Cualquier cambio, dicen, siempre debe ser para mejor, pero la reforma educativa del PP a través de la LOCE causó el efecto contrario, ya que no sólo logró la oposición rotunda de la comunidad educativa, sino también la de partidos políticos como el PSOE y el rechazo de comunidades autónomas, que la consideraban “una la ley segregadora”.
La reforma de la Logse, anunciada en 2002, tenía como objetivo acabar con el alto fracaso escolar en España. Entre sus medidas más polémicas se encontraba implantar una prueba general en Bachillerato, más conocida como reválida; la repetición de curso en Secundaria con más de tres asignaturas suspendidas, acabando así como la promoción automática de alumnos que defendía la Logse; la implantación de itinerarios formativos en Bachillerato; o la obligatoriedad de la enseñanza de Religión, punto que fue, quizás, el que más divergencias ocasionó entre partidarios y detractores de esta Ley. La LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación), por tanto, no sólo hizo tambalear los cimientos de la escuela pública y sacar a la calle a alumnos, padres y profesores en su contra, sino que también movió los cimientos políticos.
La LOCE, aprobada por el PP con el único apoyo de CC, fue posteriormente criticada por el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, quien arremetió contra el Ministerio de Educación (MEC) no sólo por la falta de financiación para que las regiones pudieran comenzar a implantar las nuevas medidas, sino tras un requerimiento presentado por el MEC a una Orden de la Comunidad canaria que permitía a maestros adscritos al primer ciclo de ESO poder optar al concurso de méritos para la selección de directores de institutos de Secundaria. Esta situación cambió el posicionamiento de Canarias respecto a la nueva ley educativa, ya que Ruano consideró que la posición “centralista y unilateral” con la que, a su juicio, obraba el Ministerio invadía normativas cuyo desarrollo era competencia de las propias comunidades autónomas.
No obstante, mientras las diferencias políticas pesaban más que la unanimidad en pro de una enseñanza de calidad, las primeras medidas de la LOCE comenzaban su andadura en los centros, a la par que las autonomías comenzaban a diseñar los nuevos cambios que entrarían en vigor en el curso 04/05, ya que se acordó que la implantación de esta norma se realizaría, paulatinamente, hasta 2007. Pero, de nuevo, otro giro político volvió a romper los esquemas y con la llegada del PSOE al Gobierno central tras las elecciones de marzo de 2004 la situación educativa dio otro vuelco ante la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de paralizar el calendario de implantación de la LOCE, volviendo así a abrir el debate en el seno político y en la comunidad educativa, de cara a una nueva reforma de la reforma.
Una paralización legislativa que, en un principio, sólo apoyaron Canarias, Cataluña y País Vasco, mientras que las autonomías gobernadas por el PP llevaban ante los tribunales la moratoria a la Ley, sentencia que, finalmente, dio la razón al Ejecutivo estatal. Comenzó por tanto otro arduo calvario para la enseñanza en España, sobre todo para los alumnos, al tener que convivir durante este curso con medidas LOCE y Logse. Mientras, a finales de marzo de 2005, el MEC presentaba a las autonomías el anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE), batería de propuestas entre las que -bajo la idea de propugnar calidad en la enseñanza, pese a que este calificativo ha desaparecido del nombre de la futura norma- destaca la repetición de curso con más de cuatro suspensos, la desaparición de la reválida y de los itinerarios o la obligatoriedad de los centros a ofertar Religión, pero sin computar académicamente, entre otras.
Son medidas que, de nuevo, han abierto el debate político entre determinadas autonomías, como Canarias, cuyo consejero José Miguel Ruano señaló que la LOE no solucionará el fracaso en la ESO al considerar que la nueva Ley es una vuelta a la Logse. Por tanto, y en espera de que la ley sea aprobada antes de final de año, ya que las primeras medidas se empezarán a aplicar en el curso 06/07, la realidad es que los alumnos que en ese curso cumplan quince años habrán vivido ya cuatro reformas, puesto que la LOE sustituirá a la Logse, la Lopeg y la LOCE. Pero, en cambio, ningún Gobierno parece decidido a asumir la necesidad de impulsar un Pacto por la Enseñanza que evite que la educación siga sometida a tantos cambios. Mientras, la escuela clama, en un grito desesperado, que no se la use como arma arrojadiza ni como marioneta de batallas políticas.
