La inmigración clandestina, esa que se ha asentado en la sociedad occidental desde los años cincuenta y que se ha descontrolado en la última década, es tema de debate constante, ante el que se actúa con gran lentitud. El Gobierno de Canarias reclama el control de los extranjeros que entran por puertos y aeropuertos, pero Madrid aún no ha concretado una respuesta.
La propuesta de Canarias para tener el control de los extranjeros que entran en sus puertos y aeropuertos tardará en cuajar, si es que cuaja, como tardan en llegar las resoluciones del Parlamento Europeo, ralentizadas a la espera de que se apruebe el Tratado Constitucional. A corto plazo, echando la vista atrás, lo más avanzado en política de inmigración con repercusión directa en el Archipiélago ha sido la consolidación de los traslados de inmigrantes a la Península. Un traslado que se limita exclusivamente a los extranjeros que llegan en patera y que son el 99 por ciento de los que copan los centros de internamiento de Fuerteventura y Lanzarote.
Porque si nos fijamos bien, vemos que no hay traslados de inmigrantes de visado. Lo demuestra el hecho de que los trasladados sean siempre africanos procedentes de Mali, Mauritania,Togo, Costa de Marfil, Ghana, Burkina Fasso, Sierra Leona, Guinea Conakry, Liberia, Guinea Bissau o Nigeria, aunque también los ha habido de Kenia, Uganda y hasta de Yemen. Sin embargo, no se observa en esos envíos a hispanoamericanos, asiáticos o ciudadanos llegados de países del Este. Y lo demuestra también el hecho de que los centros de reclusión de extranjeros de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote hayan superado el cien por ciento de su capacidad, mientras que en el de Tenerife raramente se ocupa un tercio de sus plazas.
La política de traslados, en efecto, ha sido aceptada (a regañadientes por parte de las provincias receptoras: Málaga, Murcia, Valencia, Barcelona y Madrid) después de que la secretaria de Estado de Emigración e Inmigración, Consuelo Rumí, afirmase ya en junio de 2004 que no había vuelta de hoja y que era imprescindible repartir el peso de la presión demográfica. El avance no es tanto que se trasladen a unos diez mil inmigrantes en año y medio como haber reparado la forma vergonzosa y oscura con la que se llevaba a cabo esa práctica desde 2002, siguiendo el modelo instaurado por José Manuel Soria, cuando era alcalde de Las Palmas, que daba billete (sólo de ida) con destino a Madrid a los subsaharianos que estaban totalmente desvalidos en el Parque de Santa Catalina por ser “irrepatriables”.
Las quejas de Murcia
Así ocurrió durante dos años hasta que Murcia puso el grito en el cielo y se quejó de que le llegaban inmigrantes sin previo aviso y sin medios para asistirlos; es decir, igual de desamparados que Soria enviaba los suyos a Madrid. Pero concluido 2004, todavía no se habían articulado medidas para lograr una atención adecuada a esas personas, cuyos testimonios revelan una situación de dramática precariedad. Para alquilar un piso les exigen fianzas de hasta seis meses y están obligados a costear los gastos sanitarios de sus bolsillos y realizar jornadas laborales de diez horas por no más de 25 ó 30 euros al día, mientras carecen de garantías laborales y las oficinas de envío de dinero les cobran comisiones ilegales.
El esfuerzo del Gobierno estatal se centró desde mediados de año en reelaborar el reglamento de Extranjería, que fue aprobado el 31 de diciembre y que incluía una disposición adicional para regularizar a los trabajadores inmigrantes que pudiesen demostrar que estaban en territorio español antes de agosto. El nuevo reglamento recoge, según dijo en su presentación el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, recomendaciones de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Consejo de Estado, Consejo Económico y Social y Poder Judicial. Y permitirá tras su entrada en vigor, el 7 de mayo de 2005, que los extranjeros puedan obtener permisos de trabajo y residencia si demuestran que tienen dónde y en qué trabajar.
El texto, calificado como tibio por algunas asociaciones de inmigrantes y por organizaciones sociales, ha provocado las críticas del Partido Popular por considerar que abre demasiado la mano a los indocumentados, mientras que algunos sindicatos, como UGT, aplaude que ofrezca válvulas de escape a la inmigración irregular, al no limitar la concesión de papeles exclusivamente al contingente laboral. Sin embargo, mientras se elaboraba, se cruzaron datos del último censo con las altas en la Seguridad Social y se supo que más de un millón de extranjeros vivía en España en la ilegalidad administrativa. Comparados los datos del padrón a 1 de enero de 2004 (Instituto Nacional de Estadística), con los de residentes legales a 31 de diciembre de 2003 (Ministerio de Trabajo), resulta que en Canarias estaban empadronados 185.781 inmigrantes de los que un 38% eran irregulares. O lo que es lo mismo: a principios de año había en las Islas 70.597 extranjeros en la clandestinidad.
La espera por el SIVE
La gran mayoría llegó en avión con la intención de quedarse y se quedó. Los retornos voluntarios, en toda España, fueron 11.280 en 2004 (menos incluso que el año anterior), una cifra casi ridícula,. Y las repatriaciones (sumadas las expulsiones y las devoluciones en frontera) apenas alcanzaron las cien mil. Mientras los gobiernos regional y estatal negocian desde hace casi tres años la implantación definitiva, que nunca llega, del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) y mientras se reclama en el Senado la elaboración de un plan de inmigración específico para Canarias, que tampoco llega, se sigue a la espera de que la UE articule medidas frente a la inmigración ilegal que abarquen todo el territorio Schegen o la instauración de visados con elementos de identificación como la huella dactilar o el iris, que no serán una realidad a corto plazo.
Lo más práctico que ha hecho la UE con una incidencia directa en el Archipiélago fue la puesta en marcha del programa MEDA, dotado con unos 400 millones de euros, para que Marruecos ejerza un mayor control de sus fronteras. También se creó la figura de un juez de enlace con ese estado para mitigar las redes de tráfico de personas, pero la mayoría de los países de los que huyen sus ciudadanos no cuentan con un apoyo económico ni político similar para mejorar su estructura administrativa y avanzar en bienestar social, únicos remedios a la inmigración actual. Son los casos flagrantes de Colombia, Ecuador, Argentina y Perú, de donde proceden los mayores flujos migratorios, pero también de Bulgaria, Rumanía y Polonia. Sin embargo, en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados y en la Cámara regional se habló mucho en 2004 de aumentar y mejorar los controles de entrada, pero muy poco de proyectos de desarrollo que, cuando se aplican, no dejan de ser meros parches.
