El debate sobre la situación económica que existe en la actualidad en el mundo occidental da paso a un discurso igual de importante, que no es otro que la valoración del presente Estado del Bienestar, uno de logros europeos más importante. Fundado en el principio de Igualdad para todas las personas, la Educación y la Sanidad son los pilares básicos del Bienestar social que garantizan unos derechos universales perseguidos durante muchas décadas y que hoy corren serios peligros.
Dicho estado, forjado en los años cuarenta tal y como lo entendemos en la actualidad, debe proveer a los habitantes de cada país de algunos servicios fundamentales como un derecho adquirido y no como algo agraciable. Así quedó reflejado en Los servicios de Interés General, presentado por la Comisión Europea en 2002 y en donde se aprecia la necesidad cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos y la preservación de los bienes públicos en el supuesto de que el mercado fallase.
De la tesis keinesiana donde priman el crecimiento económico ilimitado o una mayor justicia social (desarrollo económico más bienestar social) tenemos que cuestionar hoy la posibilidad de que si no gestionamos correctamente lo que le pedimos a ese Estado del Bienestar, podemos provocar el colapso del mismo (gripar). Partimos de la base de que no puede haber de todo para todos todo el tiempo y por lo tanto habrá que priorizar.
Una economía que ha vivido durante décadas por encima de sus posibilidades (sobre todo algunos Gobiernos), recibe ahora el resultado de sus excesos. El problema es que nos referimos a unas consecuencias que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos, sobre todo si se tiene en cuenta un tema tan cuestionado últimamente como lo es el de las pensiones (garantía de seguridad desde la cuna hasta que se muere).
Los datos que sitúan a España por debajo de muchos países europeo nos permiten apreciar como la igualdad de oportunidades por la que se ha luchado durante tantos años también está cambiando. La exclusión social aparece ahora como una de las consecuencias más serias que tiene la crisis económica de nuestro país. Habrá que luchar entonces porque este Estado del que les venimos hablando desde el principio quede garantizado en igualdad de condiciones. Hablamos de un Estado del Bienestar dirigido, en principio, a quien realmente lo necesita.
De lo que se trata es de seguir apostando por una inversión social de futuro pero trabajando siempre a través de un bienestar presente. Lo contrario sería contraproducente para el propio Estado. Hablamos de conseguir el progreso mediante un modelo sostenible, sustentado con herramientas modernas propias de una racionalidad económica tal y como dicta la situación actual con un compromiso con el medio ambiente.
El Estado del Bienestar en España presenta varios aspectos claves que le juegan un flaco favor. Por un lado nos encontramos con un Gobierno que presenta serios problemas a la hora de sostener sus cuentas públicas y su escasa eficiencia que garantice los incentivos necesarios para que el mayor número de personas trabaje. Por otro lado, nos referimos a un país que tiende hacia el envejecimiento y, por lo tanto, el equilibrio demográfico es difícil de conseguir (en diez años, uno de cada cinco españoles tendrá más de 65 años).
Uno de los pilares básicos del Bienestar es la Sanidad y España ha cumplido su objetivo de conseguir un sistema sanitario eficiente, pero también somos conscientes de que éste no puede avanzar sin más medios o sin una gestión diferente. El envejecimiento de la población, la cronificación de enfermedades, el aumento de prestaciones o del gasto farmacéutico (que crece sin parar) son algunos de los argumentos que lo hacen inviable de no corregirse la situación. Estamos por una sanidad pública universal con proyección de provisión de servicio libre con un sistema de acreditación europea…
En cuanto a la eficiencia del actual sistema sanitario, hay que decir que no es factible si no se realizan reformas estructurales. Hablamos de un cambio de modelo cuyo déficit es crónico. El problema viene, en parte, porque en España el sistema público se hace cargo de todo y esto traducido en dinero es mucho. La Sanidad (necesidad imperiosa) asimila 60.000 millones de euros al año, un 6% del PIB y un tercio de los ingresos que reciben las arcas del Estado (durante el 2009).
Dicho esto, insistimos en la necesidad de priorizar, pero sobre todo de intentar reducir un déficit (o por lo menos evitar que este aumente) que se sitúa ya en unos 12.000 millones de euros. Es prioritario que no exista el desfase actual entre ingresos y gastos. La mayoría de los expertos coinciden en la necesidad de conservar la calidad sanitaria europea y para ello es importante hacerlo con un contrato exhaustivo de las partidas presupuestarias y haciendo partícipe a la población de la necesidad de ese esfuerzo.
