La situación de la Administración de Justicia en Canarias, entendida ésta como el conjunto de juzgados unipersonales y tribunales de órganos colegiados, puede dividirse en dos periodos bien diferenciados: antes y después de las transferencias en materia de Justicia del Gobierno central a la Comunidad Autónoma, ratificadas en Madrid en 1995.
Antes de 1995, los juzgados y tribunales canarios funcionaban con la normalidad típica de la Administración Judicial: lentitud, escasez de plantilla, legislación decimonónica e infraestructuras igualmente obsoletas. Y a estas lacras se unía la desidia de unas oficinas alejadas en miles de kilómetros del departamento competente, el Ministerio de Justicia. Con la asunción de las competencias por parte del Ejecutivo regional, si bien es cierto que la lentitud y escasez de plantilla siguen siendo los principales problemas sin resolver, no se puede obviar que la Justicia en Canarias ha experimentado lo que podríamos denominar el boom de la construcción de los palacios de justicia.
El Gobierno de Canarias ha incrementado en estos últimos años de forma progresiva el presupuesto para las infraestructuras judiciales y ha puesto en marcha la construcción -o al menos el proyecto- de los palacios de justicia de Las Palmas, Arona, Telde, La Laguna, Arrecife, el nuevo edificio de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la sede de las salas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la capital tinerfeña y los institutos de medicina legal de ambas provincias. A estas grandes obras habría que añadir la reforma y ampliación de la mayoría de las sedes de los partidos judiciales de las islas.
En cuanto al personal de los juzgados -compuesto por cerca de dos mil funcionaros que también fueron transferidos en 1995, después de la huelga de febrero del año 2000 en demanda de mejoras salariales-, trabajadores y Administración han hecho las paces tras saber los primeros que cobran por encima de la media nacional. Estos podrían ser los dos aspectos positivos de las transferencias en materia de Justicia. Los negativos siguen siendo los mismos antes y después de 1995, aspectos que, por otra parte, no son endémicos de Canarias y se repiten en todas las comunidades autónomas, tengan o no asumidas las transferencias.
Juicios rápidos y vacantes
La Administración de Justicia sigue siendo uno de los servicios públicos peor valorados por los ciudadanos debido, principalmente, a la lentitud de las resoluciones judiciales. Galicia y Canarias están a la cabeza en esa lista negra en cuanto al retraso en dictar sentencias. No obstante, la entrada en vigor en 2004 de los juicios rápidos en materia penal ha supuesto un atisbo de cambio, al menos en lo que se refiere a la jurisdicción penal. Santa Cruz de Tenerife participó en la experiencia piloto de la puesta en marcha de los juicios rápidos penales con un éxito rotundo y, quizá por ello, el partido judicial de La Laguna fue elegido el año pasado para participar en 2005 en la puesta en marcha de los juicios rápidos civiles.
Los procesos sumarios penales han permitido que se juzgue a un detenido dentro de los 23 días siguientes a la detención, siempre que se cumplan una serie de requisitos. Los juicios rápidos y las nuevas infraestructuras han sido los cambios más importantes en 2004. En cuanto a la escasez de plantilla, también el pasado año el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anunció que, por primera vez, se había logrado cubrir todas las vacantes de jueces en los juzgados de las islas. Ahora bien, las vacantes de secretarios judiciales (figura tan importante dentro de la oficina judicial como el juez, puesto que se encarga de “impulsar el procedimiento”) llegaban en 2004 al 50% de la plantilla en Canarias.
Algunas cifras
Por otra parte, el año pasado se aprobó la reforma de la oficina judicial. Este cambio legislativo implicará que los juzgados cuenten sólo con el juez y otras dos personas que le asistan. El resto de trámites de un tribunal (citaciones, exhortos, petición de escritos, etc.), los llevarán los macroservicios comunes en cada partido judicial. Por lo demás, en 2004 el Palacio de Justicia de Santa Cruz se quedó pequeño; se consiguieron 19 unidades judiciales más para las islas (incluidos los dos juzgados de violencia sobre las mujeres); se estableció un turno de oficio gratis para maltratadas y se dejó claro que la categoría de los jueces de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife debía ser la misma por aquello de la capitalidad compartida entre las dos ciudades.
