La Constitución cumplió treinta años en 2008. Si cada 6 de diciembre ha sido recordado con espíritu de compromiso y de renovación de los principios que la inspiraron, esta ocasión, con un sentido de perspectiva ya de tres décadas, era apta para acentuar el significado de la conmemoración. En un año plagado de acontecimientos importantes, de recesión económica, de fraudes multimillonarios, de accidentes mortales, de expectativas universales al calor de un nuevo inquilino en la Casa Blanca, de glorias deportivas y de escándalos de diversa consideración, el cumpleaños constitucional propició un breve análisis de cómo ha evolucionado la comunicación a lo largo de este período.
El derecho a la libertad de expresión es una condición para poder difundir libremente las ideas. Aunque el concepto es antiguo, fue durante la Ilustración cuando arraigó hasta extenderse en nuestra sociedad actual. Para filósofos como Rousseau, Montesquieu o Voltaire el disenso es necesario para la auténtica participación política y fomenta el avance de las artes y las ciencias. En definitiva, hace que una sociedad evolucione y se modernice. Nuestra Constitución recoge en su artículo 20 el derecho a la libertad de expresión, siendo uno de los derechos que dispone de más garantías dentro de nuestra Carta Magna, tales y como son el recurso de amparo, reserva de la ley y aplicabilidad directa, procedimientos sumarios…
Asimismo, nuestro orden constitucional recoge que este derecho sólo podrá ser suspendido si es declarado el estado de excepción conforme al artículo 55 de la Constitución. Evidentemente, establece los límites a lo que se puede expresar libremente sobre otras personas, en especial lo concerniente al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la protección de la juventud y de la infancia y, más recientemente, a la protección de los datos personales.
Un justo reconocimiento. Sin embargo, aunque no es hasta el año 1978 cuando se ratifica la Constitución, los medios españoles interpretaron un papel fundamental y determinante en el proceso democratizador de nuestro país. Es justo el reconocimiento a los profesionales que, con gran oficio e ingenio, consiguieron burlar las tijeras de la censura franquista y posteriormente demostraron su responsabilidad y mesura en el período de la Transición.
Los medios de comunicación han ejercido un protagonismo incuestionable en la agenda social y política en las últimas décadas. Haciendo honor a su condición de cuarto poder, podemos afirmar que en muchas ocasiones la agenda y el debate político transcurren antes por las redacciones que por las sedes de las instituciones. Por otro lado, se da la paradoja de que cuanto mayor es el grado de libertad de expresión y de información, se incrementa el intervencionismo de los distintos poderes bajo el argumento de dotar de seguridad y estabilidad a los intereses de los ciudadanos. A su vez, los medios de comunicación, que están integrados en grandes grupos empresariales, suelen confundir o caen en la tentación de hacerlo, la realización de su función social, no tanto a favor de los intereses de sus usuarios, como a los del grupo en el que están integrados.
Tras lo expuesto, se puede aseverar que los medios de comunicación han constituido, constituyen –y los que han dejado de hacerlo, deberían volver a constituir– un espacio público que sirva de condición para el debate democrático, estando a la altura de su responsabilidad y de las exigencias de la sociedad. Centrándonos en la perspectiva de los últimos tiempos, el mapa mediático de nuestro país nada tiene que ver con los primeros años tras la muerte de Franco. Podemos observar que desde aquella época ha habido tres etapas bien diferenciadas.
Durante la Transición y los primeros años de democracia, los medios de comunicación experimentaron un proceso de transformación profunda, sobre todo los radiofónicos y escritos, que dejaron de convertirse en órganos de propaganda del régimen para ocupar un espacio central en el debate sobre el proceso de metamorfosis política que estaba viviendo España. Hubo una eclosión de nuevas publicaciones de todas las ideologías que incrementaron la pluralidad imprescindible para que nuestra joven democracia comenzara a construirse sobre unos pilares sólidos.
Para ello, simultáneamente, los gobiernos de Felipe González trabajaron sobre la privatización de los medios propiedad del Estado y una Ley de Televisión Privada, que más adelante permitiría la concesión de licencias de televisión. Hoy parece que esa función ha sido, si no abandonada, sí dejada de lado por ciertos medios de comunicación que han optado por renunciar a la construcción de un espacio público compartido que sirva de condición y de posibilidad para el debate democrático, a cambio de ejercer una acción política directa a favor de determinados intereses políticos.
El segundo cambio sustancial que experimentó nuestro país a nivel mediático fue a principios de los noventa con la aparición de las televisiones privadas y las cadenas autonómicas que eliminaban el monopolio de TVE, aportando más pluralidad a los hogares españoles a través del medio de comunicación que llega a más ciudadanos y ejerce más poder de influencia sobre ellos. La televisión se ha convertido en el principal surtidor de contenidos a la ciudadanía, lo que ha generado, en palabras de Giovanni Sartori, “que el homo sapiens, un ser caracterizado por la reflexión, por su capacidad para generar abstracciones, se esté convirtiendo en un homo videns, una criatura que mira pero que no piensa, que ve pero que no entiende”.
