Dicen que cuando las guerras terminan ninguno de los bandos recuerda con exactitud sus detonantes. Es el caso del conflicto que enfrenta a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias con la Universidad de La Laguna (ULL). En un año ha habido tiempo, además, para cruzar los ternos, reinventar la norma, amenazar con humo y tomar las calles.
El pulso entre la Consejería y la Universidad es uno de los más feroces que se recuerdan y sus circunstancias harán difícil que se repita, al menos en unos términos tan complicados como los actuales. Y no me puede la inculcada búsqueda de la objetividad al decir que las causas primigenias del conflicto son repartibles, a partes iguales, al trasluz de la desidia. Por un lado, el Gobierno, experto como los malos amigos en dilatar promesas, incumplía aún con los profesores universitarios el cierre de una homologación salarial definitiva que el resto de los funcionarios docentes del Archipiélago ya disfrutaba desde el año 1991, parcheando la falta con un protocolo renovable de complementos retributivos. En el otro extremo, los profesores y los sindicatos que los representaban en la Junta de Personal Docente e Investigador jugaban a la incomunicación, presas tal vez del exceso de confianza o acaso porque ese hermetismo de que suele acusarse a la Universidad a la hora de abrirse a la sociedad se revelara ahora como mal endógeno.
Sea como fuere, el “sí” de los sindicatos presentes en la Junta (CCOO, Fete-UGT, CSI-Csif e IC) a la renovación del citado protocolo, tras la expiración del último, motivó que un nutrido conjunto de profesores se agrupase en una fuerza que terminaría revocando a estas formaciones, con las que desde aquel momento dejó de sentirse representado, y haciéndose legalmente con el estandarte sindical de los docentes laguneros: se fundaba oficialmente la Asamblea por la Homologación. El acto de apertura de curso en la ULL, acostumbrado al saboteo anual por parte de colectivos que aprovechan para equilibrar con sus realidades la solemnidad medieval del protocolo, culminaba con la salida precipitada del recinto del consejero de Educación, José Miguel Ruano, ante el clamor de cientos de profesores y alumnos, cuya batahola logró traspasar las puertas del Aula Magna de Guajara, sede principal del acto. De nada valían, esta vez, las inveteradas caras de poker de los mandatarios autonómicos.
Los acontecimientos se precipitaron. El curso 04-05 comenzó con un mes de huelga en el que las acusaciones se multiplicaron: Educación, parapetada tras la legalidad a la que se debe pero de la que también se ha valido contra situaciones justas, no quería ni oír hablar de unos profesores que, a pesar de contar con la mayoría de los pareceres, no constaban en ninguna parte como representantes legítimos de su colectivo. Los alumnos, supuesto centro de todos los intereses y víctimas principales de sus carestías políticas, se concentraron frente a la Consejería, gritando a Ruano, como Almodóvar, “Hable con ella” (con la comunidad educativa). Los rumores de la tibieza del rector, Ángel Gutiérrez, a la hora de descontar de las nóminas los días no trabajados de los huelguistas contrastaban con el clamor de la revocación sindical que pedían los asamblearios.
El paro se aprovechó por todos los frentes también en lo mediático. El Gobierno anunciaba sin sonrojos que su sistema de complementos convertía a Canarias en un paraíso salarial respecto al resto del Estado, mientras el resto de los sectores educativos, incluida la asamblea, fundaban la Plataforma por la Convergencia en Defensa de la Educación Pública Canaria, una entidad decidida a denunciar casi a diario la irreparable fractura de estas enseñanzas, pero que, por el momento, se ha asomado a la galería sólo una o dos veces más desde las peores fases de la huelga. Tan fuerte llegó a ser la presión que Ruano convocó la Mesa de Diálogo sobre Universidades, un engendro jurídico sin precedentes y amoldado a sus intereses, pero que servía para insuflar algo de aire a su discurso plano y hermético. La revocación de los sindicatos, el 13 de diciembre de 2004, apeaba a éstos del foro dejando al rector lagunero, cuya excesiva mesura a la hora de pronunciarse terminará costándole algún rédito político, solo ante el peligro.
Ahora las cartas están sobre la mesa. Todos los recursos de los sindicatos revocados han sido desestimados, incluso una supuesta convocatoria de elecciones alternativas promovida por el Csif que se desvaneció en el viento. El 5 de abril de 2005, la asamblea ganaba los comicios pero Ruano ya se había ocupado de cerrar la Mesa antes de que esto ocurriera, para evitar negociar los 6.000 euros consolidables que, según los profesores, cuesta la homologación. Incluso Manuel Lobo, rector de la Universidad de Las Palmas y descarada ave de rapiña durante todo el proceso, del que por ahora se ha llevado la mejor parte, acaba de anunciar su próxima militancia en una formación política muy fácil de imaginar.
