En el ámbito de la enseñanza no universitaria, la coincidencia en la necesidad de afrontar una reforma educativa en el Estado español, que diera respuesta a las necesidades reales de nuestro sistema educativo, marcó el origen y la aprobación de la Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE). Una Ley que, a pesar de su necesidad, nació envuelta en la polémica, debido, principalmente, a la confrontación política entre los partidos estatales, PSOE y PP. Esa confrontación hizo que se perdiera la oportunidad de un gran debate, y, sobre de todo, de lograr un gran pacto que permitiera aprobar una Ley que definiera un sistema educativo no sujeto a los cambios políticos.
El triunfo del PSOE en las elecciones generales de 2004 supuso la rápida paralización, el 28 de mayo, del Real Decreto del Calendario de aplicación de la LOCE. Esta decisión, anunciada ya desde la campaña electoral pero sin mayor concreción sobre las líneas futuras a seguir, sumió en una gran incertidumbre a todos los centros educativos de España y obligó a algunas comunidades autónomas, entre ellas la canaria, a paralizar la normativa de aplicación de la LOCE a la espera de la normativa básica que estaba obligado a definir el Ministerio de Educación.
A pesar de la experiencia anterior con la LOCE, que llevó a su rápida modificación, y de las reiteradas peticiones por parte del Gobierno de Canarias de la necesidad de un gran Pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas de este país y de las partidos nacionalistas con responsabilidades de gobierno en esta área, el PSOE y el PP se sumieron nuevamente en un debate bipolar, relegando a un segundo plano las opiniones de los distintos sectores que componen la comunidad educativa y de las comunidades autónomas, en lugar de establecer una línea de trabajo cuyo fruto final fuera ese Pacto de Estado, que liberara a las generaciones futuras de los vaivenes políticos en su Educación.
Al margen del debate estatal, y aunque la ordenación básica del sistema educativo se establece por normativa del Estado, Canarias tomó la decisión de elaborar una ley propia que responda a nuestras singularidades. Este nuevo texto legal tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación y, por ende, de los resultados escolares, definiendo un sistema educativo en el que se impliquen no sólo el profesorado y el alumnado, sino también sus familias y las instituciones y en el que se compensen las desigualdades socioeducativas de los estudiantes como garantía de la igualdad de oportunidades.
La elaboración de esta ley, que fue uno de los compromisos adquiridos en el Pacto Social por la Educación suscrito en 2001, ha sido el centro de actuación del año 2004. Un trabajo que comenzó con la elaboración de un Documento de Bases, que fue ampliamente debatido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto, en el Consejo Escolar de Canarias, en reuniones bilaterales con numerosas instituciones, agentes económicos y sociales y organizaciones representativas de los diferentes sectores que componen la comunidad educativa, y en el foro abierto al efecto en la página web de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
A las aportaciones generadas en ese debate y al contenido del Documento de Bases, se le unió un exhaustivo diagnóstico del sistema educativo canario, que ha constituido la pieza clave para elaborar el Proyecto de Ley de la Educación en Canarias, con la que se reforzarán las fortalezas evidenciadas en dicho diagnóstico y se corregirán las debilidades detectadas. Con el objetivo de que la Ley de la Educación en Canarias de respuesta a ese esquema y, principalmente, aporte soluciones a las debilidades de nuestro sistema educativo, este nuevo texto legal define los principios rectores que deben presidir el modelo educativo canario; establece los mecanismos de colaboración, coordinación y responsabilidad compartida entre los diferentes agentes educativos, administraciones, instituciones y sectores sociales que interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y, por último, determina las principales líneas de actuación de equidad y compensación socio-educativa.
Ahora queda pendiente el debate parlamentario, en el que deberá imperar la responsabilidad política de todos los partidos por lograr el mejor sistema educativo posible para Canarias.
