Ganó una medalla de oro en un mundial de salvamento y socorrismo marítimo (Barcelona, 1974) y ahora ve pasar los días entre rejas, cumpliendo una condena de doce años de prisión por homicidio. Eufemiano Fuentes Díaz, de 54 años, escribió en su juventud páginas de gloria para el deporte canario, pero en 2004 se convirtió en el principal protagonista de la más sórdida crónica judicial de las islas.
El 10 de octubre de 2004, la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a Eufemiano Fuentes Díaz como principal autor de la muerte de María del Carmen Diepa, una prostituta que fue degollada durante una orgía en enero de 1992. Su cuerpo descuartizado fue descubierto en un contenedor de basura del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. El crimen del contenedor pasará a la historia como uno de los casos con mayor calado en la opinión pública de las islas. Sucedió en 1992, fue un caso sin respuesta durante nueve años y quedó resuelto a finales de 2004, cuando la Audiencia condenó a Fuentes como autor del crimen, a sus compinches Juan Andrés Medina y Antonio Carmelo Sánchez como encubridores -les impuso tres años que prácticamente habían cumplido como preventivos y quedaron libres tres días después de que se dictara la sentencia- y absolvió por falta de pruebas al llamado cuarto hombre, Alberto Barber. La última palabra la tiene el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite los recursos de casación interpuestos por las defensas.
En una situación complicada, si bien no tan sórdida como la de Eufemiano Fuentes, se encuentra el otrora todopoderoso político lanzaroteño Dimas Martín, personaje que se disputan las páginas de política y las de tribunales de los periódicos de las islas. El 29 de diciembre de 2004, la Audiencia Provincial de Las Palmas le condenó a ocho años de prisión y quince de inhabilitación como autor de un rosario de delitos relacionados con la financiación del complejo agroindustrial de Teguise a principios de los noventa, cuando era alcalde de la villa conejera. Cuando la Sala dictó el fallo, Martín aún estaba cumpliendo otra condena por cohecho (soborno). El ex presidente del Cabildo, ex senador, ex diputado regional y ex alcalde también espera que el Supremo decida si confirma o casa su condena. La Justicia le permite aguardar el fallo final en libertad.
Martín Martín no fue el único político obligado al paseillo de la vergüenza en el Palacio de Justicia de la plaza de San Agustín. El ex consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Tomás Van de Walle (PP), así como los líderes del PSC-PSOE Carmelo Padrón y Luis Hipólito Hernández también pasaron durante 2004 por la sede judicial, aunque los tres comieron las uvas celebrando la proclamación de su inocencia. Van de Walle vivió los primeros años de la presente década pendiente de una acusación por malversación de fondos públicos referida a la supuesta adjudicación fraudulenta de dos parcelas de terrenos públicos en el polígono de Jinámar. Un escándalo que alimentó toneladas de tinta impresa y que se cerró el 16 de noviembre, cuando el juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria dictó auto de archivo de la causa al apreciar que las deficiencias detectadas en el expediente no tenían entidad suficiente para ser consideradas delictivas.
El ‘caso Guillén’
Carmelo Padrón y Luis Hipólito Hernández vivieron 14 años bajo la sospecha de haber metido el cazo en las arcas del Cabildo para favorecer a un contratista afín al PSOE cuando formaban parte del equipo que gobernaba en Cabildo Insular de Gran Canaria, pero el caso se derrumbó como un castillo de naipes cuando llegó a juicio. El 17 de noviembre, la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó el fallo que los absolvió, a ellos y a seis técnicos del Cabildo igualmente imputados durante más de una década, al no ver ni resolución injusta, ni favoritismo, ni afán de lucro en las adjudicaciones de contratas a Juan Guillén, un transportista de Arucas. Padrón puso el grito en el cielo por el calvario de más de dos lustros con la mancha de la imputación en el vitae y anunció su regreso a la vida pública, que había abandonado en 1996 al sentirse incapaz de soportar la tensión. La sentencia adquirió firmeza después de que el fiscal renunciara a presentar recurso.
Inteligente, guapa y hábil en el manejo de los medios de comunicación fue la inglesa Ruth Jane Jones, de 32 años, condenada en firme en 1994 por tráfico de drogas e indultada el 7 de marzo de 2004 por la primera gracia que impulsó el ministro del terruño, Juan Fernando López Aguilar. Jones, residente en el sur de Gran Canaria, empleó todas las argucias que le permitía la ley para dilatar su ingreso en prisión. Y cuando ésta se hizo inevitable emprendió una eficaz campaña en prensa, radio y televisión, aduciendo su evidente rehabilitación y dejándose fotografiar sin reparos con su hijo, del que se tenía que separar para cumplir la condena. Jones entró en la prisión de Salto del Negro el 8 de diciembre de 2003 y abandonó la cárcel acompañada por una nube de periodistas en mayo de 2004, con el indulto del ministro canario bajo el brazo.
Cobo Plana, juez mediático
Antes del verano de 2004, Juan José Cobo Plana era un magistrado más de la Audiencia de Las Palmas, pero los acontecimientos precipitaron un severo vuelco mediático en su vida cuando tomó las riendas del juzgado de lo mercantil de la capital grancanaria. El primer proceso que cayó en sus manos fue la declaración de concurso de la Unión Deportiva Las Palmas, y el 5 de noviembre de 2004 tomó las riendas del club amarillo. Involuntariamente, y cumpliendo con una ley que le obliga a hacer todo lo que esté en su mano por impedir la desaparición de la empresa, Cobo se ha convertido en un auténtico fenómeno de los medios informativos, increpado por algunos -los menos- y elevado a la categoría de héroe local por la mayoría, que se ha acostumbrado a verlo un domingo sí y otro también jaleando al equipo desde las gradas de los estadios o tomando decisiones drásticas -la penúltima, cesar al consejo por su incompetencia- sin el más mínimo atisbo de duda.
