta del nombramiento del gerente. Al final, José Fernández resultó elegido gerente del organismo, con el voto en contra del Ejecutivo regional, al considerar que “no era la persona idónea en el cargo” debido a que en su etapa como director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente produjo “un estancamiento en el desarrollo turístico del Archipiélago”, según declaró en ese momento la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín.

Pero éste no fue el primero ni el último de los roces entre la consejera y el gerente. A mediados de año, Rita Martín anunciaba que había solicitado la suspensión de la adjudicación del plan rector provisional para la rehabilitación turística del sur de Gran Canaria por entender que había sido un concurso “parcial y poco transparente”. Y acusó a José Fernández de favorecer a “un amiguete socialista”, el empresario Francisco Henríquez. Según los estatutos, el importe del Plan para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, así como los gastos de mantenimiento del Consorcio fueron establecidos en 5.800.000 euros, financiados por las administraciones firmantes. Así, tanto Turespaña (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) como el Gobierno de Canarias aportan dos millones de euros, el Cabildo de Gran Canaria suma millón y medio, para dejar los 300.000 euros restantes al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

En la sesión de la Junta Rectora del Consorcio celebrada el 26 de febrero de 2009, la consejera de Turismo anunció la aportación por parte del Gobierno de Canarias al Consorcio de tres proyectos de obra a través de la entidad pública Gestur para la zona de San Agustín y Playa del Inglés, a efectos de que el Consorcio incluyera dichas actuaciones en el Plan de Rehabilitación de Infraestructuras y se hiciera cargo de las obras correspondientes. Los referidos proyectos son la Rehabilitación integral y urbanización de los espacios libres en la Avenida de Tirajana (con un presupuesto estimado de las obras de 6.800.000 euros), la transformación de la autovía GC-500 en vía-parque en el tramo de San Agustín (3.500.000 euros) y el acondicionamiento del Barranco Joseíto de San Agustín en Parque Urbano (2.100.000 euros).

Pero lo cierto es que, cerrado el ejercicio de 2009, no sólo no se habían ejecutado ninguna de estas tres obras, sino que habían variado la casi totalidad de los proyectos y las propuestas. Por todo ello, las patronales turísticas y los demás colectivos empresariales, preocupados por la lentitud de las iniciativas, no sólo han reiterado su apoyo al ente, sino que también han insistido en la necesidad de que las obras se inicien cuanto antes, por lo que suponen de incentivo y estímulo para impulsar la renovación de la oferta de alojamientos turísticos obsoleta. Eso sí, además del proceso de creación y puesta en marcha de este pomposo Consorcio para la Rehabilitación Urbanística de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, en el sur de Gran Canaria también se registraron otros hechos políticos importantes.

En el plano político destacó que los grupos municipales de Nueva Canarias y el Partido Socialista Canario-PSOE en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que gobernaban en minoría por la expulsión del edil socialista José Rodríguez, llegaron a un acuerdo con el partido más fuerte de la oposición, Agrupación de Vecinos, constituyendo a finales de febrero un pacto tripartito por la estabilidad del municipio, lo que dio lugar a la formación de uno de los grupos de gobierno más numerosos de la historia de San Bartolomé de Tirajana. De los 21 concejales que conforman la corporación municipal, 19 tienen responsabilidades de gobierno. Con el nuevo gobierno desaparece la sombra de una moción de censura, pero no la incertidumbre respecto al futuro del municipio, que vuelve a retrasar la aprobación del Plan General de Ordenación.

Este retraso congela el desarrollo de numerosas piezas de suelo e inversiones millonarias en el sector turístico, comercial y en la construcción de viviendas para promoción pública y segundas residencias. Y no sólo ello, pues la crisis también pasó factura a uno de los proyectos estrella: la construcción del nuevo edificio del Centro Administrativo Municipal. El concurso internacional abierto para contratar la obra mediante una concesión administrativa fracasó. Ni una sola empresa mostró interés por el proyecto, presupuestado inicialmente en unos 30 millones de euros. Este concurso se preparó con el propósito de dar respuesta al cierre de las antiguas oficinas municipales de Maspalomas, las cuales fueron precintadas en marzo de 2008 al detectarse desperfectos en su cimentación y estructura. Actualmente, la administración municipal sigue repartida en siete diferentes edificios de San Fernando de Maspalomas, Playa del Inglés y Campo Internacional.

La construcción del Centro Penitenciario Canarias II, la llamada macrocárcel de Juan Grande, es el único proyecto que ha continuado adelante a todo ritmo. Las obras a finales del ejercicio de 2009 estaban culminadas en 80%, restando solamente los equipamientos, sistemas de seguridad, mobiliario y la realización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Todo parece indicar que será entregada en en el plazo previsto y que a finales de 2011 comenzará a recibir los primeros detenidos. Ahora bien, además de estos asuntos hubo otro no menos importante: la férrea oposición de los empresarios a la demolición del centro comercial Anexo II de Playa del Inglés, inmueble que ha sido convertido en Zona de Dominio Público Marítimo Terrestre como consecuencia de la aprobación por el Ministerio de Medio Ambiente del deslinde en el tramo de costas entre El Veril y el Faro de Maspalomas.

Este complejo comercial, construido en 1979, cuenta con todos los permisos y sus titulares lo adquirieron conforme la normativa existente en esos años, sin cargas ni afecciones de tipo administrativo, por lo que han denunciado ante el Parlamento Europeo que el Gobierno de España aplica la Ley de Costas con retroactividad, exigiendo que se respeten sus propiedades. Los afectados han señalado que para salvar cien locales comerciales y unos 1.200 puestos de trabajo piensan llegar hasta el Tribunal de Justicia de Estrasburgo. Habrá que esperar.

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