El año 2004 dejó patente una contradicción con respecto a la presencia o no de mafias en las Islas. La consigna oficial del Gobierno del PP fue la de negar esta ‘reducción’ periodística. Mientras, se sucedían actuaciones policiales en la desarticulación de redes relacionadas con el tráfico de drogas a gran escala, asaltos especializados a polígonos industriales, tráfico de inmigrantes, prostitución y estafas en el ‘time-sharing’…
Dicen los especialistas que sentirse seguros es una cuestión muy subjetiva, que se deriva de la mayor o menor proximidad a un acto delictivo como víctimas directas, como testigos o como conocedores del mismo por testimonio de terceros. Tal es así que la impresión personal o colectiva se ve condicionada por el conocimiento o la difusión de sucesos con los que nos sentimos más o menos identificados con las víctimas. Es entonces cuando irremediablemente nos atenemos a las cifras, a unas estadísticas complejas que recogen las actuaciones policiales, por una parte, y judiciales, por otra, que por cuestiones operativas y de balance nunca coinciden. Un ejemplo de ello es que a finales de enero de 2004 la Subdelegación del Gobierno en Tenerife informó de que en 2003 se registraron en la provincia 47.837 delitos y faltas, mientras que en la memoria de la Fiscalía General del Estado figuraron un total de 93.177 en ese periodo. Esta sensible diferencia se sustancia en el número de denuncias directas interpuestas en los juzgados, tanto por particulares como por las policías locales.
El año 2004 reflejó un apreciable descenso del 8,38 por ciento en los delitos cometidos en ámbitos urbanos de la provincia tinerfeña -demarcaciones adscritas al Cuerpo Nacional de Policía (CNP)-, mientras que en las zonas rurales y espacios controlados por la Guardia Civil se registró un ligero incremento del 1,04 por ciento, con respecto al año 2003, según los datos hechos públicos por el Ministerio del Interior. El balance muestra que en las zonas urbanas se cometieron el doble de delitos y faltas que en las zonas rurales. Así, el CNP informó de que el total de delitos y faltas conocidos fue de 31.971 mientras que la Guardia Civil contabilizó 15.998. Entre los delitos que más aumentaron en la provincia tinerfeña están los malos tratos en el ámbito familiar. No sólo se denunciaron más casos; además, la entrada en vigor en 2003 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cambió la calificación de falta a delito en determinados actos que hasta ese momento sólo eran considerados como infracciones leves, así como la resolución de estos casos mediante los denominados juicios rápidos.
La tendencia en la lucha contra el tráfico de drogas a gran escala durante 2004 muestra un incremento muy considerable en los decomisos de cocaína mientras que disminuyeron los de hachís. En 2003, la Policía Nacional se incautó de 216 kilos de cocaína, frente a los casi 521 kilos que intervino en 2004. Mientras, en 2003 localizó 1.014 kilos de hachís, por 19 kilos en 2004. Las operaciones de la Guardia Civil reflejan el mismo interés de los narcotraficantes: 469 kilos de cocaína en 2003, mientras que al año siguiente la Benemérita interceptó algo más de 747 kilos. El hachís intervenido pasó de 1.065 kilos, en 2003, a 189,5 durante 2004. Otro incremento destacado es el alijos de éxtasis. En 2003 se decomisaron 851 comprimidos frente a los 14.376 requisados en 2004. Las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) se enfrentan con un grave problema: Canarias está situada en uno de los rumbos escogidos por el narcotráfico internacional para hacer llegar a Europa la droga más rentable y corruptora del actual mercado de sustancias ilegalizadas: la cocaína.
El narcotráfico, gran negocio
El negocio mueve cifras astronómicas y se presta a la adulteración de la droga con aditivos, que en muchos casos, como la estricnina, son peores para la salud que el propio principio activo. De este modo, los traficantes engordan hasta diez veces el peso de la sustancia pura y venden el resultado de esa manipulación incontrolada a una media de 60 euros el gramo. El lucro es tan brutal que el escalado de corruptelas y de conductas delictivas asociadas en todos los estamentos se hace socialmente poco soportable. Por ello, los especialistas señalan que las operaciones contra el narcotráfico sólo se cierran por fases, ya que siempre quedan flecos que pueden llevar a descubrir hilos relacionados con otras tramas en esa gran tela de araña. Sin embargo, hay una tendencia creciente y consolidada en la jurisprudencia a no condenar penalmente los actos de cultivo ilegal, como es el caso de la marihuana, cuando el destino es el consumo propio del cultivador.
Un ejemplo sonado fue el de la detención, en enero de 2004, de nueve ingleses en el Sur de Tenerife, supuestamente relacionados con un invernadero de 2.000 metros cuadrados en el que la Policía halló lámparas, abonos y material destinado al cultivo del cannabis, aunque no encontraron ninguna planta. El juez los puso en libertad provisional al considerar el informe del fiscal en el que se señalaba que ese supuesto delito “no causa alarma social” alguna. El caso es que muchos consumidores de derivados de cannabis hacen cultivos caseros para eludir, por una parte, los ambientes donde hacen su agosto los camellos y el contrasentido, por otra, del derecho de los adultos a consumir cualquier sustancia mientras que su tenencia se considera ilegal y se castiga con multas en el mejor de los supuestos.
Menores y edad penal
La incidencia de delitos cometidos por menores de edad penal también aumentó en 2004, así como los problemas generados en el tratamiento de los mismos una vez adoptadas las medidas judiciales para su internamiento en centros de régimen cerrado de Tenerife, con motines e incidentes en casi todos ellos. El primero de los conocidos en 2004 fue la fuga de un menor interno en Valle Tabares, durante el sepelio de un familiar al que acudió autorizado por la Fiscalía de Menores, en el que parientes y amigos del joven se enfrentaron a los guardias civiles que lo custodiaban mientras el detenido huía en un vehículo, un hecho que fue publicado el 13 de enero. Después se fueron sucediendo los altercados y motines hasta que el 27 de julio se informó de la detención del subdirector del centro de Nivaria, bajo la acusación de presuntos malos tratos a los internos.
Era la culminación de un annus horribilis para la Consejería de Asuntos Sociales, que se vio obligada a proceder a la rescisión del contrato de la empresa Cicerón Siglo XXI, encargada de la gestión de los centros. A pesar de los intentos de controlar la situación, los motines continuaron intermitentemente durante todo 2004, mientras se abría el debate social sobre el modo de afrontar un problema que fue abordado mal desde el principio, al no haberse previsto los medios materiales y humanos necesarios antes de la entrada en vigor de la actual Ley del Menor. Un debate que continúa abierto.
