Soplan malos vientos para el mundo del periodismo: de las empresas y de los periodistas. La crisis económica, que hasta ahora viene incidiendo notoriamente en la publicidad –nutriente básico de los medios de comunicación– y en la vida misma de las sociedades informativas, está trastocando el panorama audiovisual y de los medios escritos, prensa diaria y revistas, que se debaten en su casi totalidad entre números rojos y atisbos de reconversiones o cierre.
El periodismo vive momentos de cambio. A los anuncios de fusión de varias grandes cadenas televisivas se unirán pronto, inevitablemente, similares procesos en emisoras de radio y televisiones locales e incluso podría darse –si existiera la suficiente generosidad y visión de futuro– la desaparición de algunas televisiones y emisoras de radio públicas, sobre todo las que arrastran mayor déficit. Este proceso, no hay que darle más vueltas, tiene su razón de ser en las leyes del mercado –léase inviabilidad económica– y el minifundismo existente en el sector. En este contexto periodístico, la vida informativa local y comarcal, que es la más próxima al ciudadano, bien elaborada y presentada en cualquiera de los soportes al uso, se afianza con seguridad en un panorama informativo cada vez más difícil y especializado.
Crisis aparte, como consecuencia del avance de la sociedad de la información y de las llamadas TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) se está produciendo una reconversión profunda en prensa, radio y televisión para acomodar estos medios a los nuevos modos de hacer información, tratarla, canalizarla y presentarla a través de los soportes tradicionales y de los sistemas de acceso a los servicios de información: teléfonos móviles, correos electrónicos, ordenadores, televisiones, Internet, cable, satélite… Dentro de Internet, se asientan con fuerza la interactividad, los sistemas integrados de noticias, los blogs y chats, los portales especializados, el periodismo ciudadano y las redes sociales, ese escaparate global de la realidad que cada día es utilizado por cientos de millones de personas.
En este contexto la existencia de redacciones periodísticas integrales, con capacidad para alimentar simultáneamente todos los medios de la misma empresa o de empresas asociadas y multimedia, es ya una realidad que se va imponiendo en todo el mundo y que en el caso español cuenta con la consolidación jurídica otorgada a la agencia Efe hace un par de años, con ocasión de la reestructuración emprendida en su Departamento de Redacción. Han cambiado los flujos de trabajo, el sistema editorial y hasta las fuentes informativas, todo lo cual constituye una revolución tecnológica que sacude la forma de hacer periodismo y hasta de hacer empresa. El periodista se ve obligado a realizar tareas más burocráticas en una labor multidisciplinar que podríamos calificar de más global y laboriosa, donde –según los casos– debe operar con texto, vídeo y audio y filtrar y seleccionar a lo largo de un proceso personalizado que acaba por ofrecer un trabajo a la carta, como proveedor de contenidos polivalentes. Pero las materias que incluye la prensa tradicional siguen siendo, a estas alturas, paradójicamente, los cimientos de la digital, cuando se debería cribar mucho más la información y enfocarla hacia las oportunidades y especialidades que ofrece la red y para generar recursos a partir de nuevos soportes, sinergias y transformaciones.
No sé si estos nuevos rumbos profesionales supondrán al final un retroceso formal en los derechos y libertades de los periodistas, más que nada por la cada vez mayor presencia de intereses económico-financieros en los grupos multimedia; dependerá al cabo de las fórmulas que se alumbren para garantizar la independencia y pluralidad informativas. En todo caso, el periodismo español, y con él el canario, ha ido derivando desde el protagonismo responsable al servicio de la verdad y la convivencia, que se advirtió muy especialmente durante la transición, hacia posiciones de cierto servilismo político, al que cabe añadir a veces un sensacionalismo irreflexivo y hasta una parcialidad interesada –irresponsablemente ligada a intereses políticos o económicos–, lo que hipoteca la credibilidad propia de los medios serios y rigurosos. Añádanse algunas tendencias intransigentes y el uso y abuso del insulto, la manipulación y la mentira de conveniencia y se obtendrá un retrato, no precisamente el mejor, de la pobre y dolorosa realidad que nos envuelve, tanto en prensa como en radio, televisión e Internet.