También en estos dos últimos años la judicatura en Canarias perdió a buenos juristas, en el amplio sentido de la expresión, como Casimiro Álvarez, Gumersindo Trujillo, Vicente Álvarez Pedreira, Antonio Giralda o Nereo Martín. Además, en 2004, un canario era nombrado ministro de Justicia por vez primera en la figura de Juan Fernándo López Aguilar. Eso sí, la Pendencia seguía siendo la misma el año pasado que en 2003 y, como cifras de muestras, las salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia comenzaron 2004 con 10.174 asuntos pendientes y las salas de lo social con 4.189.
Los números, dato arriba dato abajo, muy bien podría servir para cualquier autonomía de España. Lo que diferencia a Canarias del resto de regiones es la situación penal juvenil que atraviesa. Por eso, parece cuando menos contradictorio que el Gobierno regional quiera elevar el techo competencial del Estatuto de Autonomía y equipararse a Cataluña cuando no ha sabido gestionar esta competencia de la reinserción del joven delincuente. Cataluña sí ha sabido hacerlo. El Ejecutivo canario tiene dos opciones: invertir dinero y esfuerzo en sacar adelante el grave problema con los jóvenes en las islas o devolver las competencias a papá Estado.
Los centros de menores
Lo que diferencia a Canarias del resto de regiones es la grave situación de la justicia penal juvenil. Va a ser imposible describir en las pocas líneas de esta sinopsis las terribles experiencias que se han vivido en los centros de menores de Tenerife y Gran Canaria tras la entrada en vigor, el 13 de enero de 2000, de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. Canarias no estaba preparada, ni lo está aún en 2005, para asumir las competencias en materia de jóvenes delincuentes. La conocida como Ley Penal del Menor elevó la edad para entrar en prisión de los 16 a los 18 años. Esto supuso que todos aquellos delincuentes menores de 18 años ya no irían a la cárcel, sino que ingresarían en unos centros cuyo objetivo primordial era la reinserción social del individuo. Pero Canarias (pese a que la Ley tuvo un año de vacatio legis y que la reforma del Código Penal de 1995 ya hablaba de ella) no fue capaz de realizar el esfuerzo necesario para aplicarla con garantías. La mayoría de los delitos que inciden directamente en el incremento de la inseguridad ciudadana (robos, hurtos, delitos contra el patrimonio, etc.) los cometen los menores de 18 años de los núcleos urbanos. Los centros de menores de Tenerife y Gran Canaria están saturados por el internamiento de estos chicos y no tienen ni medios ni personal para poder dedicarse a su reinserción social. Los centros son nuevas cárceles en las que se mezclan niños y niñas, nacionales y extranjeros. Los motines, los malos tratos y las fugas son el pan de cada día. Pero detrás de los muros de los centros de menores de Canarias han ocurrido hechos espeluznantes como la muerte de un menor calificada como suicidio o la detención de un alto directivo de un centro por malos tratos a los internos. La entrada de drogas, atar a los jóvenes a la cama y darles sedantes han sido otras prácticas habituales. A todas éstas, Canarias sólo cuenta con dos juzgados de menores, uno por provincia, y hace años que se necesitan dos más. No obstante, la entrada en vigor de estos dos nuevos juzgados se ha retrasado porque no hay centros en los que internar a los chicos y chicas que sean juzgados por estos nuevos tribunales. Todos estos gravísimos hechos, que violan la mayoría de los convenios internacionales sobre infancia y juventud ratificados por España, no parece que se vayan a solucionar en breve. El Gobierno de Canarias ha demostrado en este asunto ser también un menor de edad.
