Si hay algo que destacar desde el punto de vista de la Diputación del Común en Canarias es de un lado el trabajo de cohesión del equipo, y de otro, reforzar la presencia de la institución en las islas no capitalinas. Nos estamos enfrentando a varios retos: discapacidad, menores no acompañados, pobreza infantil, acceso a la educación, la sanidad, personas en peligro de exclusión social, lucha por la Igualdad etc. Pero hay una serie de circunstancias que hacen que muchos de estos factores nos lleven a establecer un lugar común donde confluyen todos estos retos, el déficit de vivienda en Canarias. Algo que no es nuevo, pero que sin duda, su impacto está afectando de forma transversal a todos los sectores del Archipiélago.
Hablar de vivienda en Canarias es hablar de derechos humanos. La Declaración Universal de 1948 reconoció la vivienda como parte esencial de una vida digna. La Constitución Española, en su artículo 47, la recogió como un derecho fundamental, proclamando que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, la realidad canaria demuestra que estamos ante un derecho incumplido, frágil y desbordado por la urgencia social. Según los últimos datos aportados por el Observatorio del Alquiler (Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Alquiler Seguro) el precio de los arrendamientos alcanzó los 1.107 euros de media en el segundo trimestre del año en Canarias, el quinto dato más alto del país. En la actualidad más de 30.000 personas se encuentran inscritas en el Registro de Demandantes de la comunidad autónoma.
La condición insular hace que Canarias no sea un territorio cualquiera. La dependencia económica del turismo, la presión demográfica y la limitada disponibilidad de suelo configuran un escenario singular. A ello se suma la paradoja de que mientras hay miles de viviendas vacías, frente a ello hay un tanto de familias que no pueden acceder a un hogar. Una contradicción que cuestiona la capacidad de las instituciones para hacer efectivo un derecho que no debería ser un privilegio, sino una garantía universal.
El sueño de tener una casa en Canarias se ha convertido en una pesadilla. En los últimos años, el precio del alquiler se ha disparado hasta situarse en niveles muy por encima de los salarios medios de los ciudadanos y ciudadanas, mientras la oferta de vivienda asequible se reduce día a día. Soy consciente como Diputada del Común de que la vivienda es mucho más que un espacio físico tal y como indicaba al principio, es la condición previa que abre las puertas a otros derechos fundamentales como la salud, la educación o el trabajo. Sin vivienda digna, hablar de igualdad de oportunidades se convierte en un discurso vacío. Por eso, desde las instituciones canarias se han aprobado planes de vivienda, se han anunciado programas de rehabilitación y se han puesto en marcha medidas para movilizar viviendas vacías. Sin embargo, los resultados están lejos de cubrir las necesidades reales. El parque público de vivienda es reducido y la gestión, en muchos casos, ineficaz.
La insuficiente vivienda pública hace que no podamos cerrar los ojos a la emergencia habitacional, a la problemática social derivada de ella que lleva a que muchos ciudadanos y ciudadanas vean afectadas sus trayectorias vitales. La vivienda digna es la base de un tejido social equilibrado de la fortaleza de nuestro pueblo para eludir la desigualdad y el debilitamiento de la democracia. Canarias necesita asumir este desafío con valentía, porque garantizar una vivienda digna no es un lujo: es cumplir con la promesa más elemental de los derechos humanos.
La solución al problema es compleja y tiene varias capas que se entrelazan, cada desahucio, cada familia que destina más del 50 % de sus ingresos al alquiler, cada joven que se ve obligado a emigrar por no poder pagar un piso, los profesionales desplazados que a veces tienen que renunciar a sus puestos de trabajo, todo abre un abismo en el compromiso constitucional. No podemos obviar que Canarias tiene una de las tasas de pobreza y exclusión social más altas de España. Convertir el derecho a la vivienda en realidad no es solo una cuestión legal, es un acto de justicia social. Hay que poner distintos mecanismos en funcionamiento para poner freno en los próximos años.
Por tanto, como Diputada del Común, me veo en la obligación más que moral de escuchar a la ciudadanía, de estar alerta y velar porque las propuestas y el rumbo de las estrategias que se diseñen desde la Administración, desde el gobierno autónomo, favorezcan al mayor numero de personas. La experiencia de otros países demuestra que sí es posible. El problema no es la falta de soluciones técnicas, sino la ausencia de decisión política para colocarlas en el centro de la agenda. No podemos hacer oídos sordos a las quejas de los ayuntamientos y cabildos que denuncian falta de recursos y coordinación, de los movimientos sociales y plataformas vecinales que exigen declarar la emergencia habitacional y adoptar medidas más drásticas, como la limitación de licencias turísticas o la cesión obligatoria de vivienda vacía.
