El debate sobre el estado de la Sanidad en Canarias se maneja en los últimos años entre la insuficiencia financiera -en la que el Gobierno regional se ampara cada vez que hay una crisis- y la ‘heredada’ mala planificación. Y mientras, los políticos olvidan la prevención, más preocupados de inaugurar infraestructuras que de la salud de sus votantes.
El Gobierno de Canarias ha potenciado en las Islas una Sanidad centrada en resolver los problemas urgentes, tratando las patologías agudas y posponiendo la prevención de la enfermedad y la atención de los discapacitados y los ancianos dependientes. Los gestores de la Sanidad en las Islas se han preocupado en los últimos años en invertir ingentes cantidades de dinero en remozar la red hospitalaria, principalmente en las dos islas capitalinas, donde en la actualidad están en obras sus hospitales de tercer nivel. Se trata de unos trabajos que generaron, en su día, una dura polémica insularista debido al desequilibrio inversor creado tras la construcción del Hospital Universitario Doctor Negrín en Gran Canaria.
Los políticos tinerfeños esgrimieron las cifras de inversión para lograr un reequilibrio en infraestructuras al continuar las obras del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria e iniciar las del Hospital Universitario de Canarias. En Gran Canaria, están en obras los otros dos grandes centros: el Hospital Universitario Materno Insular y el Hospital Universitario Insular. Además, en el pasado año se aprobaron los planes para ampliar los hospitales de Lanzarote y Fuerteventura, éste último especialmente colapsado debido al fuerte incremento poblacional y a la inmigración. En La Gomera también está en marcha la construcción de un nuevo hospital. Junto a la red hospitalaria, el Gobierno ha acometido una reforma de los centros de salud cumpliendo un plan diseñado en la década de los noventa y que aún está en fase de ejecución.
Todo este afán en materia de infraestructuras se ve empañado por la escasa capacidad de respuesta para resolver el colapso de las urgencias hospitalarias, debido a que la población hace un escaso uso de la red de urgencias extrahospitalarias debido, en parte, por la poca dotación técnica y la capacidad resolutiva de éstas. Mientras, las listas de espera se convierten en una de las preocupaciones principales de los gestores sanitarios y las camas de los hospitales se ven llenas de pacientes que deberían ser atendidos en los inexistentes hospitales públicos de media y larga estancia. Estos centros están planificados en las Islas pero su construcción se eterniza, como es el caso de los hospitales del Norte y del Sur de Tenerife o de los hospitales militares, tanto de Tenerife como de Gran Canaria, ambos cedidos por Defensa hace años y que se están remozando en centros sociosanitarios. Al mismo tiempo, y ante la necesidad creada, crecen las residencias de ancianos y los centros privados de atención sociosanitaria.
El olvido de la prevención
Otro de los grandes olvidos de la Consejería de Sanidad es la prevención. Quizá porque los planes contra el tabaquismo o la obesidad no se pueden inaugurar, los políticos canarios prefieren el cemento a la política que potencie la salud de sus votantes. Este descuido se materializa en la descapitalización de la Dirección General de Salud Pública que, año a año, pierde peso en los presupuestos. En concreto, programas interesantes, como el plan para la prevención del tabaquismo, se quedan más en las ganas de los pocos técnicos destinados a resolver el principal problema de salud de las Islas que en una intención clara de la Consejería. Este aspecto podrá corregirse a través del II Plan de Salud de Canarias -que tenía que estar aprobado a principios de 2004 y se llevó al Parlamento de Canarias ya entrado 2005-, donde se establecen los principales problemas de salud de las Islas y su abordaje, en el que se incluye una ficha financiera de 42 millones de euros y que, en teoría, se centrará en prevenir el cáncer, las cardiopatías y la diabetes.
Otro de los agraviados por los gestores sanitarios es el colectivo de los profesionales, que periódicamente desarrollan protestas y jornadas de huelga, como las que se vivieron durante casi la mitad del año, protagonizadas por el personal del transporte sanitario terrestre o el de los helicópteros del servicio de urgencias. Otros olvidados, aunque menos ruidosos, son los investigadores canarios. Mientras, el Gobierno de Canarias se empeña en realizar un análisis exclusivamente financiero de todos los problemas del servicio público sanitario en las Islas. Algo que, en parte, es verdad, pero que no deja de ocultar una evidente ineficacia gestora que tiene una fuerte implicación en las luchas de poder dentro de una de las consejerías con mayor gasto público del Archipiélago.