Máximo ético y mínimo jurídico
Este periodismo de trinchera se entremezcla en algunas islas con intereses inconfesables como lo prueban las abundantes detenciones de políticos y empresarios y las corrupciones sin fin que muchas veces no dejan ver la limpieza y transparencia con que ejercen esta admirable profesión periodística una gran mayoría de compañeros. Sin doblez ni engaño, desde el anonimato y la discreción, estos colegas profesionales ni comparten, ni se suman, ni participan en conspiraciones y campañas irresponsables que en ocasiones conducen al enfrentamiento dialéctico desmedido e incluso a la colisión personal. No sé si falla la autorregulación o el respeto a los códigos deontológicos que obligan a cuidar de manera exquisita nuestros propios derechos y los del público al que servimos desde presupuestos de veracidad y confianza. El caso es que sin ética, sin respeto a las personas, sin una crítica honrada y rigurosa, no hay credibilidad posible. Como afirmaba quien fuera vicepresidente del Consejo Deontológico de la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa, FAPE, la mejor conducta profesional debe basarse en un máximo ético y un mínimo jurídico. Aquí, entre nosotros, se diría que algunos colegas caminan justamente al revés, con una excesiva judicialización de su actividad y un mínimo seguidismo de actitudes éticas.
No veo más armas profesionales contra estas desviaciones profesionales –corrupciones en muchos casos– que el periodismo de calidad –que pasa por la mejor formación y reciclaje de los profesionales– y el rearme ético desde la más exquisita defensa de la libertad de prensa y del derecho a la información. Asociaciones, sindicatos, empresas periodísticas y profesionales deben implantar unas normas de conducta que, basadas en la autorregulación, enmarquen el cuadro de derechos y deberes de los periodistas, a modo de código deontológico, o código de buenas prácticas, en línea con el aprobado en 1993 por la FAPE, que se basó en el aprobado por el Consejo de Europa. Si no lo hacemos desde instancias profesionales, lo harán por nosotros, como ya ha intentado Izquierda Unida con su proposición de ley, que también apoya un sector del PSOE, reguladora de los derechos profesionales del periodista y que incluye un código ético sui generis y un peculiar capítulo de sanciones. Prefiero cualquier autorregulación a las medidas que nazcan en instancias gubernamentales y/o partidarias, muy dadas a intervencionismos y regulaciones de conveniencia, normalmente limitadores de la libertad y con afanes intervencionistas.
El futuro de los periódicos tradicionales, incluyendo los gratuitos que tantas expectativas despertaron, no está nada claro; descienden sus tiradas, baja el promedio de calidad, decrecen las plantillas de periodistas y los de menor venta buscan desesperadamente mantenerse en el mercado aunque sea a base de hacerlo sólo varios días a la semana o de reconvertirse en la red y especializarse para poder subsistir. La radio y las televisiones van hacia nuevos campos de especialización y difusión para llegar al ciudadano con la máxima accesibilidad, esté donde esté, ofertando simultáneamente una gama amplia de programas e informaciones y entretenimiento. La llamada democracia electrónica, con la presencia en Internet de todos los medios de comunicación imaginables, partidos, instituciones, corporaciones y foros, se expande como el viento. En la construcción de este nuevo futuro la profesión periodística necesita seguir encontrando su valor específico, su encaje imprescindible, su espacio de actuación, para no verse desbordada, en el torbellino de novedades tecnológicas, por los elaboradores de contenidos –cada ciudadano puede ser en realidad un emisor de información de alcance planetario– y los nuevos comunicadores que, sin mayor fiabilidad ni cualificación, surgen como hongos gracias a las interconexiones y dispositivos de Internet.
