Reconozco que este artículo que me ha pedido la APT para el presente Anuario ha supuesto todo un reto, una preocupación y ¿por qué no decirlo?, una auténtica pesadilla. Me gusta decir lo que pienso. Si no puedo decirlo todo, al menos, no mentir en nada. ¿Qué quieren que les diga? Con la Televisión Digital Terrestre llegan muchos más canales de TV (positivo), mucha más fragmentación (¿negativo?), pero, sobre todo, he visto una politización tremenda.
La politización en un sector como el audiovisual, tan importante dentro de los medios de comunicación, es un asunto vital. Politización a la hora de conceder licencias en varias comunidades autónomas, politización luego intentando sacar del atolladero económico a algún canal al que se le dio la licencia y no ha sabido sacarla adelante con todas sus consecuencias. Y así, un largo etcétera. He llegado a una conclusión que da título a este artículo: No es oro todo lo que reluce. Y voy a intentar explicarles el porqué de esta afirmación.
Si en algo no existe duda es que con la llegada de la TDT la oferta televisiva se multiplica de forma favorable para la audiencia, que tiene donde elegir. Eso es positivo. Quizás el otro punto de vista de esta misma cuestión, una mayor fragmentación, sería que ya no se dan seguimientos tan masivos como antes de una determinada cadena y eso, según los expertos, es negativo para la publicidad. Pero como nosotros somos periodistas, centrémonos en el aspecto informativo y técnico porque “miga la hay y mucha”.
En 1995, la Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres concedió la competencia de otorgar licencias a las comunidades autónomas y determinó que la planificación de frecuencias la realizaría el Estado. En el año 2002, las locales anteriores a 1995 habían pasado a ser alegales (recordemos que no tuvieron opción de legalizar su situación) y las posteriores se convertían en ilegales nada más nacer. La norma de 1995 ni siquiera se había desarrollado al no asignarse las frecuencias, pero en 2002 se adaptó al futuro digital.
En el año 2003, una nueva ley regulaba las obligaciones de programación (estamos hablando de un mínimo de emisiones originales) y limitaba a su vez las emisiones en cadena. Y llegamos al año 2004, donde un Real Decreto aprobaba el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital. Otro Real Decreto posterior ampliaba en dos años– hasta el 1 de Enero de 2008– el plazo para que las comunidades autónomas concedieran las licencias. ¡Qué follón!, dirán ustedes si han tenido la paciencia de llegar hasta esta parte del artículo. A lo que yo afirmo: sí, señor. Es un auténtico follón.
Fíjense ustedes si es follón, que comunidades autónomas como Castilla y León, La Rioja o Cantabria, de momento y que yo sepa hasta esta fecha, mayo de 2010, no han adjudicado estas licencias. Dejando a un lado el detalle de que en una buena parte de España, incluida Canarias, hay personas que se han quedado sin poder ver la televisión (no entro a valorar si esto es bueno o malo para su salud mental) debido a las imprecisiones técnicas que ha habido, hay y habrá, pues el apagón analógico es una realidad que hay que asumir sí o sí.
Como hay que asumir que el papel de una TV local o regional es un bien muy preciado para la clase política. ¡Y vaya que sí lo es! ¿Alguien se atreve a discutirlo? Desde cachetadas (como decimos aquí en Canarias) para estar a bien con determinados canales que hasta se rumorea que ha habido desembolso de dinero para que aquellos que no podían sobrevivir una vez se les había dado la licencia, pudieran continuar un tiempito más, por lo menos hasta el verano de 2011. Ya están pensando mal y se creen que esto ha ocurrido en Canarias. Bueno, yo tampoco se los voy a quitar de la cabeza. Lo que sí les recuerdo es que en mayo de 2011 hay elecciones autonómicas, insulares y locales en nuestro Archipiélago. Esta matización era por si estaban algo confusos…
¿Hablamos de dinero desde otra perspectiva? Pues aquí ya les digo de entrada que el mantenimiento de un canal cuesta lo suyo, personal y otras cuestiones aparte. Solo estar en el aire le cuesta a una concesión autonómica en Canarias (por ejemplo Popular TV) alrededor de 22.000 euros mensuales. Han leído bien: casi 3,7 millones de las antiguas pesetas. A una TV local, mantenerse en el aire le sale por unos 18.000 euros mensuales (tres millones de pesetas). Eso, solamente en transporte de señal. Y por cierto, si el compañero de viaje en tu mismo múltiplex no paga, el resto de compañeros tiene que abonar lo que uno deja de pagar. Si no, aquí tienes la puerta… y apaga y vámonos. Nunca una frase viene tan al pelo como en esta ocasión. También ha sucedido en Canarias.
Para ir terminando, que tampoco se trata de escribir un ladrillo, hay que demostrar que no es oro todo lo que reluce. El 75% de las televisiones con licencia autonómica y local en toda España no ha puesto en el aire su señal. En mi opinión, esta cifra del 75% es muy peligrosa. Quizás ha habido mucha euforia a la hora de la licitación y luego, nada de nada. ¿O es que cuando llega la hora de la verdad, es decir, de ver lo que cuesta a los que se les ha concedido la licencia de sus sueños miran a sus espaldas y ya no están aquellos que les habían prometido el oro y el moro?
Algunas cuestiones para pensar, sí es que quedan después de leer este artículo. Yo creo que los que no ven ningún canal de TV porque no les llega la señal, tienen más tiempo para pensar. Pero si esto es bueno o malo, que lo digan los expertos en otra materia. Yo he pensado y mucho sobre la TDT y he llegado a algunas conclusiones: no es oro todo lo que reluce y hay que trabajar mucho para sacar adelante un canal. Algunos se creyeron que todo el monte era orégano y la clase política, una vez más en toda España, no ha hecho bien los deberes. ¡Habrá que ver como solucionamos este desaguisado!