La rivalidad entre los fieles a la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) y los miembros de la siempre en crisis Ican ha segmentado esta consejería y han convertido las diferentes instituciones (ICHH, GSC, Dirección General de Salud Pública, etc) en organismos independientes gobernados por un signo político u otro con competencias no siempre bien definidas y, en ocasiones, solapadas. Es lo que ha ocurrido con la Consejería de Sanidad y el propio Servicio Canario de la Salud, cuyos responsables se miran y tratan con cierto resquemor hasta el punto de que se han convertido en hecho habitual los ceses y dimisiones en ambos organismos.
La financiación sanitaria
La búsqueda de un nuevo modelo de financiación sanitaria ha sido una de las principales reivindicaciones del Gobierno de Canarias ante el del Estado. Lo fue con el Gobierno de José María Aznar y se ha convertido en prioridad en las conversaciones Canarias-Estado tras la llegada al poder de Rodríguez Zapatero. Una lucha que la actual consejera de Sanidad y vicepresidenta del Gobierno de Canarias, María del Mar Julios, conoce de cerca pues antes de ocupar estos cargos fue la diputada nacional encargada de intentar convencer al Ejecutivo del PP de que el incremento poblacional, la insularidad, la lejanía y el turismo eran factores que debían determinar un sistema financiero específico para Canarias. Esta situación obligará a Canarias a aportar más de 375 millones de euros de fondos propios para financiar el SCS en 2005.
Estos argumentos no llegaron a convencer al anterior gobierno nacional, pese a que se aumentó la financiación sanitaria para las Islas y son argumentos que se repiten en las negociaciones con el Gobierno socialista. Además, la Sanidad canaria arrastra una multimillonaria deuda -que el Ejecutivo canario prefiere denominar eufemísticamente como “insuficiencia financiera”- de unos 250 millones de euros reconocidos, a los que hay que añadir las deudas acarreadas por el Consorcio HUC. El gran problema de la deuda sanitaria es el gasto en medicamentos, una cifra que aumenta a razón de un diez por ciento anual y que pese a las múltiples medidas estatales, como la introducción de los precios de referencia o los recetazos, no se ha logrado bajar. En Canarias, se creó tras las últimas elecciones regionales una Dirección General de Farmacia con el objetivo de intentar domar este gasto.
Sin embargo, su resultado sigue siendo tímido y la cuenta con los proveedores farmacéuticos y médicos (que ascendió en 2004 a 180 millones de euros de deuda acumulada desde 2001) ha tenido que saldarse recurriendo a estrategias financieras extrapresupuestarias. El director general de Farmacia, Alberto Talavera, prometió intervenir en el aspecto más delicado de este gasto: en los médicos prescriptores y en el control de la presión de la industria farmacéutica a los facultativos a través de los visitadores médicos. Estas palabras resultaron una amenaza para el colectivo médico, que se mostró agredido al considerar que se atentaba en contra de su libertad prescriptora y quedaron en papel mojado.
Las listas de espera
Entre los éxitos de los que puede presumir la Sanidad canaria está su posición en la donación de órganos, que en 2004 volvió a ser ejemplar; en la implantación de modernas técnicas y unidades como el trasplante renopancreático (que se realiza en el HUC) o la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular. Junto a estos éxitos se esconden otros fracasos, como la vergonzosa situación de los obsoletos aparatos de radioterapia oncológica en La Candelaria, con constantes fallos de funcionamiento que causaban numerosos transtornos a los pacientes. Eso sí, la gran novedad de 2004 fue, sin duda, la decisión de la Consejería de Sanidad de hacer público su secreto mejor guardado: las listas de espera, tanto quirúrgicas como de consulta de especialidades y pruebas diagnósticas.
A 31 de septiembre de 2003 había en Canarias 25.151 personas que esperaban por una intervención quirúrgica. De ellas, 10.116 aguardaban más de seis meses y 15.035, menos de este tiempo. En octubre de 2004, estos datos habían mejorado en el caso de las esperas de más de seis meses, con un total de 25.178 personas esperando una intervención, de las que 7.774 lo hacían desde más de seis meses (casi un 25% menos) y 17.404 llevaban esperando menos de seis meses. No obstante, la cifra que la Consejería de Sanidad no ha hecho pública es la de cuántas de estas personas llevaban tres, cuatro o cinco años esperando a ser intervenidas, ni cuántas pruebas preoperatorias se han repetido (con el consiguiente gasto) debido a la mala coordinación entre las consultas y los quirófanos o entre las distintas especialidades que deben intervenir antes de una operación quirúrgica.
