El reto de la diversificación económica

El paso del tiempo puede situar al año 2009 como frontera entre el antes y el después para la industria manufacturera y el comercio canario. En cuanto a la industria, la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) 2009-2020 aumenta las posibilidades de materializar la ansiada diversificación económica con éxito. Para el comercio, la transposición de la Directiva de Servicios en el Mercado Interior con la aprobación de la nueva Ley de Licencia Comercial Específica para Canarias supone una revolución normativa. Un reto para nuestro comercio tradicional que cuenta con el apoyo y la complicidad del Gobierno canario para adaptarse a esta nueva realidad impuesta por la Unión Europea.

Canarias reúne en estos momentos varias ventajas que facilitan el arduo camino a seguir para mejorar la aportación de nuestra industria manufacturera al Producto Interior Bruto (PIB): consenso, oportunidad económica y talento en el capital humano. Así, hemos conseguido conciliar la voluntad de todos: sector industrial, universidades, sindicatos, administraciones locales, partidos políticos del arco parlamentario y Gobierno de Canarias. En este sentido, el año 2009 resulta histórico como inicio de una nueva etapa para la Industria. La EDIC es el documento que fija los objetivos y medidas para promover el desarrollo de nuestra industria manufacturera. El texto ha nacido de un proceso participativo, en el que cada medida ha sido analizada con el sector y confirmada por los partidos políticos del arco parlamentario que brindaron su apoyo unánime al texto en el mes de junio.

El gran reto es conseguir aumentar la aportación de la industria manufacturera canaria al PIB del actual 4,5% al 6% en el año 2020. Se trata de un objetivo ambicioso pero realista que se traza partiendo de las características geográficas, económicas, ambientales y sociales de nuestro archipiélago. Somos conscientes de que estas características impiden que el sector industrial se imponga al sector servicios en nuestra economía y es obvio que el turismo y todas las actividades vinculadas a él continuarán siendo en Canarias el pilar fundamental de la economía. Pero, a lo que no podemos ni debemos renunciar es a que el sector industrial explote en Canarias su máximo potencial, con desarrollo en actividades industriales que consuman poco territorio y tengan alto valor en la economía del conocimiento.

La crisis económica ha agitado nuestra conciencia colectiva sobre la vulnerabilidad de nuestra estructura económica. Ahora somos más conscientes como sociedad de la necesidad de diversificar. Es mayor nuestra disposición para realizar los sacrificios que este objetivo implica, invirtiendo recursos públicos y privados en actividades económicas cuya rentabilidad es inferior y más lenta que la aportada en la época de bonanza económica por la inversión en turismo o construcción. Pero la fragilidad del binomio construcción-turismo ha hecho que trabajadores y empresarios seamos más realistas y apostemos por fortalecer otras actividades productivas.

Contamos, además, con la generación mejor cualificada de la historia de Canarias para afrontar este reto. Debemos conseguir que nuestros jóvenes titulados obtengan oportunidades de empleo que les permitan desarrollar todas sus capacidades profesionales y evitar así que se abandonen el Archipiélago, en muchas ocasiones en contra de su voluntad, por carecer de opciones laborales adecuadas para su cualificación en esta tierra. Los frutos de la aplicación de la EDIC se irán recogiendo durante esta década, pero la crisis económica que afecta a todos los sectores y que estamos padeciendo con especial dureza nos obliga a afrontar a corto plazo la consecuencia más dura que de ella se deriva: el desempleo.

El Gobierno canario ha concentrado la mayor parte de sus esfuerzos económicos e imaginación en crear líneas de actuación para atender las diferentes situaciones que están padeciendo los más de 250.000 demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo de Canarias. La capacidad de maniobra en ejercicio de las competencias atribuidas en materia de empleo a las comunidades autónomas es reducida. Haciendo uso de las mismas y en continua negociación y diálogo con el Ministerio de Trabajo hemos logrado habilitar algunas iniciativas que pueden ayudar a decenas de miles de parados en las islas en los años 2010 y 2011 gracias al Plan Canarias Emplea, que prevé una inversión de 400 millones de euros.

Incentivar la contratación de 80.000 desempleados es la medida más potente que se ha puesto en marcha desde el Servicio Canario de Empleo, 60.000 a través de los programas tradicionales de empleo y 20.000 en empresas. El Pacto Social por la Economía y el Empleo –firmado por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos y cabildos– inspira esta actuación que promueve la creación de nuevos puestos de trabajo en la economía real: las empresas, mediante subvenciones a la cuota patronal de la seguridad social.

En aplicación del Pacto Social y a través del Plan Canarias Emplea, se están impulsando también actuaciones para cortar la destrucción de empleo. El Gobierno canario incentiva con dinero y cursos de formación a los trabajadores que acepten reducciones de jornada, que puedan surgir de la negociación entre los representantes de los trabajadores y los empresarios para ajustar los horarios y las plantillas a la disminución de la producción (en bienes y servicios). Se trata de aplicar en Canarias las condiciones del conocido contrato alemán, que no está incluido en el ordenamiento jurídico español, con participación de la Administración Pública que pagará por asistir a cursos de formación para compensar parte de la pérdida de ingresos salariales que la reducción de jornada implica en las nóminas de los trabajadores afectados, quienes además mejoran su perfil profesional, lo que permitirá aumentar a medio plazo la productividad en sus empresas.

El Gobierno canario afronta la crisis desde el corto, el medio y el largo plazo, esgrimiendo el consenso y la participación de los agentes económicos y sociales como la principal arma para aplicar las medidas acordadas. El éxito final depende del esfuerzo, solidaridad y exigencia que demostremos como individuos en nuestra circunstancia personal y profesional. Y como sociedad consciente y madura en el ámbito colectivo.

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