El nuevo Gobierno de Canarias trazó, nada más tomar posesión en julio de 2023, una serie de objetivos estratégicos para sentar las bases del desarrollo de nuestro archipiélago en las próximas décadas. Con esta premisa se diseñó una nueva estructura gubernamental, enfocada en la consecución de dichos propósitos. Buena parte de esa transformación administrativa se produjo, precisamente, en el área cuya dirección asumí como titular de la nueva Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.
Los objetivos han estado claros desde el primer momento, y pasan, necesariamente, por la recuperación del liderazgo en las políticas relacionadas con el ciclo del agua, la imprescindible actualización de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales, la implantación de nuevas políticas de respuesta al reto demográfico y la cohesión territorial, y el impulso a unos servicios de emergencias cada vez más demandantes y exigentes.
Pero el año 2023 marcó, además, un punto de inflexión en la parálisis administrativa que nos encontramos al llegar al gobierno. Especialmente en materia hidráulica, donde a la falta de planificación y las carencias de financiación, se sumó la obsolescencia de las infraestructuras de producción, almacenamiento y distribución de agua, y una pertinaz sequía que acumula registros muy preocupantes.
Así pues, uno de los primeros objetivos ha sido recuperar el liderazgo del Gobierno de Canarias en materia hidráulica, un liderazgo que viene sustentado en la normativa autonómica y estatal, normativa que también faculta al Ejecutivo a ejercer una única interlocución con el Estado, en representación de los siete consejos insulares y los 88 ayuntamientos de las Islas.
Hemos afrontado la crisis hídrica con medidas inmediatas, mientras que en tiempo récord actualizábamos la planificación hidrológica, con amenaza de sanciones europeas. Todo ello con el fin de prepararnos para exigir lo que a Canarias le corresponde en derecho: un nuevo convenio de obras hidráulicas con el Estado.
El diseño de cualquier política tiene una relación indiscutible con la gestión del territorio en la que se aplica. Así pues, y después de siete años de su entrada en vigor, es el momento también de actualizar la Ley del Suelo y los Espacios Naturales de Canarias. Y lo planteamos desde un enfoque muy práctico, escuchando a quienes la han aplicado en este tiempo, los técnicos de las administraciones públicas y profesionales del sector privado. El objetivo no es otro que disponer de la mejor propuesta que nos permita profundizar en los principios que inspiraron esta norma: simplificación y racionalización, en aras de una eficaz gestión del territorio y protección de los espacios naturales.
Han sido más de 700 los profesionales que han participado en una puesta en común sobre la que descansará una propuesta, con el objetivo de que Canarias disponga durante esta legislatura de una renovada y eficaz herramienta de ordenación y planificación de su territorio.
La especialización de los recursos de protección civil de la Comunidad Autónoma es otro de los objetivos de estratégicos de este mandato. La escasez de los mismos, una lenta transformación tecnológica y la necesidad de implicar a la ciudadanía en la prevención y gestión de las emergencias han sido las piezas angulares en las políticas en esta materia en los primeros meses de gobierno. Se ha puesto en valor el sistema autonómico de protección civil, circunscrito a una nueva Dirección General de Emergencias, que está incorporando nuevas fórmulas de liderazgo en la gestión de esta materia.
Una nueva estructura de recursos humanos, el desarrollo de nuevas tecnologías de prevención y acción frente a las emergencias, y la incorporación de la ciudadanía a este sistema, como agente clave en la prevención e intervención rápida, son las tres piezas angulares sobre la que se asienta una nueva forma de gestión en este ámbito tan sensible, tanto para las personas como para el territorio.
No quiero terminar sin señalar la importancia que este Gobierno ha otorgado al denominado Reto Demográfico, que hemos colocado en el centro del debate público en esta legislatura. Por primera vez un Ejecutivo autonómico está dando pasos concretos para buscar soluciones a esta situación que en Canarias tiene su propia y peculiar realidad.
El desafío es complicado y requerirá la aplicación de políticas específicas para cada uno de los territorios analizados. Para ello se ha generado el mayor debate público celebrado hasta la fecha, junto a los cabildos, en la Conferencia de Presidentes, y junto a los 47 ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes y la Federación Canaria de Municipios. Por supuesto, también junto a los grupos parlamentarios a través de la comisión creada a tal efecto. Los presupuestos de 2025 se convertirán en los primeros de la historia autonómica de esta comunidad que incorporarán partidas específicas fruto de este debate.
En definitiva, seguimos trabajando en la cohesión territorial, social y económica de Canarias, para que todos tengamos las mismas oportunidades, con independencia de la isla o municipio en que vivamos.