Seguramente cuando Sartori escribió estas palabras era plenamente consciente de que la televisión se estaba transformando en un medio que sólo era capaz de transmitir imágenes, sin que hubiera tiempo para explicar las noticias y donde la abundancia de información no garantiza la comprensión de los fenómenos: “Se puede estar informadísimo de muchas cuestiones, y a pesar de ello no comprenderlas”.
Por último, durante los últimos años, la revolución tecnológica está cambiando la forma de interpretar los medios de comunicación. Los televisores de nuestras casas cada día captan la señal de más canales de la televisión digital terrestre, y nuestros teléfonos móviles se han convertido en aparatos multimedia desde donde podemos acceder a las distintas cadenas de televisión, emisoras de radio y periódicos. Pero esto no es más que la adecuación de los medios tradicionales a las nuevas tecnologías.
Revolución Internet. La auténtica revolución en estos medios tradicionales está siendo, sin lugar a dudas, Internet. Las televisiones y radios se han esmerado en ofrecer a los usuarios todo tipo de contenidos a través de sus páginas web. El espacio tiempo se ha transformado y podemos acceder a los contenidos de la programación o ediciones de los medios de comunicación a través de la red a cualquier hora y en cualquier lugar. Esto ha provocado que la industria respecto a los periódicos clásicos haya perdido en la última década entre 5 y 10 millones de lectores solamente en Europa.
Este cambio no sólo está modificando la forma en la que se presentan a los usuarios los medios de comunicación, sino que también está alterando los modos que los grupos mediáticos y los profesionales que trabajan en ellos deben afrontar la nueva realidad del periodismo. Hoy en día, la edición digital de un periódico o la página web de un medio constituye una enorme base de datos que nos ofrece una gran cantidad de información adicional a la que estamos accediendo a través de enlaces a temas relacionados con ella y el histórico de esta información, a las biografías de los protagonistas, a galerías fotográficas, a vídeos relacionados o gráficos multimedia.
Las informaciones ya no están aisladas como lo estaban en los medios tradicionales, sobre todo en la brevedad de la televisión; y la censura se hace cada vez más difícil debido a la invasión ciudadana de la red. Sin embargo, Internet también genera una serie de dudas, contradicciones y enigmas. El ejercicio del periodismo está basado en fundamentos deontológicos y las nuevas tecnologías están generando nuevos conflictos profesionales. Como planteamos al principio, los derechos fundamentales que limitan la libertad de expresión son el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
Una herramienta potente. Internet cuenta con una capacidad incontrolada de difusión que lo convierte en una herramienta potentísima a la hora de difundir tanto las noticias como los bulos, las adulaciones, los infundios y las injurias. Y el problema es que, como afirma Patrick Boyle, “con Internet las mentiras nunca mueren”, permanecen en archivos a la espera de ser activadas por una búsqueda, por lo que los daños de opinión nunca pueden ser reparados. Tal vez los tribunales puedan compensar –y de ningún modo de forma universal–, pero nunca reparar.
Esto en cuanto a las informaciones que son responsabilidad de la empresa editora. Pero ¿qué pasa si se trata de los apartados de comentarios de los lectores? En la mayoría de estas secciones, lo podemos comprobar en cualquiera de nuestros diarios digitales, se vierte cantidad de mentiras, acusaciones e injurias sin que se pueda ejercer ninguna acción legal que no suponga un camino muy tortuoso, ya que los autores no tienen la necesidad de identificarse.
Precisamente, éste es otro de los peligros que supone la evolución de Internet: el anonimato. La lucha contra el anonimato es uno de los valores en el ejercicio del periodismo. Ninguna opinión es admitida en una redacción si no se sabe quién la ha enviado, al igual que las cartas al director, a las que incluso se les corrigen las faltas de ortografía. El periodismo, como cualquier otra profesión, lleva aparejado unas obligaciones éticas. Periodismo es verificación, contraste de fuentes, capacidad de relacionar los antecedentes con las consecuencias, dar oportunidad de defenderse…
La cuestión es si en este caso los ciudadanos practican el periodismo, sobre todo el que se hace mediante la publicación directa, bien en medios de comunicación bien a través de páginas o plataformas web. Sin duda, estamos seguros de que este nuevo espacio para el ejercicio de la libertad de expresión a nivel global será muy beneficioso para nuestra sociedad –y para la democracia– si estas tribunas ciudadanas sirven para denunciar de forma rigurosa y contrastada las injusticias.
