En abril de 1994 decidí por mi cuenta crear la primera emisora comercial que emitió sin licencia administrativa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. No fui el pirata más osado, porque en Las Palmas, sin que nadie público o privado dijera ni ‘mu’, se desarrollaba Radio Libertad. Pero fui el segundo.
Monté la antena en lo alto de un gallinero en El Rosario, primero, y luego complementé la osadía radiofónica en un terreno de los altos del Realejo, en el lugar que le dicen barranco de La Azadilla. Vino a guiñar la historia: La Azadilla había sido una antigua propiedad de mis tatarabuelos, a la sazón personas influyentes en la localidad norteña. Quizá los espíritus de mis antepasados trabajaron lo suyo por su ilusionado sucesor en aquellos instantes de zozobra radiofónica. Tras sufrir la primera y única inspección de Telecomunicaciones, Radio Burgado, que así se llamó el proyecto, comenzó a emitir boleros, antes de convertirse en una emisora polémica e influyente. O al menos eso creo. Lo conseguí con una emisora de 400 watios, que luego iba a aumentar su potencia y, según parece, su ámbito de poderío en el Archipiélago, a través de alianzas estratégicas con otras emisoras ilegales, en medio de una legislación estúpida que ni siquiera contempla la radio local en cadena y que ha sido superada por el uso social que se ha instalado en el espectro radiofónico.
Pero, en mi incesante peregrinaje por las aristas de la vaga, trasnochada y estúpida legislación, también fui testigo de la creación de la primera televisión ilegal -ellos usaban el eufemismo de alegal- del Archipiélago. Se llamó Canal 7 y nació en lo alto de un bidón de Cepsa en la montaña de Taco. Sólo un osado como Paco Padrón era capaz de utilizar semejante soporte para firmarle los cheques a Naranjo, el ángel bueno, canarión, disléxico y rico suministrador del aparataje de todos nosotros. Casi simultáneamente estaban brotando los gérmenes de la radio y de la televisión ilegales/alegales en las Islas. El Gobierno de Canarias no encontró en los códices argumentos para cerrar Radio Burgado, después del disparate y parcialidad manifiesta de las últimas concesiones, en las que había beneficiado con codicia a las cadenas nacionales; y en cuanto a Canal 7, era parida envuelta en una placenta de ausencia de legislación; es decir, sin que la Administración contara con soporte normativo para mandarla a hacer puñetas.
Esto fue el comienzo. Y luego, el caos. Los diales de la radio comenzaron a llenarse de predicadores y venezolanos; y los canales posibles de televisión fueron acaparados por un cubano listo que aún los vende al mejor postor. En medio de este panorama, y con la intención de agrupar lo inagrupable, nace Radicán, la Asociación de Radios Independientes de Canarias, y una asociación de igual rango para la televisión local, liderada por alguien que ya no tiene que ver con ella y que, por tanto, habrá desaparecido del espectro, cual fantasma de la tele. Pero nadie le hinca el diente al problema. Los gobiernos, desde Hermoso, se lavan las manos; a ningún político le interesa dejar a mil personas en la calle y tampoco enemistarse con lo que ha venido a ser una influyente red de medios audiovisuales. Telecomunicaciones impone multas millonarias, a instancias de las grandes y avariciosas cadenas nacionales, pero tampoco manifiesta demasiado interés en ejecutarlas.
La consigna es no mover demasiado los diales y canales de radio y televisión, pero la situación se empantana, se colapsa y se dilata. En realidad, la radio y la televisión ilegales/alegales en estas islas están en manos del sentido común de quienes las explotan, algunas de ellas empresas muy importantes. Pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos.
