Canarias tiene un límite. Bajo este lema, miles de personas se han manifestado en las islas hasta en dos ocasiones en el último año. Todas las capitales del Archipiélago han acogido movilizaciones masivas que exigían a las administraciones una transformación del modelo económico y medidas inmediatas para proteger los espacios naturales y frenar la destrucción del territorio. Las protestas también han pedido poner límites al turismo de masas por su impacto en los espacios protegidos —algunos de ellos ya colapsados— y en la calidad de vida de los residentes que, golpeados por los elevados índices de pobreza, deben sortear cada vez más obstáculos para acceder a una vivienda o a recursos básicos como el agua.
“El turismo no ha beneficiado de manera equitativa a toda la población”, concluye un estudio publicado en 2024 sobre los indicadores de sostenibilidad de Lanzarote, La Palma, Menorca e Ibiza. El documento advierte sobre algunas de las consecuencias del modelo turístico actual, entre las que están la desigualdad y la mayor vulnerabilidad medioambiental o económica de las islas ante crisis como la que provocó en 2020 el coronavirus.
Este informe destaca la dependencia de Lanzarote del sector turístico, con un 40% de sus empresas dedicadas a este ámbito. Este porcentaje contrasta, según el documento, con la precariedad y la temporalidad detectada en el territorio, marcada por “contratos de corta duración y alta rotación”. Esta disparidad puede extrapolarse al conjunto de la comunidad autónoma, que aunque recibió 17 millones de turistas en 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mantiene a un 31,2% de su población en riesgo de pobreza, tal y como se desprende del XV Informe El Estado de la Pobreza elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).
Además de una redistribución equitativa del beneficio económico que genera el turismo en las islas, de una moratoria turística y una ecotasa, el movimiento ecologista también ha exigido el fin de la sobreexplotación del territorio. En concreto, diferentes plataformas ciudadanas han pedido la paralización de grandes proyectos urbanísticos que se gestan en las islas, como el Circuito del Motor, el Hotel de La Tejita o Cuna del Alma, todos ellos en Tenerife.
Esta última obra pretende levantar en el Puertito de Adeje 420 villas de lujo y ha sido paralizada hasta en tres ocasiones: por empezar las obras sin evaluación de impacto ambiental, por destrozar yacimientos arqueológicos y por suponer una amenaza sobre la viborina triste, una especie de flora con protección especial en Canarias. Estas suspensiones fueron levantadas y este complejo ya se construye en un solar de 500.000 metros cuadrados situado entre la Zona de Especial Conservación (ZEC) Franja Marina Teno-Rasca, el Sitio de Interés Científico (SIC) de La Caleta y un Lugar de Interés Geológico (LIG) por el Instituto Geológico y Minero de España.
Una investigación reciente realizada por geógrafos alemanes y canarios (La mercantilización o el derecho a la isla: la lucha contra la construcción de un hotel en La Tejita) apunta que uno de los agentes que ha empujado a los isleños a reivindicar el derecho a una isla es el turismo de masas. Este estudio explica que existe en Canarias una mayor tendencia a movilizarse por la destrucción de los espacios naturales frente a otras cuestiones como la sanidad o las pensiones.
La paralización del puerto de Fonsalía gracias a la movilización social es uno de los ejemplos más recientes de la lucha por este derecho a una isla. La tramitación de este muelle comenzó hace 26 años y el objetivo era construir, con una inversión pública inicial de 200 millones de euros, una gran infraestructura de más de 222.000 metros cuadrados.
Este enclave del sur de Tenerife no es solo una de las más turísticas, sino que también se enmarca en la Zona de Especial Conservación Franja Marina Teno-Rasca. En ella conviven cientos de ejemplares de cetáceos con tortugas bobas, además de albergar el único santuario de ballenas de Europa. Todas estas especies están expuestas al continuo tráfico de ferrys, motos de agua y barcos recreativos. Una presión que se multiplicaría con el muelle de Fonsalía. Una campaña logró recoger más de 400.000 firmas y el Parlamento de Canarias acordó el “abandono definitivo” de la construcción de este puerto.
Los espacios protegidos
La masificación de los espacios naturales protegidos también ha obligado a las administraciones públicas a tomar medidas. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia sobre la Reserva Natural Especial de Las Dunas de Maspalomas, donde se han llegado a concentrar hasta 300 personas, saliendo de los senderos y atravesando zonas prohibidas.
El Cabildo de Tenerife también ha limitado el acceso de grandes guaguas turísticas al Macizo de Anaga, después de que los vecinos denunciaran el colapso de este lugar por la presencia de miles de visitantes. Lo mismo sucede en las Montañas del Fuego, en Lanzarote, donde el Seprona también ha denunciado a los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), dependientes del Cabildo, por el exceso de coches en el Parque Nacional de Timanfaya.
El aumento de la presión humana sobre determinados puntos del Archipiélago está relacionado con las redes sociales, que han transformado la forma de hacer turismo. Así lo recoge la investigación El efecto TikTok en el desarrollo de los destinos: famosos de la noche a la mañana, ¿y ahora qué?. Este estudio de Yana Wengel advierte de que determinados rincones del planeta están ganando gran popularidad a través de Internet, sorprendiendo a las autoridades sin recursos necesarios para protegerlos.
Vertidos al mar
La preocupación sobre el deterioro del entorno se extiende también a la costa, amenazada por los vertidos de aguas fecales. El Gobierno de Canarias actualizó en julio el censo de vertidos tierra-mar. En la actualidad, las islas cuentan con 403 puntos de vertidos contabilizados, y casi la mitad no están autorizados. Según este registro, 361 puntos están en activo y 216 no tienen autorización para su funcionamiento.
Según informó el Ejecutivo regional durante la presentación del nuevo censo, el 64% de los puntos de vertidos son públicos, mayoritariamente de titularidad municipal e insular, y proceden de aguas residuales urbanas. La mayoría de los emisarios están concentrados en las islas capitalinas. Tenerife cuenta con el mayor número de puntos de vertidos, con 180. Le siguen Gran Canaria (115), Fuerteventura (40), Lanzarote (36), La Palma (18), La Gomera (10) y El Hierro (5).
Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, ha sido escenario del caso más grave de vertidos al mar registrado en el último año en Canarias. El baño en Playa Jardín estuvo desaconsejado durante casi un año por los alarmantes valores de bacterias fecales en el agua. Las muestras analizadas por Salud Pública revelaron la presencia “ininterrumpida” de valores de E.Coli y Enterococos “compatibles” con una calidad del agua “insuficiente”.
El Ayuntamiento ya ha reabierto al baño la playa. Sin embargo, la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife ha interpuesto una denuncia por un posible delito de vertidos. En la denuncia, el Ministerio Público detalló la falta de controles suficientes en el emisario y alertó sobre el uso de cloro para tratar aguas residuales en la zona, así como de su impacto en el medio ambiente y en las personas. “El uso de cloro […] puede tener riesgos sobre todo si el agua residual no recibió tratamiento suficiente que elimine la materia orgánica y los sólidos en suspensión”, advierte la Fiscalía.
Asimismo, el Ministerio Fiscal incide en su denuncia en los efectos que la contaminación fecal del agua de baño puede tener en la población. Hepatitis A, E, gastroenteritis o enfermedades respiratorias son algunas de las patologías que el fiscal recoge en su denuncia.
