La agenda para 2004 del consejero Ruano contenía importantes medidas de consolidación de la LOCE en Canarias. Su equipo había impulsado el discutido apoyo en solitario de CC a la Ley de la ministra Del Castillo. Sin embargo, el 14-M modificó esos planes y el relevo en el palacio de La Moncloa afectó seriamente a los planes de la Consejería.
Canarias se había anticipado al resto de España en algunas de las medidas más polémicas de la LOCE: exámenes en junio, Programas de Iniciación Profesional a edades tempranas, selección de Directores sin control democrático y pérdida de peso de las familias en las decisiones con unos Consejos Escolares devaluados. Pero el cambio de Gobierno estatal ha paralizado los planes de la Consejería hasta el punto de que su proyecto estrella para el pasado año, la “Ley de Principios Rectores del Sistema Educativo de Canarias, de Corresponsabilidad y de Compensación de las Desigualdades Socioeducativas”, ha ido demorándose en el tiempo y aún no ha entrado en el Parlamento regional. La necesidad de acomodarla al nuevo marco legislativo de la LOE socialista pueden extender este embotellamiento a 2005.
La firma del Pacto Social por la Educación en julio de 2001 es uno de los grandes activos de José Miguel Ruano. Puso fin a los años de movilizaciones laborales en que cualquier excusa (tutorías por la tarde, actividades extraescolares,…) era buena para sacar a la luz el profundo malestar de profesionales y AMPAs con el progresivo deterioro del servicio público. Sin embargo, observando las agrias manifestaciones de muchos de los interlocutores sociales hacia la Consejería de Educación y el calado de los asuntos pendientes, cabe preguntarse si sólo la estela de ese importante acuerdo explica que la enseñanza no universitaria haya transitado durante 2004 por esta suerte de extraña pax romana.
Aumentó el descontento sindical por la ruptura de facto del complejo sistema de relaciones laborales de los trabajadores interinos y sustitutos de una Consejería con tan altas tasas de precariedad en el empleo. Los intentos de mejora a través de la Oferta de Empleo Público y la creación de un Plan Especial para Claustros Inestables no mejoraron sustancialmente la calidad del empleo ni la situación que atraviesan los centros educativos de las islas menores. Por su parte, la Consejería lamenta que nadie reconozca el esfuerzo financiero que está haciendo con las medidas de atención a la diversidad. Quien sabe si encuentra, en esa ingratitud, excusa para sus recortes.
El Concierto de Infantil había sido largamente esperado por la Patronal y las AMPAs de la Enseñanza Privada Concertada. Su puesta en marcha en el 1º curso de Infantil supuso un importante alivio para las familias que optaban por la privada concertada y debían padecer una selectividad económica encubierta en el tramo de Infantil. En el debe, no se ha garantizado la transparencia y la objetividad en los criterios de admisión a unas plazas que se financian con fondos públicos.
Otra interesante iniciativa fue el intento de sacar adelante los Centros Integrados de Formación Profesional, llamados a optimizar recursos unificando la enseñanza reglada de FP con la Formación Continua y Ocupacional. Los resultados iniciales fueron limitados. También el número de alumnos y alumnas que optaron por el Grado Medio y Superior de Formación Profesional en 2004 sigue por debajo de las expectativas y de la demanda del mercado interior.
Además, 2004 supuso la finalización con moderada puntualidad de la Primera Fase del Proyecto MEDUSA, quizá la más importante iniciativa en inversión tecnológica que haya afrontado el Gobierno canario. En ese bienio se gastaron más de treinta millones de euros en la implantación de tecnologías de la información y la comunicación en los centros de Secundaria.
Aunque parece pronto para evaluar el impacto de esa enorme inversión en la mejora del rendimiento escolar de los alumnos canarios, sí es cierto que la formación del profesorado y la dotación de equipamientos informáticos a los centros educativos era una asignatura pendiente que esta Administración ha afrontado con decisión.
El Plan Sur
Debe reconocerse el esfuerzo presupuestario de un Plan Sur que ha comprometido 180 millones de euros en infraestructuras durante el cuatrienio 2002-06 para atender la presión demográfica. Aunque también se comprenda la ansiedad de quienes padecen diariamente ese déficit, preguntándose si efectivamente veremos el final del grave problema de convivencia y prestación de servicios que se vive en importantes zonas en desarrollo de nuestro archipiélago.
Además, la Consejería relanzó la iniciativa de catalogar como Centros de Atención Preferente aquellos con un déficit estructural importante, anunciando un apoyo técnico y económico extra. El gasto ha sido importante, pero habrá que esperar a la mencionada Ley de Principios Rectores para saber si el modelo de distribución presupuestaria se acercará más a un café para todos o a una auténtica redistribución compensatoria de las desigualdades.
En un annus horribilis para la Consejería en el terreno judicial, con varias sentencias en su contra que impugnaron actuaciones firmes y debilitaron las ya exiguas arcas públicas, el ICEC (Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa) presentó los datos del Estudio sobre 4º de Primaria. Sumado a los datos del informe PISA dibujan un panorama preocupante para el servicio público de Educación. En ese contexto, los mensajes equívocos y las actuaciones complacientes con la Enseñanza Privada no han sentado bien en el seno de una Enseñanza Pública con creciente sensación de incomprensión social hacia su tarea, pero que tampoco consigue asumir por entero los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad para darles cumplida respuesta.
