Ciertamente, nuestra comunidad autónoma ha venido padeciendo, a lo largo de su corta pero intensa trayectoria de autogobierno, un secular atraso en materia de justicia como consecuencia de las tímidas inversiones destinadas a infraestructuras judiciales y de la escasez de medios materiales y humanos, que se han visto agravadas con el progresivo aumento de la litigiosidad, consecuencia del importante desarrollo económico experimentado en Canarias durante estos últimos años. Y todas estas carencias, unidas a un deficiente funcionamiento general de la Justicia, han contribuido a que nuestros ciudadanos llegaran a tener una percepción sumamente negativa de un servicio público tan necesario y esencial en un Estado de Derecho y en una sociedad libre y democrática como la nuestra.
Ante esta perspectiva tan desoladora, el Gobierno de Canarias surgido tras las últimas elecciones autonómicas de 2003, a través de la Consejería de Presidencia y Justicia, se marcó como objetivo prioritario la modernización de la Administración de Justicia en Canarias devolviéndole así su carácter de servicio público fundamental. Y este proceso de modernización, que arrancó desde el mismo año 2003, consolidándose en 2004 con un incremento del 33% de las partidas presupuestarias destinadas a Justicia, ha exigido y exigirá durante los próximos años un importante esfuerzo presupuestario que irá destinado, en su mayor parte, como en el pasado ejercicio de 2004, a inversiones en nuevas infraestructuras judiciales. Y a tal fin se han incrementado los presupuestos de este año 2005 en un 25%, pasando de 69 millones de euros en 2003 a más de 115 en 2005.
Además de marcar el comienzo del proceso modernizador de la Justicia, el año 2004 ha supuesto también un año de transición hacia su consolidación, a través de un intenso trabajo de planificación con el objetivo de mejorar e incrementar las infraestructuras judiciales, dotar a la Administración de Justicia de los medios materiales y humanos adecuados y poner en marcha nuevas unidades judiciales para dar respuesta al incremento de la litigiosidad y evitar así la sobrecarga de trabajo de muchos juzgados de nuestras islas.
En cuanto a las nuevas infraestructuras judiciales, el trabajo llevado a cabo durante el año 2004 nos ha permitido, por una parte, dotar las partidas económicas necesarias para el normal desarrollo de las obras de los Palacios de Justicia de Arrecife y Arona, posibilitando así su terminación y puesta en funcionamiento a mediados de 2005. Y, por otra parte, iniciar los preceptivos trámites administrativos para que también en 2005 podamos comenzar las obras del nuevo edificio judicial de La Laguna y el Palacio de Justicia y el Instituto de Medicina Legal ambos de Las Palmas de Gran Canaria, así como encargar los proyectos de los dos edificios que, en Santa Cruz de Tenerife, albergarán a la Audiencia Provincial y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
De esta manera, probablemente Canarias será en 2005 la comunidad autónoma con mayor número de edificios judiciales en fase de proyecto o de ejecución de todo el territorio nacional. Unos edificios modernos y con perspectivas de futuro, que cuentan, además, con dimensiones suficientes como para absorber el previsible incremento de la planta judicial durante los próximos veinte años. Pero la actividad de la Consejería de Presidencia y Justicia no se ha centrado únicamente en 2004 en las infraestructuras judiciales, sino que se ha extendido también a la creación y puesta en funcionamiento de cinco nuevos juzgados y a la planificación de otros 19 más en 2005, con lo que, en tan solo dos años, Canarias contará con 24 nuevas unidades judiciales, que contribuirán a paliar la saturación existente en algunos juzgados de nuestra comunidad autónoma.
Por otra parte, en materia de seguridad pública, la Consejería de Presidencia y Justicia ha apostado decididamente, en el año 2004, por la adopción de un nuevo sistema integral de seguridad adaptado a las particularidades y necesidades del Archipiélago, potenciando las herramientas para mejorar la seguridad ciudadana e incorporando al mismo la protección civil y la atención de las emergencias. Así, en 2005 llegarán al Parlamento de Canarias tres proyectos legislativos de vital importancia para la Seguridad en Canarias: los proyectos de Ley de la Policía Canaria y de Protección Civil y Atención de Emergencias, así como la modificación de la Ley de Coordinación de las Policías Locales.
En cuanto a las emergencias, dos han sido los logros más significativos del año 2004: la puesta en funcionamiento de un quinto helicóptero del Grupo de Intervención de Emergencias, con lo que, prácticamente, todas las islas cuentan con los recursos aéreos necesarios para atender con garantías y rapidez cualquier contingencia que pudiera producirse; y el diseño y la dotación económica de una profunda actualización tecnológica del 112, que convertirá en 2005 al Cecoes en referente y en uno de los centros tecnológicamente más avanzados de nuestro país.
Y aunque la brevedad exigida me obligue a dejar en el tintero muchos otros proyectos, iniciativas y actuaciones llevados a cabo en el año 2004 por la Consejería de Presidencia y Justicia que me honro en dirigir, es evidente que aún queda mucho por hacer, pero también que estamos trabajando con seriedad y rigor, y ya empiezan a verse los resultados para que los canarios podamos tener esa Justicia ágil, rápida y eficaz que venimos demandando en edificios judiciales modernos y dotados de medios humanos y materiales adecuados a nuestras necesidades; y, a la vez, podamos sentirnos cada vez seguros sabiendo que las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado van a estar totalmente cubiertas, que nuestras Policías Locales contarán con efectivos perfectamente formados y equipados, que nuestros Servicios de Emergencias y de Protección Civil responderán de inmediato ante cualquier contingencia y que muy pronto la Policía Autonómica Canaria complementará la labor policial de los demás cuerpos y fuerzas de seguridad que actúan en nuestro territorio.
El año 2004 ha constituido el comienzo de un proceso imparable de modernización de la Justicia y la Seguridad en Canarias, un proceso que tendrá su continuidad en los próximos años a través de los numerosos proyectos en los que estamos trabajando y que, sin duda, contribuirá a que todos los canarios nos integremos plenamente en la sociedad del siglo XXI.
